Sí hubo negligencia en el IMSS de Chetumal, en el fallecimiento de un bebé.

A través de un comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al IMSS por el fallecimiento de un menor de edad, debido a una negligencia médica en el HGZ-1 de esta ciudad.

La CNDH afirmó que el niño de un año y tres meses de edad fue privado del derecho a la protección de la salud al más alto nivel posible, así como se omitió cumplir con el principio del interés superior a la niñez.

Dentro del comunicado DGDDH/237/2022 la Comisión emitió la recomendación al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Alejandro Robledo Aburto, por la negligencia cometida, la cual se le atribuye a, por lo menos, cuatro servidores públicos adscritos al Hospital General de Zona número 1 (HGZ-1) en Chetumal, donde un una víctima de un año y tres meses perdió la vida.

La queja fue presentada el 27 de septiembre de 2019 ante la CNDHQROO, quien la turnó al organismo nacional, en donde se señala la inconformidad contra los servidores públicos, quienes a pesar de que el menor contaba con un diagnóstico previo de hidrocefalia, no fue atendido de forma oportuna, no se hicieron análisis y tampoco se le trasladó a un hospital con médicos especialistas, lo que tuvo como consecuencia su fallecimiento.

Se evidenció que los responsables no advirtieron la sintomatología que presentaba la víctima desde, al menos, 72 horas antes de acudir al hospital, así como el estudio necesario no se realizó hasta dos días después de su ingreso, por lo que se concluye que la atención médica fue inadecuada.

Por lo que la CNDH solicitó al titular del IMSS la reparación del daño ocasionado, en donde se incluye una compensación justa a las víctimas indirectas del fallecimiento, de igual forma se deberá brindar la atención médica, psicológica y teratológica que sea requerida, de forma gratuita y accesible.

Por último, se informa al IMSS que deberá colaborar en el seguimiento y resolución del expediente con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa en la que incurrieron los servidores públicos señalados como responsables, así como colaborar con la FGR para el seguimiento de la denuncia en contra de cuatro personas que forman parte del personal médico y directivo del HGZ-1, por los probables delitos cometidos.

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