Signos
La Ministra Presidenta de la Corte sacó de la nada y a última hora una propuesta de reforma judicial para intentar detener el ventarrón de tierra arrasada y de borrón y cuenta nueva de la reforma constitucional del Poder Judicial del obradorismo que, con el sustento masivo de las mayorías electoras que derivó en las mayorías calificadas del Congreso y las Legislaturas locales necesarias, podría ser promulgada antes de la conclusión del mandato presidencial actual, el que formuló la iniciativa desde que los Ministros de la mayoría se tomaron a burla la solicitud presidencial de autorreformar el Poder Judicial para quitarse los fueros de sus ganancias estrafalarias y la discrecionalidad de sus decisiones absolutas para autogobernarse y declarar inapelables sus propios fallos y disposiciones jurisdiccionales. Ahora sí: ‘Reformar desde el Poder Judicial para impedir su destrucción’, clama Norma Piña a voz en cuello desde su marcha de protesta y su manifiesto de contrarreforma para no perder del todo la guerra política y salvar algunos trastes del naufragio que se advierte de sus muy soberanos y discrecionales modos de corromper el sector esencial de la Justicia, a su cargo, donde no quedará nada de todo cuanto han sido: asalariados con ingresos y bonificaciones complementarias cuatro veces superiores a los presidenciales y contrarios a las disposiciones constitucionales, lo mismo que administradores de fideicomisos multimillonarios sin contención de poder alternativo alguno que se los impida en tanto autoridades últimas que son y han sido para determinar lo justo o lo injusto de poder hacerlo y de dictar sentencias buenas o malas en torno a justiciables dependientes y a merced de las mismas.
Y en el entretanto, en Quintana Roo se reforma la Constitución estatal, a iniciativa -inobjetable- del Ejecutivo, para que se impongan disposiciones contrarias a las que sustentan de manera convergente y esencial, como fundamentos morales y constitucionales de su movimiento de transformación nacional, los liderazgos de Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum, es decir: la reelección, como en el Tribunal de Justicia Administrativa; la prevalencia de lo mismo en el Instituto de Acceso a la Información, que es parte de ese corrupto Sistema Anticorrupción concebido en la Presidencia de Peña Nieto y tan aplaudido y defendido en su momento postrero de poder por priistas, panistas y perredistas, y cuya institucionalidad ‘autónoma’ a desaparecer ha sido uno de los propósitos obradoristas más imperiosos y a punto de conseguir; y la extensión de periodos de gestión, como el del Fiscal General del Estado, que duraría en el cargo el equivalente a dos periodos sexenales, como los del Presidente de la República o el Gobernador del Estado, y contra cuyos excesos de permanencia en el cargo han sido tan determinantes y tan enfáticos el Presidente saliente y la Presidenta entrante, cuyas posiciones ideológicas maderistas y coincidentes para el cambio en el país son las de acabar con esas tradiciones y esas prácticas reeleccionistas y longevas y favorables a la impunidad, y que ahora se postulan como novedades anticorrupción -cuando en nada se distinguen de las iniciativas pretendidas por el ahora exGobernador preso, Roberto Borge Angulo, a quien le fueron negadas- en una entidad dominada por los principales partidos presidenciales, donde tanto el Poder Judicial como el Legislativo sólo son dependencias del Ejecutivo estatal.
¡Qué país!, clamaría Virgilio Caballero…
SM