La presión finalmente quebró al exdirigente nacional del PAN y excandidato a la Presidencia del país, Ricardo Anaya, quien este lunes 23 de agosto anunció su “exilio” del país para poder recabar pruebas que le permitan rebatir las acusaciones y el intento, dijo, del presidente Andrés Manuel de llevarlo a la cárcel por exponer la presunta corrupción de la administración federal. De esta manera, quien aseguró no tener miedo de las acusaciones y declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien desde hace meses colabora con las autoridades de la Fiscalía General de la República para deshilvanar la red de corrupción que tejieron funcionarios de primer nivel del sexenio peñista, prácticamente se ha echado la soga al cuello y perdido la poca credibilidad que tenía ante la también escasa cantidad de simpatizantes que le quedaban. Anaya brincó hace años varias acusaciones de enriquecimiento ilícito debido a que la Fiscalía seguía operando bajo las órdenes de Enrique Peña Nieto, quien sabía que el panista y sus lacayos eran piezas clave en varias reformas constitucionales que acabaron por afectar el futuro del país. Para la Fiscalía encabezada por Gertz Manero será una prueba de fuego llevar las investigaciones contra Ricardo Anaya a buen puerto, pues desde hace mucho no ha podido o no ha querido ejercer acción penal contra otros exfuncionarios y exsenadores involucrados en el saqueo del país, entre ellos Luis Videgaray Caso, Miguel Ángel Osorio Chong y Francisco García Cabeza de Vaca, dejando caer todo el peso de la ley sólo en la persona de Rosario Robles Berlanga.
Javier Ramírez
Luego de varias semanas manteniendo un perfil bajo, publicando sólo videos con ataques hacia la administración del presidente Andrés Manuel, el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya finalizó la tercera semana de agosto acusando al mandatario de querer meterlo a la cárcel. Y aunque dijo que esa presunta persecución no lo iba a detener, ha terminado por poner pies en polvorosa.
Y es que tras su rotundo fracaso en 2018 y alejarse durante un tiempo de los reflectores, este año decidió que repetir la estrategia de Andrés Manuel, de recorrer el país para “conocer sus problemas”, era la mejor forma de generar simpatías de cara a un posible retorno a la candidatura presidencial aliancista, aunque no consiguió más que burlas por parte de una sociedad que definitivamente no cree en sus palabras.
Es por eso que, adelantándose a un posible proceso judicial derivado de las investigaciones que la Fiscalía General de la República realiza por las denuncias de corrupción del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin en contra de varios exfuncionarios de la administración de Enrique Peña, Anaya ha iniciado una campaña de victimización que no hace más que darle la razón a sus detractores, quienes saben que es un delincuente consumado.
Anaya vs AMLO
El pasado 21 de agosto, el exlíder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, publicó una serie de ‘tuits’ en los que aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretender llevarlo a la cárcel para que no se convierta en candidato presidencial en 2024.
Aseguró que desde hace un mes las autoridades federales, por órdenes de Andrés Manuel, tienen todo listo para iniciar un proceso judicial en su contra, con base en declaraciones alteradas del, afirmó, “corrupto y mentiroso” exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y dos “testigos balines”, hechos que apuntó fueron publicados por los periodistas Raymundo Riva Palacios y Darío Celis.
“Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener”, aseveró, al tiempo que adelantó que “voy a estar fuera una temporada, espero que sea muy breve”, porque si se deja le van a quitar tanto sus derechos políticos como la posibilidad de ser candidato en tres años.
Ese mismo día, el presidente de la República le respondió también en redes sociales: “No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos (sic)”.
Unas horas después, Anaya publicó otro video para decir que “sí lo quieren fregar a la mala”. Señaló que no habían pasado ni 24 horas de que dijo que el presidente lo quiere meter a la cárcel cuando le entregaron un citatorio de la Fiscalía General de la República para que se presente a una audiencia el próximo 26 de los corrientes, audiencia que se llevaría a cabo en el Reclusorio Norte y en el que escucharía los delitos de los que está haciendo acusado.
Sin embargo, comentó que sabe que si entra al reclusorio no lo van a dejar salir. “¿Cómo voy a creer en un juicio justo, cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”. Por ello, dijo, “el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando”.
Historial delictivo
Ricardo Anaya ha sido expuesto en varias ocasiones por incrementar ilegalmente su patrimonio y el de su familia política en su natal Querétaro.
En 2009, siendo secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón, conformó una fundación denominada “Por Más Humanismo A.C.” con la finalidad de favorecer a empresarios panistas locales. Un año después recibió en la cuenta bancaria de dicha fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles, cantidad con la que adquirió un terreno donde construyó un edificio que en 2016 se vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex Querétaro. Desde entonces, la fundación había servido para encubrir una triangulación de recursos que dejó a la familia de Anaya millonarias ganancias.
Anaya aceptó entonces haber realizado la referida compra, pero aseguró que dejó la fundación en 2014 y desde entonces ignoraba lo que había sucedido. De esta manera, acusó al Gobierno de Enrique Peña de haber iniciado una guerra sucia en su contra, ante la desesperación de que el entonces precandidato presidencial José Antonio Meade no “levantaba” en las encuestas.
Antes de que laborara para Garrido Patrón y contrajera matrimonio con Carolina Martínez, la familia de Anaya contaba con seis inmuebles con un valor total de 21.9 millones de pesos. Pero a partir del 2003 las propiedades se multiplicaron, al comprar otras 27, incluida las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Para 2018, la familia de Anaya poseía 17 empresas con un valor de 308 millones de pesos, una suma que no cuadraba con los cargos que había ocupado anteriormente.
El caso Odebrecht
Cuando Lozoya Austin fue extraditado desde España, éste llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República: para garantizar su libertad soltó toda la información que tenía con respecto a la compra de Agro Nitrogenados y los sobornos de la empresa Odebrecht en México.
De acuerdo con información que dio a conocer, entre 2013 y 2014 Odebrecht entregó 80 millones de pesos a senadores del Partido Acción Nacional para que se aprobara la llamada Reforma Energética. Entre los beneficiados estuvieron Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón; los actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, respectivamente, y, entre varios otros, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, quien habría recibido 6.8 millones de pesos.
Anaya negó haber recibido dichos sobornos y aseguró que los señalamientos en su contra formaban parte de una estrategia para golpearlo dé cara al proceso electoral de este 2021, donde preveía una candidatura plurinominal, aunque finalmente no la consiguió.
En enero de este año, la Fiscalía anunció la judicialización de la denuncia de Lozoya Austin contra algunos exfuncionarios federales y políticos, entre ellos Ricardo Anaya, a quienes acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento Ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros.
Desde entonces, Anaya apresuró sus recorridos por el país y su campaña para exponer la supuesta corrupción del Gobierno federal, por casos como la falta de medicamentos en hospitales, el aumento del precio de las gasolinas, las muertes por el Covid-19 y, básicamente, de todo mal que esté viviendo el país.