Signos
Por Salvador Montenegro
El problema no es la institucionalidad, sino cómo ha sido fraguada:
Dirigencias con ingresos millonarios, oficinas ejecutivas con servidumbres aristocráticas, y financiamientos partidistas que producen liderazgos enriquecidos.
La verdad de la conversión de un derecho democrático en una industria electorera y utilitaria, es incontrovertible.
Porque es simple: no tiene paralelo en el mundo entero.
El desorbitado financiamiento en organismos, cúpulas e incontables burocracias federales y locales para gestionar campañas proselitistas y comicios eventuales, no ocurre sino en México; y salvo muy contadas excepciones, lo que produce son ‘representaciones populares’ fondeadas con dinero ilegal y dedicadas a seguir convirtiendo el interés público en negocio privado.
Por supuesto que quienes han creado ese sistema son las mafias que hoy lo defienden frente a toda reforma necesaria, mediante el retorcimiento ideológico y perverso de la defensa de la democracia, a través de su vasta infraestructura mediática.
Bastaría mirar el entorno universal de la vigilancia del sufragio para entender la monstruosidad del engaño.
Lo que menos se requieren son grupos de poder en instituciones electorales y partidos lucrando como magnates en un pueblo de mayorías pobres.
¿Sirven sus integrantes a la democracia social con ingresos de funcionarios del primer mundo?
¿Se requiere una maquinaria electorera más costosa que ninguna otra en el mundo para resolver la logística y los conflictos derivados de las jornadas electorales?
¿Por qué no se observa el mundo civilizado y lo que cuesta en sus naciones esa logística y la solución de esos diferendos?
Claro: porque de lo que se trata no es de la defensa de lo justo, sino de lo que conviene a los ganadores de la industria de las elecciones disfrazada cual garantía de la democracia social.
SM