Signos
Si bien Claudia se ha puesto del lado contrario al de Andrés Manuel en la causa contra el narcoterror y en no seguirlo favoreciendo con la negativa a cooperar con Washington y con toda suerte de objeciones al despliegue de las estrategias ‘americanas’ antinarco en México, y más bien ha aprovechado las presiones de Trump y su campaña antidrogas vinculada a sus guerras comerciales arancelarias para acometer contra los cárteles de los opioides y negocios asociados a la industria de la extorsión y el miedo, también es cierto que no ha sido enfática en la persecución de los delincuentes de la narcopolítica, cuya sociedad o complicidad con una u otras bandas criminales dominantes o enemigas convierten sus territorios en zonas de negocios, de disputas y de sangre donde los narcogobernantes son los principales ‘generadores de violencia’ y de sometimiento de las instituciones del Estado a la criminalidad.
En eso ha respetado los privilegios, hasta ahora intocables, de los ‘amigos de AMLO’, pese a todas las evidencias de suprema narcocorrupción habidas en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca,Tabasco y Quintana Roo, si bien tampoco se ha hecho nada en las gobernadas por la oposición y ensangrentadas por el crimen, como Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León, donde sus jefes políticos de ayer y hoy se mueven libres y ajenos a toda posible consignación penal de la Federación (Policías, Fiscalías y sistemas de Justicia estatales han estado siempre bajo su absoluto control).
Y, pese a todos los éxitos de Harfuch y sus iguales ‘americanos’ contra los negocios del narcotráfico en México, las operaciones complementarias del crimen organizado (extorsión, control de sectores públicos, tráfico de influencias, venta de seguridad, trata de personas, robos patrimoniales legalizados, y otros que son más rentables en el país que el narcotráfico mismo) seguirán funcionando mientras la narcopolítica siga impune.
SM