La decisión, en medio de las polarizaciones militantes atizadas por la pandemia hasta la paranoia, no podía ser más controversial. Sobre todo, porque el presidente López Obrador parecía un convencido inamovible en contra de algo parecido: En México, bajo ninguna circunstancia debían considerarse iniciativas de Estado que fueran o parecieran restrictivas de las libertades democráticas y tuviesen algún sesgo autoritario. Y ahora, tras negarse con pétrea obstinación a hacerlo, decide que las Fuerzas Armadas pueden cumplir de nueva cuenta funciones de seguridad pública en tanto la reciente Guardia Nacional mejora su institucionalidad y su papel contra el crimen.
Ha acusado hasta la necedad al expresidente Felipe Calderón de haber ensangrentado al país, enfrentando, en su tiempo, al ‘narco’, con la tropa. Y, por supuesto, quienes lo han juzgado a él mismo, a López Obrador, por permitirle más libertades y más terror y muerte a ese ‘narco’ manteniendo en sus cuarteles a los soldados, lo califican ahora, cuando menos, de demagogo y de incongruente.
Es claro que la pandemia está disparando en el mundo más las peores que las mejores y más ejemplares actitudes de la condición humana; tanto, como que, en México, los valores objetivos de la verdad importan menos que las versiones en torno de la misma que puedan servir de propaganda a las causas y los bandos que forman a favor o en contra del mandato presidencial.
Se dice, como un axioma, que la libertad prospera cuando los argumentos encontrados chocan en una democracia. No es así, a menos que el ejercicio crítico, en lugar de lombardas envenenadas, sea eso: un arsenal de ideas curtidas en la juiciosa relatividad de las observaciones, y libres de subjetivismos e ideologismos instrumentalizados. Porque en la guerra de intereses, como en cualquier guerra, lo sabemos de sobra, la verdad verdadera es la primera baja. Todos los eufemismos, medias verdades, y sentenciosas y selectivas parcialidades, pueden parecer certezas incontrovertibles si tienen suficiente soporte enunciativo. Pero la medida del énfasis, la intencionalidad y el sensacionalismo confrontacionista, es la misma de la derogación de su virtud intrínseca. La guerra de la propaganda no es la disyuntiva de la información y la opinión divergente, sino la disputa por las posiciones de los bandos y las bandas en conflicto, y a menudo sólo sirve como desahogo visceral de unos y otros, y no como estrategia de convencimiento de los demás.
Aquí hemos creído lo mismo que ahora: Felipe Calderón no ensangrentó a México, y la tropa nunca debió tornar a los cuarteles ni dejar de combatir al ‘narco’ después de Calderón. De modo que la rectificación lópezobradorista es conveniente para el país, es un acierto, y es un avance respecto de la estrategia de los anteriores regímenes contra el crimen organizado.
Pese a la demagogia defensora de los derechos humanos de los criminales, sólo la tropa ha logrado reducir a los más importantes grupos homicidas, los que, por lo demás, sólo temen a los militares.
La violencia se disparó en el país cuando la pluralidad partidista y la corrupción democrática lo fragmentaron en tantos bandos políticos como bandas delictivas pudieron corromperlos. La democracia y la alternancia inaugurales en el 2000, precipitaron el descontrol, el vacío de poder y la guerra de intereses de todos contra todos, incluidos los sectores de la seguridad nacional y la seguridad pública, y todas las autoridades políticas que, en todos los niveles, se alinearon con unas u otras poderosas organizaciones del hampa.
Calderón no tuvo más remedio que sacar a la tropa a combatir. Todas las Policías estaban infiltradas. Ministerios Públicos, centros penitenciarios y tribunales estaban atrapados y a merced del crimen. Y contra legiones de sicarios pertrechadas con arsenales de guerra, había que combatir con cuerpos y arsenales de guerra. La carnicería fue inevitable. Pero los que tenían que caer, cayeron. Y quien alegue que había soluciones legales y pacíficas frente al desafío inmediatista del terror, ni tiene la menor idea de las monstruosidades cometidas en las zonas bajo el dominio despiadado de los sicarios, ni sabe lo que dice.
