CIUDAD DE MÉXICO.- La participación de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en diversas actividades civiles, entre ellas la seguridad pública, es válida, de acuerdo con el proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que será analizado a partir de este lunes en el Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los integrantes de la Corte revisarán la Acción de Inconstitucionalidad 173/2021, promovida por diputados federales del PAN, PRI, PRD y MC, integrantes de la LXV Legislatura, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de octubre de 2021.
El proyecto necesita de ocho votos para su aprobación por mayoría, para que se declare la constitucionalidad de la colaboración de elementos de la Armada comisionados a diversas dependencias.
En su proyecto, la ministra Esquivel Mossa propone que la colaboración de los marinos en actividades civiles no implica “per se que se les otorgue una presencia permanente a la primera en relación con las segundas y mucho menos que desempeñen en cualquier momento actividades de mandos civiles”.
Los diputados de oposición impugnaron el artículo 29 de la Ley de la Armada, en la que se le otorgan funciones de seguridad pública a la Unidad de Policía Naval, además de que los marinos adscritos a la Guardia Nacional quedan subordinados a esa unidad.
“El control administrativo del personal naval comisionado a la Guardia Nacional tampoco significa una superioridad de la Armada sobre esta, sino que sólo retoma el mando de funcionarios que se encuentran, orgánicamente, adscritos a dicha institución, es decir, que no forman parte del personal de la Guardia Nacional”, planteó en su proyecto la ministra Esquivel Mossa.
La ministra consideró que la participación de la Armada, como institución de la Fuerza Armada Permanente, queda regulado y justificado por el presupuesto destinado por el Gobierno Federal, para estas tareas.
La actuación de las autoridades castrenses, en materia de seguridad pública, deben obedecer a ciertas modulaciones y criterios de excepcionalidad que se encuentran perfectamente delimitados en el marco de regularidad constitucional en materia de derechos humanos”, se estableció en el proyecto que será discutido por el Pleno de la Corte.
Fuente: Excélsior