La presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, ha conseguido en sus poco menos de dos años al frente del Ayuntamiento un largo historial de denuncias de corrupción. Su victoria, al igual que la de todos quienes contendieron en 2018 por las alcaldías quintanarroenses con las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se debió al imparable arrastre político de Andrés Manuel López Obrador, pero también al patrocinio de su exjefe, Gastón Alegre López-padre el diputado federal Luis Alegre, dueño del Grupo Turquesa y muy amigo del ahora presidente desde sus tiempos perredistas-, quien vio en su locutora una oportunidad para favorecer sus particulares intereses. Desde entonces, la alcaldesa ha sido acusada en varias ocasiones de enriquecimiento ilícito, nepotismo y otorgamiento de millonarios contratos para obras y servicios. La última de esas irregularidades quedó en evidencia alhaber permitido que continuaran los trabajos de construcción del Hotel Solaris en la Zona Hotelera de Cancún, mismos que decidió suspender únicamente cuando las denuncias en su contra fueron aumentando y se descubrió que los permisos tenían más de un año vencidos. En este sentido, la munícipe siempre contó con el apoyo del secretario general del Cabildo, el perredista Jorge Aguilar Osorio, quien, con el pretexto de salvar vidas, trabajó para que se aprobaran diversas reformas que incrementaron el costo de las multas de tránsito y, con ello, el número de retenes en diversas partes de Cancún para poder obtener el mayor número de infractores posible.
MARA LEZAMA, EJEMPLO SUPERIOR DEL MORENISMO DEPLORABLE EN LOS MUNICIPIOS QUINTANARROENSES
Javier Ramírez
Los actos de corrupción en que ha incurrido la alcaldesa de Benito Juárez han sido plenamente documentados en lo que va de su administración, algunos de ellos incluso han sido interpuestos ante la Auditoría Superior de Quintana Roo, aunque hasta el momento ninguno ha tenido consecuencias legales.
Mara, al igual que varios de sus colegas, incluidas las presidentas municipales de Puerto Morelos y Solidaridad, Laura Fernández Piña y Laura Beristain Navarrete, presumen del buen estado de las finanzas de sus respectivos Municipios, así como de un inmejorable proceder de sus autoridades, pero las denuncias no dejan de aparecer.
Y así, con su historial de corrupción a cuestas y financiando sin recato su imagen mediática en uno de los Municipios más ricos pero más devastados por el precarismo y la delincuencia del ‘narco’ y del poder, Mara Lezama se estaría preparando para buscar la candidatura al Gobierno del Estado con el apoyo del Morena y de quien sigue siendo su jefe real -de Mara-,el empresario radiofónico e inmobiliario Gastón Alegre López, queasimismo prepara a su hijo Luis para sucederla en la Comunacancunensey de ese modo hacerse con los mayores poderes políticos y económicos de la entidad (lo que también ocurriría, por supuesto, si ella pudiera reelegirse en el Ayuntamiento y él ganar la gubernatura, si bien ninguno de los dos tiene experiencia política ni relevancia representativa que les dé valor electoral –porque solo fueron inventos al calor del éxito lópezobradorista y la relación particular del ahora presidente y el influyente empresario-, si bienlos mandatos municipales del Morena están entre los peores de la historia del Estado y del país –dos de ellos en las ciudades turísticas más importantes, caóticas, violentas e ingobernables-, y si tras el desgaste inevitable propinado por las crisis sanitaria y económica –más las pugnas internas que están desgajando a su partido y los pésimos resultados de muchos de sus legisladores y Gobiernos locales-, el presidente López Obrador necesita candidaturas de mayor legitimidad popular y rentabilidad electoral, y no como tantas que, cual los ejemplos quintanarroenses, llegaron a sus mandatos colgadas de la fuerza de su movimiento y no por cuenta propia).
Nepotismo y conflicto de intereses
En agosto del año pasado, el regidor José Luis Acosta Toledo, presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, denunció a Mara Lezama ante la Auditoría Superior del Estado por haber violentado la Ley Estatal de Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tras haber designado como director de Desarrollo Urbano a Heyden Cebada Ramírez, padre del síndico Heyden Cebada Rivas. Ambos habían sido acusados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito del poder.
Acosta Toledo señaló que, como director de Desarrollo Urbano, Cebada Ramírez permitió a su hijo ejecutar una obra en un edificio de la Supermanzana 27, la cual tenía tres niveles y no contaba con letrero de autorización, números de registro y licencia de construcción.
