Signos
Sí, el espectáculo televisivo desplegado durante la aprehensión de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez en la escena de lo que habría sido el falso secuestro de una familia y sólo para promocionar la ‘exitosa’ campaña antisecuestros y anticrimen de la Policía Federal del entonces régimen presidencial panista de Felipe Calderón, significó, en efecto, una falta grave al ‘debido proceso’ o contra los derechos primarios y esenciales que deben respetarse a todo detenido y acusado como presunto culpable de cualquier delito de orden penal al momento de su captura; un ‘debido proceso’ que, en el caso de la francesa, se agravó con omisiones como el de la falta de asistencia consular del Gobierno de su país, por no haber sido notificado, durante la presentación de la acusada y de los cargos en su contra ante el Ministerio Público del caso.
La mínima flagrancia probada del Estado contra el ‘debido proceso’ condiciona la liberación del acusado con independencia de la gravedad de los cargos de que se le acuse. Y por eso Cassez fue liberada.
¿Por qué Vallarta no? Porque el ‘debido proceso’ de Vallarta sólo fue violentado en el caso del montaje televisivo sobre la detención, junto a la francesa, tras el presunto secuestro de la familia retenida en una propiedad de Vallarta en el Estado de Morelos. Hubiera podido ser liberado si ese delito y otros contenidos en la misma causa penal se hubiesen remitido y remontado con la inmunidad del ‘debido proceso’ violentado con el montaje policiaco-televisivo. Pero no podía serlo. Porque Vallarta tenía dos acusaciones previas de delitos similares, de secuestro, y había continuado sin sentencia porque, mediante apelaciones, esperaba que la alternativa de la violación a su ‘debido proceso’ por el montaje policiaco-televisivo de su detención lo salvara, también, de los cargos de secuestro que quedaron pendientes de juicio y de sentencia mediante el auto que lo puso en libertad. Pero de los otros dos casos de tortura y de secuestro sigue impune, en el caso de ser culpable. Y la Fiscalía General de la República pudiera ordenar su reaprehensión y su enjuiciamiento. Podría hacerlo, si el caso no fuese hoy día más mediático y político, y más favorable a la propaganda condenatoria de las celebridades que obraron el circo de la violación de los derechos humanos de Vallarta durante su captura.
Por supuesto que el acto exhibicionista de la detención hace veinte años de Vallarta y de Cassez fue tan delictivo como revelador de una autoridad policial y política del país tan enana como corrupta, y que es justo que se evidencie y se propague a los cuatro vientos. Pero, ¿y los antecedentes criminales de un sujeto que hoy día es usado como víctima de esos excesos policiales, políticos y de injusticia a los que tanto sirve para acusar?
Si en lugar de defender la parte política más conveniente del caso Vallarta-Cassez, la Presidenta no defiende el cumplimiento procesal de los delitos precedentes de los que la Fiscalía General de la República no ha dejado de inculpar al primero de ellos, a Vallarta, y por los que no ha dejado de pedir cientos de años de cárcel, la Presidenta no será mejor ni más justa con las víctimas del secuestrador, si este lo fuera, que lo que fue Calderón con Israel Vallarta y con la francesa Florence Cassez.
¿Por qué no exigir que la FGR siga adelante con los casos previos que imputa al presunto secuestrador? ¿Por qué no demandar que se apele la sentencia de la liberación de Vallarta por los juicios que no corresponden a los de la violación de su ‘debido proceso’? ¿Por qué no defender primero los derechos de las posibles víctimas de un criminal acusado de serlo que la causa de la victimización del mismo sustentada en la impudicia protagónica de una autoridad que usó sus antecedentes de presunto secuestrador para exhibirse hasta el ridículo mediante el espectáculo falaz de una intrépida captura y merced a la cual, el probable torturador y secuestrador de víctimas inocentes, ahora mismo esté libre como el viento?
Porque no fue cualquiera quien declaró más de una vez que Vallarta podría ser muy bien dejado en libertad como a cualquier inocente por los abusos contra su ‘debido proceso’ cuando fue aprehendido, pero no por las otras dos carpetas de investigación ministerial que el inculpado había objetado y por cuyas apelaciones y falta de sentencias se le había mantenido preso.
Fue la Senadora y exSecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Ministra de la Suprema Corte y defensora, con el ahora Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de la República y exPresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, entonces Ministro y colega suyo en el máximo tribunal, quien lo ha sostenido -al tiempo que ha dicho desconocer, siendo Secretaria de Gobernación, el contenido de los otros dos expedientes de la Fiscalía contra Vallarta sobre torturas y secuestros-, y quien, a solicitud del Gobierno calderonista y bajo la presión del Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, votó, con Zaldívar, en el Tribunal Pleno, el proyecto de liberación de Cassez por violaciones a su ‘debido proceso’.
SM