La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por 626 millones 457 mil pesos a 11 empresas y 14 personas físicas por coludirse en las licitaciones de instituciones públicas del sector salud.
Las prácticas desleales generaron un daño a las finanzas de ambos institutos estimado en más de mil 200 millones de pesos, resultado de los sobreprecios, para algunas pruebas este fue de hasta 58.8 por ciento, que pagaron a lo largo de diez años el IMSS y el ISSSTE, indicó la Cofece en un comunicado.
Las firmas sancionadas son Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico, así como a 14 personas físicas que participaron en representación de estas, por acordar y intercambiar información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE para contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre.
Lo anterior constituye una práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica, al ser arreglos e intercambios de información entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto y efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas.
La realización de pruebas de laboratorio clínico o de laboratorio de bancos de sangre constituyen uno de los principales insumos para la atención de los derechohabientes, pues resultan indispensables para la detección y diagnóstico de enfermedades y la atención hospitalaria.
Al servicio de laboratorio acuden los pacientes que han sido enviados por un área médica a realizarse estudios para prediagnóstico, diagnóstico o seguimiento de algún tratamiento de cualquier especialidad.
Por su parte, el servicio integral de banco de sangre es necesario para que el personal médico de las instituciones públicas de salud obtenga datos que son utilizados como insumos de diversos procedimientos médicos, tales como cirugías, tratamiento de enfermedades hematológicas, pacientes con quemaduras, entre muchos otros.
En el expediente DE-011-2016, la Comisión acreditó que los agentes económicos establecieron un pacto de no agresión para, en lugar de competir, repartirse las partidas de 7 licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE en 2008, 2010, 2011 y 2015.
Con ese objetivo, sostuvieron intensas comunicaciones mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas para convocar reuniones durante los días previos y posteriores a la presentación de sus posturas en dichos procedimientos.
La conducta ilegal eliminó la posibilidad de que los institutos de salud pudieran ocupar dichos recursos para mejoras de sus unidades médicas, en la contratación o capacitación de su personal de salud, o en la operación cotidiana de los centros de salud. Por lo tanto, los acuerdos actuaron en detrimento de la calidad de los servicios médicos a los que pudo acceder la población derechohabiente, por lo que se considera que esta colusión es una conducta grave.
Cabe señalar que la empresa Centrum Promotora Internacional, del empresario Valentín Campos, aún mantiene otros contratos vigentes con el IMSS.
Fuente: El Heraldo de México