CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los municipios del país recuperen la rectoría de la cadena funeraria y la consoliden como un servicio público, que abarque desde la velación hasta la cremación, inhumación y el traslado de restos humanos.
La propuesta, promovida por la diputada Claudia Rivera Vivanco, plantea modificar el artículo 115 de la Constitución con el propósito de actualizar el concepto de panteones y frenar los costos excesivos de los servicios funerarios, que en los últimos años —aseguró— han registrado incrementos de hasta 100%, con paquetes que rebasan los 50 mil pesos.
La legisladora explicó que la iniciativa busca que los ayuntamientos garanticen espacios físicos suficientes para la inhumación, regulen de manera integral toda la cadena funeraria y establezcan tabuladores de precios justos mediante concesiones claras y transparentes, además de asegurar que los servicios se brinden en condiciones dignas y adecuadas.
Rivera Vivanco recordó que la última actualización legal en esta materia data de 1983, por lo que el marco normativo actual resulta obsoleto frente a la realidad social y económica del país. Este rezago, afirmó, ha permitido que empresas privadas operen sin una regulación efectiva y fijen tarifas elevadas.
“Hoy existe un vacío jurídico y una falta de vigilancia sanitaria. Con esta propuesta buscamos que el Estado retome la rectoría del servicio para garantizar el derecho de las familias a una despedida digna”, subrayó.
Asimismo, advirtió que la ausencia de una autoridad claramente responsable y de reglas homogéneas ha generado riesgos en materia de seguridad y salud pública, ya que más del 60% de los cementerios ubicados en zonas metropolitanas son de carácter privado y no cuentan con supervisión estricta.
La diputada alertó que esta situación abre la puerta a prácticas irregulares, como cremaciones clandestinas o el ocultamiento de cadáveres relacionados con hechos delictivos, debido a la falta de controles y rendición de cuentas, por lo que consideró urgente avanzar en esta reforma constitucional.