La desaparición forzada de personas, fenómeno que va en aumento en Quintana Roo ante el avance del narcotráfico y la trata de personas

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Y si seguimos instalados en la frivolidad electorera y en el valemadrismo de votar basura política y hacer una opinión pública interesada sólo en el morboso anecdotario de lo inútil, bien contribuiremos a multiplicar esa cifra y muchas otras que fluyen por detrás de la conciencia colectiva y del interés de las autoridades de todos los niveles del Estado, en una realidad plagada de otras tantas patologías sociales de campeonato mundial y menos mediáticas (suicidios, ataques sexuales, violencia doméstica, promiscuidad, incesto, prostitución y explotación infantil, vicio y crimen común, por ejemplo) propias de la misma indigencia cultural, gubernamental y democrática de este lumpenizado y caótico entorno caribe mexicano.

Javier Ramírez

El pasado 29 de enero, familiares de personas desaparecidas interceptaron la camioneta en la que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Cancún, para solicitarle que ponga en marcha mecanismos que permitan acelerar los trabajos para localizar a sus seres queridos.

El mandatario federal se comprometió a informar del caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aunque los demandantes aseguran que eso no servirá, pues los casos deben llegar a la Secretaría de Gobernación que encabeza Adán López Hernández, pues la Comisión Nacional de Búsqueda es gestionada por la Subscretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

Mientras la lucha de estas personas parece haberse topado con pared, las desapariciones en Quintana Roo continúan, principalmente en la Zona Norte, donde el crimen organizado puede disponer de decenas de personas a plena luz del día, sin que las autoridades puedan impedirlo.

En 5 años, más de 2 mil desaparecidos

Una semana antes de la llegada del presidente a tierras quintanarroense, integrantes del colectivo denominado “Verdad, Memoria y Justicia”, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, para demandar seguimiento a las carpetas de investigación abiertas por la desaparición de más de 2,400 personas en la entidad durante los últimos cinco años.

El colectivo fue creado en julio del año pasado por familiares de las víctimas, a fin de poder integrarse a las labores de búsqueda realizadas por las autoridades, así como para presionar a estas para que cumplan con el reglamento de la Comisión de Búsqueda del Estado de Quintana Roo (CBPEQROO), que se creó en octubre de 2019.

El grupo, que en ese entonces estaba formado por 22 personas y que cuenta con la asesoría de un equipo forense independiente, solicitó al momento de su creación que tanto el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, como el secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, inicien la conformación del Sistema Estatal de Búsqueda y se les permita participar en él.

El vocero del movimiento, Ludovico Zamora Herrera, pidió también llevar a cabo las modificaciones al protocolo ALBA para Quintana Roo, con el fin de armonizarlo con la normatividad vigente en materia de búsqueda de personas.

Indicó que se tenía el registro, en julio pasado, de un promedio de mil 900 casos de personas desaparecidas desde el 2018, de las cuales se desconoce cuántas habían sido localizadas, vivas o muertas, precisamente por las fallas de la institución para comunicarlo.

Tras las primeras acciones del colectivo, el número de desaparecidos aumentó en casi 500 personas, por lo que se vieron en la necesidad de exigir la intervención de la Segob.

Autoridades, ineficientes

La cofundadora del colectivo, Romana Rivera, perdió a su hija, Diana García Rivera, el 22 de febrero de 2020, cuando un comando entró durante la madrugada a un bar de la Plaza Infinity de Cancún y se la llevó junto con otra persona.

Ese mismo día acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar el hecho, pero no recibió respuesta de las autoridades. Desde entonces, constantemente regresa a la dependencia para exigir cualquier información sobre algún avance en el caso, pero no solo recibe negativas sino también ha descubierto serias irregularidades, incluyendo la ‘pérdida’ de la carpeta de investigación, y amenazas por parte de personas desconocidas.

Ante la desesperación, Romana demanda a las autoridades que haya avances y se detenga la revictimización de su hija y la violencia que azota a la entidad. 

