Emmanuel Martínez
Apenas van seis años como Municipio y los habitantes de Puerto Morelos ya tienen la deuda per cápita más alta de la entidad: 3 mil 142 pesos debe pagar cada uno para cubrir los compromisos financieros del Ayuntamiento, herencia de su primera presidenta municipal, Laura Fernández Piña.
De acuerdo con la información obtenida a través de transparencia, la exalcaldesa y hoy diputada federal contrató 62 millones de pesos durante sus dos administraciones, además de otros 26 millones que debe a proveedores, prestaciones y contratos que aún no ha cumplido.
Apenas en su primer año de gobierno, en el 2017, solicitó un préstamo por 20 millones de pesos, para supuestamente invertir en un sistema de cableado subterráneo y en equipamiento para el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
Luego, en septiembre de 2018, una vez que logró la reelección, pidió otro crédito por 19 millones de pesos, con la justificación “de cubrir la falta de liquidez de carácter temporal”.
Y el 20 de mayo del 2021 contrató otra deuda por presunta insuficiencia presupuestal, por 23 millones de pesos.
Esto a pesar de que varios regidores de su Cabildo remarcaron que el Ayuntamiento no necesitaba adquirir deudas, ya que sus ingresos eran de 458 millones de pesos, suficientes para cubrir las necesidades del Municipio.
Tan solo de impuestos recaudaban 133 millones de pesos, y por participaciones federales y estatales 162 millones de pesos, recursos más que suficientes para satisfacer las necesidades de una población de apenas 28 mil 120 habitantes.
Las deudas a corto plazo y la falta de transparencia
A esta necesidad compulsiva de Laura Fernández de adquirir deuda pública, se le suma el hecho de que también heredó compromisos financieros con proveedores, créditos a corto plazo de los que no se supo sino hasta que dejó la presidencia municipal.
A proveedores de materiales generales no les pagó 8 millones de pesos. A empresas que realizaron trabajos de construcción de obra pública, se les tiene pendiente de pagar 2.7 millones de pesos.
En cuanto a prestaciones de los trabajadores municipales, fueron 4.6 millones los que no se le pagaron a las instancias correspondientes. En sueldos que no se pagaron o que sólo se abonó una parte, se deben alrededor de 10 millones de pesos.
Esta información no se dio a conocer de manera pública, solo se accedió a ella a través de recursos de transparencia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en sus reportes que el Ayuntamiento no fue transparente en el ejercicio de aproximadamente 240 millones de pesos durante los cuatro primeros años de Laura Fernández, incluyendo el destino de los recursos solicitados a través de empréstitos, dinero que está pendiente de solventar.
Incluso el Barómetro de Información Presupuestal Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) otorga a la administración de Laura Fernández calificación reprobatoria en cuanto a la rendición de cuentas del gasto público.
Por esta falta de transparencia, se desconoce el destino de tres de cada 10 pesos que ingresaron a las arcas municipales en sus primeros seis años de Gobierno.
Portomorelenses: recién fundados, pero endeudados.
De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, los habitantes de Puerto Morelos tienen la deuda per cápita más alta de Quintana Roo.
Si bien es cierto que Benito Juárez arrastra compromisos financieros por mil 139 millones 800 mil pesos (con corte al primer trimestre del 2021), con una población de casi un millón de habitantes sería necesario que cada ciudadano pague mil 139 pesos para liquidar la deuda de su municipio.
Mientras que Othón P. Blanco, con una deuda pública de 398 millones de pesos, tiene una deuda per cápita de mil 703 pesos.
El caso de Puerto Morelos resulta interesante: para una población de apenas 28 mil habitantes, la deuda que heredó Laura Fernández fue de 88 millones de pesos; lo que significa que cada uno debe desembolsar 3 mil 142 pesos para pagar los compromisos adquiridos por su primera alcaldesa.
Y en su caso, Fernández Piña no puede acusar a anteriores administraciones del desastre financiero en el que se encuentra el Ayuntamiento.