Sin embargo, Mara se lavó las manos asegurando que Cebada Ramírez fue recomendado por cuerpos colegiados, mientras que Cebada Rivas obtuvo el nombramiento como resultado de una elección constitucional. “Jamás actuamos en lo oscurito. Llevo una administración en donde pido la recomendación del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, de la Coparmex, de todos, y de verdad en todas salió Heyden Cebada. No es un temaque haya sido porque es papá [del síndico]. Y si hay que fincar una responsabilidad, se fincará”, aseguró.
Cebada Ramírez estuvo involucrado años antes en la expedición irregular de constancias de uso de suelo y licencias de construcción en proyectos como La Herradura, frente a las playas del Mirador, o el Grand Island, de Bay View Grand, durante el trienio del recientemente fallecido Francisco Alor Quezada. Asimismo, como notario público, escrituró un inmueble a nombre de una empresa inmobiliaria creada en 2016 por el esposo y el hijo de Lezama, Omar Terrazas García y Daniel Berrón Lezama, respectivamente.
Contratos millonarios
Como presidenta municipal, Mara Lezama ha concretado licitaciones millonarias bajo el agua. Una de ellas fue el servicio de fumigación de diversas oficinas municipales para la empresa Mintec Tecnología Aplicada S.A. de C.V., a la que se le pagaron 10 millones 920 mil pesos, de acuerdo con el contrato MBJ-OFM-DRM-RM-LP-012-19.
Sin embargo, una investigación arrojó que dicha compañía se dedicaba a la exportación de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, mediante la empresa asiática JiningBeautyRock ConstructionMachinery Co.Limited, con la que en 2019 concretó un negocio de 5 mil 430 dólares en Manzanillo, Colima.
Asimismo, otorgó un contrato por 8 millones 741 mil 307 pesos a la empresa Gastronómica y Bares Escénica S.A. de C.V., con sede en el Estado de Guerrero, para servir alimentos a los detenidos y al personal del Centro de Retención Municipal denominado ‘El Torito’.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el contrato MBJ-OFM-DRM-073-2019 no contó con las bases de licitación ni el procedimiento de adjudicación.
Mentiras sobre Solaris
A finales de abril pasado, medios de comunicación denunciaron la construcción de una barda perimetral en Playa Delfines, uno de los últimos espacios de esparcimiento público y que además es zona de anidación de tortugas.
Katerine Ender Córdova, apoderada legal del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, denunció que los trabajos, con los que iniciaría la construcción del Hotel Solaris, un complejo de 450 habitaciones, son ilegales debido a que la licencia de construcción, que vence el próximo 27 de septiembre, fue otorgada con base en el Programa de Desarrollo Urbano 2014-2030 “que quedó anulado de manera lisa y llana por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, por lo que debe ser retirada de inmediato”.
La presidenta municipal aclaró entonces que ni la venta del predio ni los permisos habían sido concretados por su administración, sino por la del anterior edil, el verdeecologistaRemberto Estrada.
“No fue en esta administración. No hemos dado permiso nosotros. Nosotros no tenemos nada qué ver como Gobierno ejecutivo, Gobierno municipal; nada qué ver con los juicios administrativos que se llevan en otras instancias y con otros poderes”, enfatizó, y reiteró que el proyecto cuenta con un resolutivo de aprobación al proyecto de la Manifestación de Impacto Ambiental expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sin embargo, la alcaldesa mintió, pues su Gobierno había tolerado dichos trabajos, toda vez que la licencia de construcción no tenía vigencia desde hacía 20 meses, en septiembre de 2018.
Tras darse a conocer la verdad, la alcaldesa ordenó la suspensión de los trabajos asegurando que la cancelación había sido el resultado de meses de investigación en los que se revisó la documentación y los permisos, en virtud de que se respete la legalidad vigente.
Además, reiteró que no permitirán ninguna privatización de las playas públicas en detrimento de los habitantes de Benito Juárez.
En mi humilde opinión y Quintanarroense d nacimiento..para que no sigan tanta corrupciones..en todos los ámbitos d la política, debemos hacer un frente ciudadano,del cual salga un candidato tanto para gobernación y municipio d Cancún,hacer un frente en todo Quintanarro que agarre fuerzas..ningún partido es digno d volver a ganar,, morena no debe d existir aquí, son parte del sistemas , nada más buscan beneficios propios..en estos tiempos debemos unirnos y hacer propuestas propias..!