“He dado vueltas, en la Fiscalía y hasta con el presidente Andrés Manuel, para que mínimo me tengan algún avance desde la desaparición de mi hija en aquella madrugada del 22 de febrero de 2020. No sabemos nada de ella, no tenemos un lugar donde llorar, como muchos de los que están aquí hoy presentes. Exijo que comiencen con las investigaciones y nos dejen de poner trabas, pues eso sólo pone en evidencia la ineficiencia que hay con quienes imparten la justicia”, expresó Romana el 22 de febrero de 2021, tras cumplirse un año de haber iniciado la búsqueda.

Lamentablemente, así como ella, miles de personas que desconocen el paradero de sus familiares viven en la incertidumbre y en la impotencia.

Hoteles, cementerios del narco

Estosdías ha presentado en los últimos 10 años varios reportajes acerca de los problemas sociales que aquejan -principal, pero no exclusivamente- a la zona norte del Estado. Y es que debido a la llegada de miles de personas al año, atraídas por el auge de la llamada “industria sin chimeneas”, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y demás polos turísticos se han convertido en las ciudades más peligrosas de la Península de Yucatán.

Porque estas personas terminan asentándose en algunos de los “cinturones de pobreza”, donde quedan a merced de las enfermedades -físicas y mentales- y los vicios. El poco dinero que consiguen lo utilizan para comprar drogas a los narcotraficantes, quienes en los últimos dos años han aprovechado a esta “población flotante” para orillarlas a trabajar para ellos. Los que rechazan la oferta son raptados y masacrados sin misericordia alguna, y nunca más se vuelve a saber de ellos.

Algunos otros, como Eduardo “N”, de 20 años de edad, tienen suerte. En enero del año pasado estaba saliendo de trabajar en la construcción del Hotel Riu, de la zona continental de Isla Mujeres, cuando hombres armados lo interceptaron y subieron a la fuerza a un vehículo, en donde lo maniataron y golpearon hasta que finalmente lo abandonaron en una zona de maleza. 

De acuerdo con el parte médico tenía mutilados dedos de manos y pies y fuertes golpes en abdomen, columna vertebral, tórax y fémur izquierdo que evidenciaron que había sido torturado durante horas.

Eduardo “N” señaló que había llegado semanas antes proveniente de una comunidad de Tabasco para poder llevar ayuda económica a su familia, y que los delincuentes que lo torturaron lo habrían confundido con un sujeto apodado ‘Chocolate’, encargado de la obra de construcción del hotel, y quien estaría dedicado a la venta de droga en el lugar, como parte de una banda rival.

Tras un operativo, se logró la captura de un sujeto identificado como Luis Francisco “N”, quien presuntamente había participado junto con otros en el ‘levantón’ y ataque al empleado del hotel. 

Unos meses antes, en noviembre de 2020, las autoridades encontraron una fosa clandestina en las inmediaciones del hotel Planet Hollywood Cancún. Decenas de huesos y fragmentos de ropa fueron sacados del lugar durante días. Al final, se informó que fueron encontrados tres cuerpos y que uno de ellos pertenecía a William Ariel, de 20 años de edad, quien fue reconocido por su madre.

Tras conocerse la noticia, decenas de personas, la mayoría originarias de otros Estados, llegaron a Cancún para iniciar una manifestación frente al Palacio Municipal y denunciar la desaparición de sus familiares que habían estado laborando en el referido centro de hospedaje.

Sabiendo que las autoridades no habían tenido ningún avance en los casos, iniciaron una investigación por su cuenta, en la que descubrieron que una organización criminal opera en los hoteles de Cancún y la zona continental de Isla Mujeres.

Acusaron que los delincuentes amenazan a los trabajadores, principalmente albañiles, desde su primer día de trabajo, indicándoles que, compraran o vendieran droga, tenían que entregarles una cuota de 300 pesos diarios. Quienes se niegan, son asesinados.

Más de 20 hombres que trabajaban en estos hoteles han sido reportados como desaparecidos.

Y es que la zona continental de Isla Mujeres y sus alrededores está dominado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de los Pelones y el Cártel de Bonfil, según el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad de Seguridad Pública.

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