El -corrupto- negocio de la privatización del alumbrado público en Benito Juárez.

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Sipse

Los últimos alcaldes de Benito Juárez le han apostado a la privatización de los servicios públicos – desde el suministro de agua potable, recolección de basura y alumbrado-, con el argumento de que con ella se consiguen importantes ahorros de tiempo, esfuerzo y dinero, mismos que pueden ser ocupados para otros rubros, como la seguridad. Sin embargo, todas las empresas concesionarias han sido calificadas por los ciudadanos como inútiles y corruptas. Tal es el caso de Óptima Energía, propiedad del multimillonario Enrique Gómez Junco, a quien en 2017 la administración de Remberto Estrada le entregó en bandeja de plata la concesión del alumbrado público. Tres años después ninguna autoridad ha podido comprobar o informar si fueron cambiadas las más de 51 mil lámparas que fueron negociadas en ese entonces, pero aun así la hoy alcaldesa Mara Lezama solicitó que se aprobara una ampliación en el número de luminarias operadas por dicha empresa. Solamente dos regidores votaron en contra, a sabiendas de que no existe transparencia en el servicio. El resto se alineó por completo a la munícipe, quien además mintió en el número de focos que estarán bajo el mantenimiento de la referida compañía. Todo indica que los ciudadanos benitojuarenses tendrán que seguir padeciendo las consecuencias de los negocios de sus alcaldes, regidores y diputados, efectuados al amparo del poder.

Javier Ramírez

En enero de este año, la alcaldesa Mara Lezama Espinosa presentó al Cabildo de Benito Juárez una propuesta para que la empresa concesionaria del alumbrado público, Óptima Energía, instale cinco mil 214 lámparas más en Cancún, con lo que esta última operaría en total 59 mil 619, con un costo de 208 millones 32 mil 480 pesos, adicionales a los 2 mil 209 millones 893 mil 103 pesos que el Ayuntamiento eroga por el contrato firmado por su antecesor.

Sin embargo, los números no cuadran, pues si se suma el número de lámparas licitadas la primera vez por Estrada Barba y las que Lezama ha pedido ampliar, el total es de 57 mil 026, una diferencia de dos mil 593 con respecto a las que su Cabildo entregó finalmente a Óptima Energía, de las cuales hasta ahora ninguna autoridad ha dado a conocer en dónde están.

Al final, los benitojuarenses estarían pagando aproximadamente 25 mil pesos por el mantenimiento de las más de 57 mil lámparas que en realidad opera Óptima Energía, propiedad de Enrique Gómez Junco Blanq-Cazaux, misma que tiene denuncias en otros Municipios por mal servicio y actos de corrupción con las autoridades en turno.  

Amplación, pese a luminarias ‘perdidas’

El 16 de enero de este año, el Cabildo encabezado por Mara Lezama aprobó por mayoría de votos ampliar la concesión del servicio de alumbrado público con cinco mil 214 lámparas.

De acuerdo con la alcaldesa, el incremento de lámparas permitirá cubrir al ciento por ciento la modernización de 53 supermanzanas y ayudará en la implementación del sistema de videovigilancia que operará el C5.

Pero con esta ampliación también se incrementó el costo del pago por concepto de contraprestación a la empresa por un monto de 208 millones 32 mil 480 pesos adicionales a los mil 209 millones 893 mil 103 pesos aprobados por Remberto Estrada.

El regidor Miguel Ángel Centeno, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, aseguró que dicho pago extra, además de servir para las nuevas luminarias, se usará para instalar transformadores y fotoceldas, lo que significaría más ahorro. En este rubro, dijo, el año pasado el Ayuntamiento tuvo un ahorro de nueve millones de pesos, entre lo que se cobró por el DAP y lo que se pagó a Óptima Energía.

En contraste, el regidor Isaac Janix Alanis, quien junto con Niurka Sáliva votó en contra de la ampliación, señaló que los concejales desconocen si las lámparas comprometidas por Óptima Energía en 2017 fueron instaladas, pues tanto la Dirección de Obras municipal y la Comisión del mismo rubro nunca han presentado un informe al respecto.

Expuso que los regidores debieron solicitar estudios que avalen las necesidades del alumbrado público, pero que al parecer no tuvieron otra alternativa debido a que el documento se habría firmado desde la administración de Remberto Estrada, pero sólo Niurka y él votaron en contra de que se renovara.

Licitación, sin objeciones

Fue el 23 de noviembre de 2017 cuando el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad entregar la concesión por 15 años del servicio de alumbrado público a la empresa regiomontana Óptima Energía, con razón social Celsol S.A.P.I. de C.V., misma que se encargaría de reemplazar y dar mantenimiento a un total de 51 mil 812 luminarias tipo LED.

