Signos
Sin calidad educativa es imposible la civilidad política y ciudadana, y la cultura de la equidad de derechos y la justicia social.
Y México sigue siendo presa de la mala escolaridad, condición histórica de su pobreza política y la de su Estado de derecho, que le niegan un porvenir democrático cifrado en un sistema institucional eficiente y autorregulado, productor, por tanto, de liderazgos éticos y eficaces, y no dependiente del azar y la emergencia eventual de buenos o malos representantes populares (producto de su lucha tenaz contra la corriente del estatus quo, en el primer caso, o de los turbios pactos de conveniencia entre los grupos de poder de ese estatus quo, en el segundo).
Ese nudo sin soluciones estructurales sigue atando la inviabilidad de normas y decisiones democráticas plagadas de contradicciones, incoherencias y excesos interpretativos y operativos, donde la regla legal e institucional se torna disfuncional y de ejercicio subjetivo y arbitrario. Y en ese invencible desafecto entre realidades legislativas, institucionales y sociales, se multiplican los escándalos penales y mediáticos, y las frustraciones consecuentes por la falta de soluciones justas y convincentes más allá de prejuicios facciosos y conjeturas particulares.
Regular la llamada ‘justicia de género’ se vuelve una disputa entre extremistas, por ejemplo, en perjuicio de la igualdad y la defensa -civil, política y judicial- de los derechos humanos de todos. Referir una conducta femenina inadecuada se puede acusar dolosamente de censurable hostilidad machista y de punible acto discriminatorio.
Sin civilidad general ni cultura de la equidad y del derecho, la ley y las instituciones se convierten a menudo en instrumentos de guerra y en mecanismos de chantaje. Los inmorales se victimizan a la menor provocación y desnaturalizan el sentido de la justicia. La libertad de expresión puede acotarse tanto que el arbitrio oficial termina siendo todo lo contrario: intolerancia instrumentalizada. Y entre la confusión constitucional y los intereses que litigan y medran en ella, el veredicto de la autoridad termina siendo, así, un criterio tan subjetivo cuya credibilidad depende de quién gane o de quién pierda con él (lo cual niega, de entrada, la objetiva relatividad -o la relativa objetividad- que precisa una autoridad para poder serlo y ser factor determinante entre las dudas y las controversias).
Sí: desterrar la corrupción y hacer una transformación democrática radical e integral de las instituciones del Estado mexicano depende de un buen mandato -legítimo, moral y eficaz- dispuesto a intentarlo. Pero si no incluye la revolución educativa que propicie de manera sistémica la civilidad y la cultura necesarias, algunas regulaciones constitucionales esenciales seguirán propiciando, en su contradictorio ejercicio, dinámicas interpretativas tan antidemocráticas como las querellas militantes de género, la politizada defensa de las víctimas de la violencia y la discriminación, y los excesos arbitrales en el ámbito electoral que tienen que ver con los límites entre las libertades fundamentales de pensamiento y expresión, y la propaganda mercenaria ilegítima y representativa de grupos enemigos del interés general.
SM