Signos por
Salvador Montenegro
Más le vale al presidente que el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin concluya con importantes personajes, que han ejercido el poder en las cúpulas del Estado, pagando por sus mayores crímenes contra la nación. Es decir: no sólo que se les enjuicie, sino que sea, además, en la dimensión de sus delitos más graves y no apenas por faltas menores. Y que la cosa no quede en sólo lo que el presidente propone como causa de fondo: que se exhiba el perfil delictivo de los acusados y se conozcan los pormenores de sus fechorías como traidores que han sido y autores de las atrocidades más grandes padecidas por el pueblo de México.
Aceptar la promoción de las culpas sin presos por delitos graves que paguen por ellas, es aceptar un propagandismo politiquero sobre una incriminación fallida, y exhibir la incompetencia de la autoridad responsable cuando se ha prometido un cambio radical en la manera de hacer las cosas y de hacer justicia. Sería, nada más ni nada menos, que el tiro presidencial por la culata.
Porque si sólo se piensa en la rentabilidad mediática, política o pedagógica-como mecanismo de regeneración moral y resurrección nacionaltras los testimoniales sobre los presuntos actos punibles y sus autores-, y si los juicios penales son, como los escépticos piensan, más rollo que película o más ruido que nueces, entonces la decepción justiciera y el fraude judicial cobrarán sus réditos en el fuero interno de muchos partidarios presidenciales, y en la propaganda y el furor triunfalista de los amigos y los partidarios de la aún impune ‘mafia del poder’, la que, a la postre, recuperaría sus fueros permisivos y se aprestaría a seguir fomentando la industria de la estafa y la corrupción.
Si los casos penales de Lozoya, derivados y similares –y otros tantos en los que se anuncian investigaciones y posibles consignaciones de la Fiscalía General de la República, como el que involucra al gobernador de Tamaulipas, por ejemplo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca- no terminan con sentencias severas y contra culpables numerosos e importantes, no sólo no habrá ejemplaridad ninguna en el combate a la corrupción, sino todo lo contrario: un fracaso más de la Justicia contra los peores enemigos del país, y una derrota definitiva contra la mayor y más democrática y popular esperanza de transformación moral e institucional de la vida pública.
Porque es sabido que las representaciones sociales y del Estado contra los grandes criminales suelen perder sus juicios -por lo menos en lo que son sus agravios mayores, de los que terminan siendo exonerados- contra las defensorías privadas de esos poderosos hampones; que la institucionalidad judicial tiene más deficiencias que virtudes -con el complemento de instituciones y autoridades policiales y ministeriales viciadas- en el ejercicio del ‘debido proceso’; que las burocracias jurídicas son mucho menos aptas y exitosas en las consignaciones, que los poderosos corporativos empresariales de abogados millonarios que las confrontan y las someten al menor indicio de irregularidad procesal; que los Juzgados son muy vulnerables al poder ‘disuasivo’ y corrosivo de dichos despachos defensores de los invencibles imputados; y que, en fin, la causa pública siempre es más frágil y vulnerable que la de quien la violenta y dispone de todos los recursos económicos y legales para defenderse, y que ahora, por eso, no sería ninguna novedad -salvo por la mejor disposición de enfrentar a los delincuentes con mayor integridad ética- que los más importantes litigios contra el desfalco y la perversión que más han dañado a México, terminaran siendo, asimismo, los más célebres fiascos de la Justicia democrática, y los más densos factores de quiebra del proyecto de reconstrucción nacional.
De modo que si la eficacia no respalda a la aptitud moral contra los malhechores, la Justicia será más un lastre que una fuerza favorable al proyecto presidencial restaurador, y más un factor de pérdida que de ganancia en los procesos políticos y electorales del futuro;si no de los inmediatos(puesto que los escándalos -que irán de la mano de las lentas etapas de los tribunales y de sus correspondientes ‘fakenews’ y nudos especulativos- estarán vigentes durante su desarrollo, este y partedel próximo año, y redundarán, por tanto, en beneficio del mandatario federal), sí de los posteriores:los de 2022 y hacia la sucesión presidencial).
Más le vale a López Obrador que la Fiscalía sea consecuente y cumplidora en los críticos asuntos penales que tiene en sus manos. De otro modo, será la cruz más pesada de cargar para la ‘4 t’, y lo que venga será el Via Crucis del presidente y de quienes confían en él para resucitar la vida nacional.
Así que mientras más espectaculary expansiva sea la farándula noticiosa del caso Lozoya y sus presuntos implicados –más los que se acumulen en la convergencia y la confusa amalgama de intereses justicieros y promocionales-, y más escuálido e insignificante sea el saldo de sentenciados y encarcelados, o apenas consignados por imputaciones menores, el fraude del combate a la corrupción en términos de resultados reales y objetivos será mayor.
Porque no se trata sólo de exhibir públicamente las pruebas de los criminales para que el pueblo se convenza de su maldad innata y para ejemplo de las generaciones futuras y legitimación de la causa contra los corruptos, se trata de que el Estado mismo y sus sistemas político y judicial demuestren sus propias capacidades de resarcimiento, de enmienda y de aptitud para el ejercicio democrático del derecho y la justicia. Si no se procesa de manera contundente a todos los culpables, el fracaso sólo será el combustible ideal para la impunidad y para el reciclaje del modelo delictivo. La experiencia de la frustración no tendrá fin. La corrupción será el círculo vicioso y de nunca acabar.
La cosa es simple. Pero nada fácil. Es nada menos que de vida o muerte para el proyecto presidencial. Y acaso de la última oportunidad para el país…
SM