El Estudio Técnico Justificativo presentado por la Tesorería municipal en ese entonces afirmaba que, de no privatizarse el servicio, el Ayuntamiento habría tenido que destinar un presupuesto adicional para 2017 de $46.7 millones de pesos y, en los próximos 15 años, de cuatro mil 381 millones de pesos, de acuerdo con proyecciones.

Sin embargo, mediante la concesión, sólo se requeriría un presupuesto de tres mil 880.2 millones de pesos para los siguientes 15 años, “lo que resulta más favorable ya que se tendría una eficiencia presupuestaria de 501.1 millones de pesos en 15 años versus mantener nosotros el Sistema de Alumbrado Público actual”.

Esa vez, el secretario general de la Comuna, Guillermo Brahms González, aseguró que existía una deficiencia de 15-20 por ciento en el alumbrado público y que al cambiar las viejas lámparas por otras de tecnología LED disminuiría en 60 por ciento la energía consumida en la ciudad, al tiempo que la luminosidad en todas las calles se elevaría en 50 por ciento, con el consecuente beneficio para los habitantes.

Dicho estudio reconocía que con la concesión al menos 115 trabajadores serían despedidos en la Comuna y que para el pago a Óptima Energía se utilizaría el Derecho de Alumbrado Público (DAP) que se cobra a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en cada recibo (el cual el Ayuntamiento presupuestaba en 104 millones de pesos), y la proporción de la partida presupuestal del Municipio para la prestación del servicio, que en ese año ascendía a 173 millones de pesos al año.

En septiembre de 2018, unos días antes de dejar el cargo, Remberto Estrada aseguró que con la supervisión de las autoridades municipales se había llevado a cabo el cambio de más de 50 mil lámparas, mismas que quedarían como un “legado” para los ciudadanos.

En cuanto a las más de 48 mil lámparas viejas, se propuso que fueran instaladas en diversos asentamientos del Municipio, lo que fue calificado de inviable, puesto que significaría no sólo gastar recursos en la instalación sino también incrementar el consumo. Estrada Barba sugirió que fueran donadas a otros Municipios que las necesiten, pero al final nunca se supo el destino de las mismas, las cuales, hasta 2018, se mantenían guardadas en bodegas por las cuales el Municipio pagaba 150 mil pesos al mes.

Negro historial de Celsol

En el papel, la privatización del alumbrado público debería representar un ahorro para la Comuna y un mejor servicio para los ciudadanos. Sin embargo, la compañía de Gómez Junco tiene un historial de mal servicio en los Municipios donde tiene la concesión de las lámparas.

Por ejemplo, en Acapulco, Guerrero, Celsol fue demanda en 2014 por ofrecer servicios deficientes de iluminación. En ese entonces, el alcalde Luis Walton Aburto señaló que su antecesor, Manuel Añorve Baños, entregó la concesión a dicha empresa para colocar más de 44 mil lámparas, mismas que operaría durante 10 años, de 2012 a 2022.

Sin embargo, la empresa nunca informó en qué lugares había instalado las nuevas lámparas e incluso la Dirección de Alumbrado Público municipal advirtió que tendrían que erogar más de 80 millones de pesos para cambiar las luminarias de Celsol, pues eran de mala calidad.

La situación se repitió en los Municipios de Linares y Cadereyta, en Nuevo León. En esta última demarcación se inició este año un pleito legal entre el Ayuntamiento y la empresa, debido a que el primero abrió un proceso de licitación para modernizar el sistema de alumbrado público para quitarse de encima a Celsol.

En Ensenada, Baja California, el Ayuntamiento demandó en 2017 a la compañía porque luego de tres años de prestar el servicio sólo tuvo en funcionamiento el 45 por ciento de las 16 mil luminarias concesionadas. Aun así, Óptima Energía cobró completos los 57 millones de pesos que le correspondían por ese tiempo de trabajo.

El caso de corrupción más sonado de la compañía se registró en el Municipio de Cajeme, Sonora, donde en 2013 recibió la concesión del alumbrado público por parte del alcalde Gilberto Cornejo, por un monto de 264 millones de pesos por 10 años. Sin embargo, aunque el contrato indicaba que los pagos comenzarían a cubrirse una vez instaladas todas las lámparas y equipos, la Tesorería municipal entregó cheques por dos millones 200 mil pesos mensuales a la empresa, aun cuando cinco años después sólo había cambiado el 30 por ciento de las 25 mil 480 luminarias pactadas.

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