Por David Colmenares Páramo
A lo largo de una semana, los equipos auditores que participan en la Auditoría de Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusión en el uso de los fondos de emergencia para la pandemia de COVID-19, o auditoría TAI, se reunieron para continuar su proceso de capacitación, iniciado en junio pasado. Esta etapa es de gran relevancia, ya que asegura que los equipos auditores cuenten con los conocimientos técnicos y metodológicos necesarios, y desarrollen sus habilidades para utilizar plataformas y tecnologías digitales para facilitar su trabajo.
Esta auditoría, promovida por la Iniciativa de Desarrollo (IDI) de INTOSAI, involucra a 40 Entidades de Fiscalización Superior de todo el mundo. En el ámbito de la OLACEFS, la Auditoría Superior de la Federación lidera este proyecto como presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Fiscalización de Desastres donde también participan las EFS de Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.
Esta auditoría global se basa en las normas profesionales de INTOSAI (ISSAIs, por sus siglas en inglés) y examinará cómo los gobiernos han provisto la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en los esquemas de cumplimiento y en las operaciones realizadas con los recursos públicos destinados a hacer frente a la pandemia de COVID-19, en especial la utilización de fondos de emergencia, donaciones, paquetes de ayuda socio económica y la cadena de suministro de vacunas.
La IDI-INTOSAI ha buscado que esta auditoría, aun siendo ex post -como las nuestras -, tenga un enfoque ágil con resultados, lo que se logra utilizando técnicas y metodologías que nos permitan realizarla en un lapso breve, como las TICs; y que sea viable, es decir, debemos enfocarnos en áreas prioritarias con un alto riesgo, por ejemplo, revisar un cierto tipo de transacciones en contratación pública, o en operaciones realizadas en un lapso de tiempo determinado, como la distribución de apoyos de emergencia en un plazo breve de tiempo.
Adicionalmente, estas auditorías deben ser de gran calidad, acorde a los principios de la ISSAI 400, considerando tanto el proceso de auditoría como su producto, y tener un impacto positivo, es decir, que contribuyan al marcar la diferencia mejorando la calidad de vida de la población.
Por ello, es necesario que las entidades de fiscalización superior, como la ASF, promovamos que las recomendaciones de las auditorías TAI se tomen en cuenta y que contribuyan a crear marcos de cumplimiento más transparentes, con mejor rendición de cuentas e inclusivos para la gestión del gasto público durante una emergencia; esta contribución se logrará gracias al liderazgo de las Entidades de Fiscalización Superior, a una comunicación proactiva y continua con las entidades fiscalizadas y a difundir los resultados de la auditoría entre todos los actores interesados, como el Poder Legislativo, las propias entidades fiscalizadas, las instituciones académicas y la ciudadanía en general.
La auditoría TAI se integra, además, en el Plan de Acción Regional COVID-19 del Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres de OLACEFS, que está en proceso, por lo que sus resultados y recomendaciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar la inclusión en la utilización de fondos en situaciones de emergencia, reforzarán las recomendaciones de la Auditoría Coordinada al ODS 3 “Atendiendo la salud y el bienestar de todos” de OLACEFS, dirigida a la revisión de las políticas de salud pública en el marco de la Agenda 2030 en el contexto de la pandemia: Este marco de trabajo nos permitirá incidir en la preparación de nuestros gobiernos para enfrentar futuras amenazas de carácter sistémico, e incrementar la resiliencia de nuestras sociedades, lo cual ayudará a preservar la vida y el bienestar de millones de personas.
3 DE SEPTIEMBRE DE 2021