CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segundo, aprobaron este martes la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, que afectará a alrededor de 50 mil trabajadores.
Mientras a las afueras de la Cámara alta protestaban trabajadores del Poder Judicial, las comisiones del Senado, presididas por los morenistas Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, modificaron el orden del día de la reunión, por lo que cancelaron la comparecencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, para centrarse sólo en la desaparición de dichos fideicomisos.
Así, Morena y sus aliados avalaron con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones en ‘fast track’ el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual pasó al pleno donde se votará este mismo martes.
Senadores de oposición repudiaron la “vendetta” del Poder Ejecutivo y de Morena contra el Poder Judicial, por lo que anticiparon que presentarán una acción de inconstitucionalidad, ya que el 60 por ciento de la base trabajadora del Poder Judicial se verán afectados.
En la sesión de comisiones, los legisladores de la oposición ganaron la votación para que el representante de los trabajadores del Poder Judicial interviniera para defender los derechos de los agremiados.
Ante ello, el secretario general del sindicato del Poder Judicial, Jesús Gilberto González, advirtió que la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, “impacta directamente a la base trabajadora”.
De acuerdo con el líder sindical, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial impactará a los más de 120 millones de habitantes del país que demandan justicia pronta, expedita e imparcial.
Incluso, puso énfasis, es necesario que el presupuesto sea lo suficiente para crear nuevas plazas y así evitar que el trabajo, que aumenta cada día más, quede en manos de menos trabajadores y, a su vez, se cumpla con el postulado de justicia pronta.
Fuente: El Financiero