Los problemas de Calderón fueron su corrompida fiscalía -la entonces PGR y el nido de rufianes de la Subprocuraduría contra la delincuencia organizada- y su no menos corrompida Policía Federal. No lo fueron las Fuerzas Especiales de la Armada, formadas durante su mandato y entrenadas en la Unión Americana, ni sus grupos de Inteligencia coordinados con los estadounidenses. Su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto, se acobardó ante las presiones de los charlatanes defensores de los derechos humanos, más preocupados en denunciar los presuntos excesos militares que en defender los derechos de las víctimas inocentes destruidos por el ‘narco’. Y entre su gestión y la actual, renuentes a usar a las Fuerzas Armadas en un entorno de violencia e inseguridad incontenibles, y donde sólo ellas tenían disciplina y capacidad de fuego para hacerlo, los criminales volvieron a imponer sus fueros y en el país no paró de correr la sangre.
Seamos claros y evitemos la retórica barata de los pacifistas de panfleto: la tropa tiene que combatir y exterminar a los narcoterroristas si el Estado no tiene otros recursos; y lo ha hecho cuando las instituciones judiciales y policiales han servido más a las mafias que a los ciudadanos. Con Calderón, los militares fueron progresivamente exitosos y profilácticos, al tiempo que jueces, fiscales y policías amparaban a los delincuentes más peligrosos del mundo. ¿Cuánto influyeron las exigencias de Washington en el pasado para que la tropa enfrentara el narcoterrorismo?, no se sabe a ciencia cierta; ¿cuánto influyen ahora?, tampoco.
Hoy día, si bien la Guardia Nacional puede ser la institución militarizada de mejor encaje civil y constitucional, su estructura y su funcionalidad siguen siendo muy inferiores a las exigencias que impone el hampa organizada y la inseguridad; y las Policías locales siguen con una profesionalización y una competencia del mismo modo inerciales, irrelevantes, exiguas.
Las Fuerzas Armadas constituyen la institucionalidad más eficiente, confiable y mejor calificada del país, y cuentan con mandos y efectivos con experiencia y capacidad para incorporarse con plenitud a la seguridad pública, a partir de una mejor coordinación táctica que impida errores tan catastróficos como el del ‘culiacanazo’ y la fuga vergonzosa del hijo del Chapo Guzmán en medio de un operativo castrense.
Las Fuerzas Especiales de la Marina deben, también, ponerse en movimiento, y reforzarse la coordinación de Inteligencia con Estados Unidos dentro de estrictos controles constitucionales.
La rectificación política no es censurable; lo es la reincidencia en posturas y decisiones fallidas.
También debiera enmendar, el Presidente, su perseverancia en seguir usando aeronaves comerciales y a no disponer del transporte aéreo oficial, como jefe del Estado que es y comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Sigue siendo absurdo que sus subordinados militares vuelen en aviones públicos y él lo haga en medios civiles y privados como un pasajero más. Hay formas de cambiar de parecer y de activar el mejor control de daños posible. Hay que asumir errores, o hasta justificarlos, si se puede, pero más que nada hay que tratar de erradicarlos.
Quintana Roo está siendo atacado con severidad por la pandemia y por el crimen. En la zona fronteriza con Centroamérica, hace tiempo se viene incrementando el negocio de la droga y la violencia. Ya no queda espacio en la entidad sin el activismo del ‘narco’. Se multiplican las ejecuciones y las noticias alarmantes que dan cuenta de un mayor clima de inseguridad. Aquí debía saludarse de buen modo la iniciativa presidencial del caso.
Hay sobradas evidencias de que el mandato presidencial lópezobradorista ha promovido la depuración ética y una mayor eficacia institucional en el sistema penal y en los aparatos de seguridad pública y nacional, y que puede contarse con mejores estándares de transparencia y desempeño de la Justicia. Y hay, por eso mismo, mayor certeza de que habrían de reducirse los posibles excesos militares en sus funciones policiales, y un mayor control constitucional de esa encomienda.
Pero, claro, no faltarán los argumentos oficiosos y afanosos sobre las tendencias golpistas o autoritarias en torno a la disposición presidencial, y los de la acera de enfrente que dirán que, si alguien abusó de la Fuerzas Armadas en contra del país y del Estado de Derecho, fue el expresidente idolatrado por los acusadores de ahora, y etcétera, etcétera, etcétera…
No: no es la democracia la que prospera cuando los argumentos chocan en la sordera recíproca. Más bien es la razón la que se pulveriza. Los desencuentros virtuosos -como las lúcidas convergencias- siempre son luces en la encrucijada; lo otro son histerias irreducibles de fanáticos pendencieros más bien proclives a la extinción del enemigo como tal: como enemigo. Usan la democracia como arena y ensoñación de un totalitarismo al servicio, desde luego, de su particular causa.
SM