A pesar de todas las investigaciones y evidencias que ligan a varios exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto en la llamada “Estafa Maestra”, Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es la única que hasta el momento ha sentido todo el peso de la ley. Y es que al contrario de otros personajes involucrados en el caso, como Alfredo del Mazo, exdirector del Banco Nacional de Obras (Banobras), y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la única que confrontó directamente a las actuales autoridades federales, al asegurar que no necesitaba ni perdón ni amnistía, porque no tenía nada de que avergonzarse. Sin embargo, luego de varios meses tras las rejas, y ante la noticia de que se liberarían otras órdenes de aprehensión en su contra, esa determinación ha comenzado a quebrarse. Por ello ha pedido convertirse en un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, siguiendo los pasos de Lozoya Austin, quien desde que llegó a México extraditado desde España quedó en libertad. Sus abogados advirtieron que está lista para hablar sobre los desvíos realizados por la Federación para las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que pondría en el ojo del huracán al primer secretario de Hacienda y Crédito Público de Peña, Luis Videgaray Caso, y a José Meade Kuribreña, quien fuera tanto su antecesor como su sucesor en el cargo, así como candidato presidencial priista. Pero si las investigaciones prosperan y uno de ellos o ambos son detenidos, ¿recurrirán también a la estrategia de Lozoya y Robles para tratar de salvarse? ¿Cuántos exfuncionarios más estaría dispuesta la FGR a acoger en la figura de testigo colaborador, si ninguno de ellos tiene la intención de señalar directamente al expresidente dentro de los graves casos de corrupción registrados en el país?
Javier Ramírez
El 2020 está por terminar y las investigaciones que la Fiscalía General de la República ha iniciado sobre los casos Odebrecht y la “Estafa Maestra” están muy lejos de mostrar un avance verdadero. La extradición de Emilio Lozoya Austin a México pintaba para convertirse en la pieza más importante del Gobierno mexicano en contra de la corrupción que encabezó la administración de Enrique Peña Nieto, pero éste no entregó pruebas de los presuntos sobornos que se encargó de entregar para las campañas del PRI y el soborno de senadores y diputados panistas y priistas.
Sin embargo, lo anterior permitió que obtuviera de la FGR un criterio de oportunidad que atenuó procedimientos penales en contra de su madre, su esposa y su hermana, además de que ahora está libre, aunque con un brazalete.
Moralmente quebrada, Rosario Robles busca repetir la estrategia de Emilio Lozoya para poder salir del penal de Santa Martha Acatitla, en donde está detenida desde agosto del año pasado.
Pone “dedo” a Videgaray
Para buscar la libertad de Robles Berlanga, su defensa acudió el pasado 25 de los corrientes ante la Fiscalía General de la República para entregar un escrito en el que ella solicita formalmente un criterio de oportunidad, con el cual pueda convertirse en testigo colaborador´-una figura contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales- y entregar información que ayude a esclarecer los desvíos de recursos del sexenio pasado.
Mediante su cuenta de Twitter, la extitular de la Sedesol indicó: “Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados @EpigMendieta y #SergioRamírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán”.
Sus abogados dijeron entonces que la exsecretaria daría información sobre los desvíos que se hicieron para apoyar las campañas del PRI, incluida la del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, lo que evidentemente apuntó hacia el exsecretario de Hacienda de Enrique Peña, Luis Videgaray Caso.
Videgaray, quien no había hecho ninguna declaración desde agosto pasado, cuando Emilio Lozoya lo denunció, acusó a los abogados de Rosario Robles de emplear una estrategia “errada e inmoral”, al acusarlo a él de ser el principal operador de los desvíos de la Estafa Maestra.
En una carta, dijo lamentar que Rosario, desesperada, haya optado por acusarlo para tratar de salir libre, puesto que nunca fue jefe de ella ni existió alguna relación de subordinación con sus colaboradores, ya sea en la Sedesol o en la Sedatu.
“Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirectamente, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Como servidor público siempre actúe dentro del marco legal, y las únicas pruebas que han surgido en mi contra respecto al supuesto desvío de recursos públicos son los dichos de personas que quieren aludir su responsabilidad”, aseveró.
Molestó por la presunta difamación, aseguró que protegerá su “honorabilidad” por medio de las instancias jurídicas correspondientes.
“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y límite son la verdad y la ley”, afirmó.
AMLO pide pruebas
Ante la nueva postura de Rosario Robles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el mecanismo de oportunidad para los acusados es bueno para que éstos puedan reducir sus penas, sin embargo, dijo, es imprescindible que respalden sus acusaciones con pruebas.
“Debe procurarse primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también es una injusticia y al mismo tiempo que, si se trata de bienes sustraídos de la Hacienda Pública, se recuperen, que se repare el daño, eso es muy importante”, apuntó.
Sobre las acusaciones que Robles hizo en contra de Luis Videgaray y José Antonio Meade, el mandatario comentó que corresponderá a la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, desahogar el proceso correspondiente y recuperar los recursos sustraídos de la Hacienda pública.
Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mando de Santiago Nieto Castillo, confirmó haber iniciado un rastreo de los movimientos financieros de Videgaray realizados en la última década.
De acuerdo con Nieto Castillo, la UIF trabaja en integrar información que pueda derivar en una denuncia, “o en su caso generar alguna petición o responder a alguna petición que nos reformule la Fiscalía General en este caso en particular”, añadió.
La triangulación del dinero
La “Estafa Maestra” fue denunciada en 2017 tras una investigación conjunta del portal Animal Político y la asociación civil denominada “Mexicanos contra la corrupción”, y consistió en el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que once dependencias federales y universidades públicas realizaron mediante decenas de empresas fantasmas.
Las dependencias involucradas fueron la Secretaría de Desarrollo Social, de Rosario Robles; Pemex, de Emilio Lozoya Austin; Banobras, de Alfredo del Mazo Maza; la SEP, de Emilio Chuayffet; Fovissste, de José Baeza Terrazas; Sagarpa, de Enrique Martínez y Martínez; INEA, de Alfredo Llorente Martínez; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; el Registro Agrario Nacional, de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza, y la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo.
Dichas dependencias firmaron convenios con universidades públicas, mismas que subcontrataron a 186 empresas, cobrando una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
Las dos dependencias con los mayores desvíos fueron la Sedesol, que alcanzó los 2 mil 224 millones de pesos, y Pemex con 3 mil 576 millones.
Gran parte de ese dinero, de acuerdo con lo denunciado por Lozoya Austin y Robles Berlanga, se utilizó para financiar las campañas priistas, así como para sobornar a diputados y senadores tanto del PAN como del PRI, para la aprobación de diversas iniciativas y leyes.