CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, intentó el jueves restar relevancia a las denuncias ciudadanas sobre una presunta red de corrupción dentro del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), aun cuando ella misma confirmó movimientos internos en el área encargada de expedir licencias de conducir.
Los cambios ocurrieron inmediatamente después de que usuarios denunciaran que personal del Imoveqroo ofrecía licencias sin examen y sin acudir al módulo, por montos de hasta 1,800 pesos. De acuerdo con testimonios y capturas de pantalla difundidas en redes sociales, esta práctica habría dejado de ser aislada para convertirse en un proceso paralelo y sistemático.
Torres Gómez reconoció que la Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones —hasta el miércoles a cargo de Violette Eljure Eljure— tuvo “ajustes administrativos”. Aunque aseguró que “no se trató de una renuncia”, sino de una “reubicación”, el momento del movimiento alimentó las sospechas de que el Gobierno busca desactivar la crisis sin profundizar en responsabilidades.
La funcionaria insistió en que los reacomodos responden únicamente a “dinámicas internas del gobierno”, pese a que las denuncias continúan en aumento.
Respecto a las acusaciones respaldadas con capturas de conversaciones donde supuestos empleados del instituto ofrecen trámites irregulares, Torres rechazó que la dependencia esté emitiendo licencias falsas. Aun así, pidió a la ciudadanía acudir a verificar sus documentos para confirmar su autenticidad, un gesto que —más que disipar dudas— revela la fragilidad de los procesos internos.
Al concluir su mensaje, exhortó a la población a evitar intermediarios y realizar los trámites únicamente en módulos oficiales. Sin embargo, su postura defensiva contrasta con la dimensión del escándalo y con la evidencia creciente de que el mercado clandestino de licencias opera abiertamente en Chetumal.
Mientras el Gobierno sostiene que “todo funciona bien”, el caso exhibe una brecha de confianza cada vez más profunda entre la ciudadanía y las instituciones, especialmente en una dependencia marcada históricamente por señalamientos de irregularidades.