WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump calificó este domingo a Chicago como una “zona de guerra”, en un intento por justificar el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad, una medida que ha generado fuerte rechazo de las autoridades locales y de la oposición demócrata.
El anuncio se produjo luego de que un tribunal federal impidiera el envío de tropas a Portland, Oregón, al considerar que el despliegue militar en esa ciudad era ilegal. La jueza Karin Immergut argumentó que la decisión presidencial “no se ajusta a los hechos”, y que los incidentes violentos registrados “no forman parte de un intento organizado por derrocar al gobierno”.
A pesar del fallo, Trump reiteró su intención de usar al ejército en lo que llamó una “guerra interna” para combatir el crimen y la inmigración irregular, políticas que han marcado su discurso de línea dura.
“Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes”, declaró el mandatario, sin presentar pruebas.
En Chicago, el despliegue fue autorizado la noche del sábado, en contra de la voluntad del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y de las autoridades locales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la acción y afirmó en una entrevista con Fox News que la ciudad “es una zona de guerra”.
Pritzker respondió desde CNN que los republicanos “quieren crear el caos” para justificar una mayor presencia militar.
“Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, declaró el gobernador.
Una encuesta de CBS News publicada el domingo reflejó una nación dividida: solo el 42% de los estadounidenses apoya el uso de la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que el 58% se opone.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó la narrativa de Trump al señalar que las tropas desplegadas en Washington “han acudido a una zona de guerra literal”.
Por su parte, uno de los principales asesores de Trump, Stephen Miller, calificó la decisión judicial en Portland como una “insurrección legal”.