CIUDAD DE MÉXICO.- Con la acusación de la oposición de que se busca la censura y a la vez generar propaganda a favor de la cuarta transformación, las comisiones unidas de Radio, TV y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos del Senado aprobaron -por mayoría- el dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones; se prevé se vote en Pleno el lunes próximo.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano hicieron énfasis en el artículo 109, el cual propone “que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las leyes aplicables”.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como un grave retroceso democrático la creación de la Agencia de Transformación Digital contemplada en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en comisiones del Senado. Aseguró que dicha instancia operará como un órgano de censura con poder para suspender contenidos en radio, televisión, plataformas digitales y redes sociales.
“Es un día triste, un día complicado. Es, verdaderamente, ponerle el (último) clavo al ataúd de la democracia”, expresó el también senador en conferencia de prensa junto al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve, y otros legisladores del partido.
Moreno acusó al gobierno federal de utilizar el discurso de la soberanía para silenciar voces críticas y decidir arbitrariamente qué medios y ciudadanos pueden expresarse. “Así empiezan las dictaduras”, afirmó, al denunciar que el nuevo organismo será controlado directamente por el Ejecutivo, sin mecanismos autónomos de rendición de cuentas.
De acuerdo con el líder priista, la titularidad de la Agencia de Transformación Digital será nombrada por el gobierno y sólo responderá ante la Presidencia de la República, lo que concentra el poder de decisión sobre los contenidos que pueden o no transmitirse.
“Si algo no les gusta, simplemente lo van a suspender. Crean una agencia de censura para controlar todo”, advirtió Moreno. Agregó que la regulación también alcanzará a las redes sociales, lo que, a su juicio, representa un riesgo grave para las libertades digitales.
El dirigente del PRI señaló además que la legislación propuesta vulnera disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al afectar la libre circulación de información y contenidos digitales.
“Es decir, si alguien no le gusta una crítica en redes, un portal incómodo o un canal informativo rebelde, puede desaparecerlo con un clic. Así de fácil, así de peligroso, porque viola la libertad de expresión, es la Agencia para quitarle al pueblo la libertad de expresión. Fíjense ustedes, ni (Nicolás) Maduro, ni (Daniel) Ortega, ni (Hugo) Chávez se atrevieron a tanto. Y eso es decir mucho”, consideró Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, agregó que además del 109, en la fracción del 192 se puso el “uso correcto del lenguaje” en la programación, cuando fue algo invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Y claro que les molesta lo que dice Brozo, lo que dice Chumel Torres. ¿Pues cómo no les va a molestar?, pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192”, protestó Anaya.
La priista Carolina Viggiano consideró que con esta ley no sólo viene la “censura del Bienestar” sino facultades para premiar a medios de comunicación afines.
“Bajo el concepto vago como alteración del orden, se faculta al Ejecutivo a requisar bienes y servicios de telecomunicaciones, una herramienta peligrosa en manos de autoritarios, pues pueden justificar el espionaje, censura o silenciamiento masivo”.
Sin embargo, dicho artículo ya existe en la legislación vigente.
La priista agregó el artículo 53, que permitiría otorgar concesiones sin licitación por interés público.
“¿Qué significa esto? Que podrán premiar a medios afines, castigar a los críticos y utilizar los recursos de todos para fines propagandísticos”.
También enlistó el artículo 280, el cual propone que las normas, actos u omisiones de la agencia sólo se pueden ser impugnados por amparo directo, pero “no serán objeto de suspensión”.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, abordó el impacto económico de la reforma, pues el sector de telecomunicaciones tuvo, al menos en 2024, un ascenso de 475 mil millones de pesos, que representan 1.6% del Producto Interno Bruto nacional.
La oposición recordó que la ley de 2014 generó un parlamento abierto de seis meses, y ésta pretender dar un “albazo”.
Fuente: El Financiero/El Sol de México