Por David Colmenares Páramo
Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Durante esta fecha y en los días previos, instancias, tanto nacionales como internacionales, realizaron distintas actividades para difundir la importancia de combatir a la corrupción. En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación, a nivel interno, organizó los “Días de reflexión por la integridad”, lo que permitió al personal de la ASF analizar y debatir sobre múltiples aspectos de la integridad, su importancia en la fiscalización superior y su relevancia para la prevención y el combate a la corrupción. Asimismo, a nivel externo, la ASF colaboró en las actividades emprendidas por otras instancias, como el Senado de la República, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Una de estas actividades fue la Segunda Cumbre Ministerial sobre Gobernanza “Integridad Gubernamental y Confianza Ciudadana en América Latina y el Caribe” de la OCDE, celebrada del 8 al 10 de diciembre. Esta Cumbre Ministerial es un espacio, auspiciado por la OCDE, en el que los países intercambian conocimientos y experiencias para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la gobernanza, la integridad y el combate a la corrupción.
En esta segunda Cumbre se abordaron temas fundamentales para la gobernanza en esta fase de recuperación económica de la pandemia de COVID-19, entre ellos, la necesidad de establecer estrategias eficaces para fomentar la integridad y promover la confianza de la ciudadanía en esta etapa. La crisis generada por la pandemia ha afectado la confianza de la ciudadanía en las acciones gubernamentales, lo anterior amenazan la legitimidad y sostenibilidad del sistema democrático. Por ello, si deseamos aprovechar la oportunidad de la pandemia debemos generar nuevos acuerdos para lograr una recuperación sólida, incluyente, resiliente y sostenible, es indispensable restablecer la confianza ciudadana, apuntalar la integridad gubernamental y continuar con la lucha anticorrupción.
La integridad y la confianza ciudadana son elementos clave de la gobernanza moderna, la cual pone al centro de la agenda pública el interés y las necesidades de la población. El servicio público es una responsabilidad que debe cumplirse con profesionalismo y estricto apego, no solo a la normatividad, sino a los valores y principios del quehacer gubernamental, sin buscar un beneficio propio. Por ello, las instituciones públicas deben definir con precisión sus políticas de integridad y velar por su cumplimiento, que les permita detectar y prevenir posibles riesgos de corrupción.
La detección y manejo de riesgos ayuda a evitar que se produzcan acciones contrarias a la legalidad, así como posibles daños a la hacienda pública. Además, contribuye a la mejora de la gestión pública, facilitando el conocimiento a profundidad de las debilidades y áreas de oportunidad de los procesos que se llevan a cabo en una institución. En la medida en que estos conceptos formen parte del quehacer y se vean reflejados en la eficacia, eficiencia, economía, y transparencia, la sociedad reconocerá que el Estado actúa en su favor.
La confianza ciudadana no puede darse por descontada, es menester construirla y mantenerla, por lo que se requiere una actitud consecuente en la fiscalización superior, esto es ética, integridad, responsabilidad en el ejercicio de los recursos del pueblo en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes en un país federal, cuyas actuaciones y decisiones deben distinguirse por su integridad, profesionalismo, responsabilidad y transparencia.