Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los casos de corrupción en los procesos penales contra los exgobernadores emanados del PRI se volvieron cada vez más cínicos, al grado de que el entonces gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, denunció que el Gobierno de Peña Nieto trataba de absolver por todos los medios posibles a los involucrados en el desvío de 250 millones de pesos que orquestó el exgobernador César Duárte Jáquez con varios de sus excolaboradores, uno de ellos el secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue pieza clave en el esquema que utilizó dicho partido para transferir recursos públicos de aquel Estado a las campañas electorales de 2016. Si él caía, se esperaba que comenzaran a abrirse investigaciones en contra del expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; al exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, y en unas de esas hasta del mismo Peña Nieto. Eso no ocurrió y los antes mencionados continúan gozando de su libertad, a pesar de que el actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habría impunidad. Hoy César Duarte está a punto de ser extraditado a México, pero sus abogados ya trabajan para que le sean devueltas las propiedades que la Fiscalía General de esa entidad le aseguró para garantizar la reparación del daño que causó.
Javier Ramírez
El exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, preso desde 2020 en una prisión de Miami, Florida, está a punto de asestar un golpe a la justicia mexicana, luego de que un juez civil ordenó a la Fiscalía General de Chihuahua devolver al ex mandatario cerca de una decena de ranchos que le fueron confiscados, bajo el argumento de que al quitarle los bienes se violentó el debido proceso que se le sigue.
Sin embargo, la Fiscalía del Estado ya comenzó una estrategia para tratar de evitar la devolución de los ranchos al exgobernador, quien en cuestión de meses estaría siendo extraditado a México para que responda por el desvío de más de 6 mil millones de pesos durante su gestión en su natal Chihuahua.
¿Se violentó debido proceso?
El pasado 3 de diciembre, el juez Octavo Civil Érik Alberto Parada Olivas ordenó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua regresar al exgobernador César Duarte los 10 ranchos que le fueron confiscados durante la administración del mandatario Javier Corral para tramitar la extinción de dominio.
De acuerdo con el referido juez, al quitarle los bienes al exgobernador se violentó el debido proceso, porque dichas propiedades fueron adquiridas antes de que Duarte Jáquez asumiera la gubernatura de Chihuahua.
Por ello, fijó un plazo de ocho días hábiles para que se le regresen todas las propiedades valuadas en más de 500 millones de pesos, incautadas durante la operación denominada “Justicia Chihuahua”, y que son las siguientes: El Saucito, de 609 hectáreas; Mesa de las Ajuntas, de mil 095; El Taraiz, de mil 211; Rancho de En Medio, de 551; La Mesa, de 511, y Labor Muniseña, de 11, todas ellas ubicadas en el Municipio de Balleza. También está un terreno de temporal y pastal conocido como Llano Medineño, en Balleza, y El Aranjuez, de 35 hectáreas, en Parral.
Predios seguirán asegurados: FGC
Las autoridades de Chihuahua ya respondieron que no es posible regresar los inmuebles al exgobernador, debido a que estos están en un proceso legal.
Sin embargo, el abogado de Duarte Jáquez, Juan Carlos Mendoza Luján, advirtió que no cumplir con la entrega a más tardar este 15 de diciembre, la Fiscalía recibiría una multa y estaría sujeta a lo previsto por incurrir en la figura de desacato.
En este sentido, la Fiscalía General de Chihuahua respondió que como parte de una estrategia jurídica se aseguraron las 10 propiedades del exgobernador para proceder a tramitar la extinción de dominio, esto con el fin de garantizar la reparación del daño causado a las finanzas públicas del Estado, por la presunta comisión de delitos por parte del exmandatario, y aunque tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la administración de Javier Corral se desistió de la acción civil, esto no significa que los predios dejen estar asegurados y embargados por la vía penal. Es decir, que lo dictado por el juez consiste en levantar el aseguramiento otorgado únicamente por la vía civil, pues la entrega de los bienes seguirá imposibilitada al estar sujetos a procedimientos en la vía penal.
Mendoza Luján insistió que la resolución del juez civil es muy clara y no se trata de un acuerdo de voluntades, por lo que las propiedades deberán ser regresadas a su legítimo dueño, puesto que incluso algunas de ellas son herencia familiar y nada tienen que ver con su función pública.
Desvió recursos para el PRI
Duarte Jáquez continúa preso en una cárcel de la ciudad de Miami, Florida, en donde fue detenido el pasado 8 de junio de 2020 a petición del Gobierno mexicano, quien solicitó a su homólogo estadounidense su aprehensión desde el 17 de octubre de 2017, unos meses después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezada en ese entonces por Santiago Nieto Castillo, integró un expediente con suficientes pruebas que demostraban que el exgobernador desvío recursos públicos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con las investigaciones, durante su administración (2010-2016) ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda. Cada mes se expedía un cheque que era entregado al tesorero de dicho partido, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral u otra instancia local. El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendió a más de 79 millones de pesos.
Como parte de esa misma investigación, el 20 de diciembre de 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado de participar en la red que desvío 240 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para favorecer a las campañas electorales del tricolor en el 2016.
Dentro de su declaración, Alejandro confirmó que los montos desviados de la Federación fueron avalados por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
Al saber que irían por él, el entonces líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso un recurso de amparo para evitar ser detenido, y emitió un comunicado en el que rechazó haber firmado convenios con Gobiernos estatales para transferir recursos federales a las campañas de su partido.