La nota rosa
Por Flor Tapia
La estructura estatal, completamente debilitada en materia de seguridad, coloca a Quintana Roo entre los Estados más peligrosos para vivir de México. Nuestro Estado se encuentra en su peor crisis de seguridad desde su fundación. Se ha contagiado del conflicto violento que infecta a casi todo el país. La tolerancia con los diversos grupos delictivos y los enormes beneficios económicos que estos les han generado a los gobiernos estatales en turno se ha salido de control, y la administración federal morenista no ha encontrado una solución. La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener una frágil paz con el narco, debilita tanto su gobierno, que repercute en los Estados, imposibilitándoles mantener el orden, y generando emergencias políticas complejas.
A propósito, recientemente el gobierno quintanarroense creó la Ley de Seguridad Ciudadana, “un conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, para lograr la paz social y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades”.
Con un presupuesto de 3 mil 105 millones de pesos, que aprobó el Congreso del Estado, alguna mejora debe verse pronto, porque esperar un año (que es lo que se calcula para comenzar a verse resultados) ni el empresariado que ya manifestó su descontento, con toda razón, y menos la ciudadanía, lo aceptarán de buen agrado.
Sería inaceptable que este gobierno morenista se manejara como lo hizo su antecesor, que desapareció más de 2 mil millones de pesos destinados al mismo rubro. La inseguridad es un negocio redondo para los gobiernos, porque a mayor inseguridad mayor presupuesto. Y la deuda de la que afanosamente se quejan algunos funcionarios del gobierno estatal, no fue heredada, ellos la pidieron.
La capacidad del Ejército mexicano y de las policías para desempeñar sus funciones es limitada, no es sólo la falta de equipamiento para establecer su autoridad y crear un orden que proporcione la anhelada seguridad a la ciudadanía. Sus actividades están estrechamente ligadas con la cohesión institucional, el alcance y compromiso del gobierno. Los documentos gubernamentales rara vez tienen que ver con la realidad que se vive a ras de la tierra, porque por lo general son ocurrencias adornadas de lenguaje administrativo, y elaborados por individuos poco preparados en la materia, y como es costumbre, atacan las consecuencias no las causas de los problemas. Prometer proyectos que en lo práctico resultan ser poco viables, tampoco soluciona nada.
Si la administración de la gobernadora Mara Lezama pretende ser exitosa en materia de seguridad, se debe recuperar el control de los territorios de las manos del crimen organizado, y brindarle a la población autoridad y la fuerza para ser protegidos. El presupuesto destinado debe verse en las calles, en la coordinación de los niveles de gobierno. Los ciudadanos pedimos alumbrado adecuado para caminar seguros en las calles, policía equipada y capacitada adecuadamente, pero sobre todo dignificada. Las debilidades de esta administración, a más de medio año de su formación, comienzan a ser significativas. La seguridad no puede ser una de ellas. Y un gobierno débil no es confiable a los ojos del ciudadano. Esto representa un gran reto para el gobierno estatal morenista. Así es. Pero sólo un irresponsable podría decir que gobernar es fácil.