La cosa pública

Por José Hugo Trejo

El último gobernador de Quintana Roo que se atrevió a desafiar al poder central —encarnado entonces en la Presidencia de la República y en manos de su propio partido, el PRI— sigue padeciendo hasta hoy las consecuencias de aquella osadía política.

Ocurrió hace casi treinta años, cuando Mario Villanueva Madrid intervino de manera directa en su propia sucesión y alteró los planes presidenciales que ya habían dispuesto la unción de la diputada federal Andy Joaquín Coldwell como su heredera política.

Pero Villanueva, todavía dueño del control y de la capacidad de maniobra local en 1998, se propuso bloquear esa decisión. Y lo logró. En lugar de Andy Joaquín Coldwell, impulsó el ascenso de otro Joaquín: Joaquín Hendricks Díaz, quien meses antes no figuraba siquiera como posibilidad real para ocupar la titularidad del Ejecutivo del único estado caribeño de México.

Todos los interesados en la cosa pública, y muchos más que no lo están tanto, conocemos la historia de las acusaciones mediáticas y judiciales que sirvieron de base para su persecución, encarcelamiento, extradición a los Estados Unidos y posterior retorno a México, donde continuó preso hasta llegar hoy a la prisión domiciliaria que cumple como consecuencia de aquel atrevimiento político.

Hendricks Díaz, ya como sucesor de Villanueva Madrid, impuso sin mayores contratiempos a quien quiso cuando le llegó el momento de ceder la gubernatura estatal. El presidente de México ya no era del PRI, sino el panista Vicente Fox Quesada, quien mostró poco interés por interferir políticamente en los estados y dejó que los gobernadores actuaran como verdaderos amos y señores de las entidades bajo su mandato.

A Hendricks Díaz no le costó mayor esfuerzo imponer como candidato a reemplazarlo al cozumeleño Félix González Canto. En ese proceso sucesorio, incluso quien era su esposa en ese momento, María Rubio Eulogio, fue designada candidata a diputada local.

La única resistencia que encontró Hendricks Díaz al final de su mandato provino de los electores quintanarroenses, que rechazaron a los candidatos a diputados vinculados directamente con él: su esposa, Cecilia Loría Marín —influyente secretaria de Educación y Cultura de su gestión— y Moisés Pacheco, el presidente municipal interino que impuso en Othón P. Blanco en la segunda mitad de su gobierno.

Fuera de eso, y de algunos señalamientos mediáticos a su administración, Hendricks Díaz tuvo una salida tersa y conservó una presencia influyente durante buena parte del mandato de su sucesor, González Canto, quien sólo enfrentó un dilema político serio cuando debió optar por Roberto Borge Angulo como su sucesor, en lugar de su primo Carlos Joaquín González. El presidente de la República seguía siendo del PAN, sólo que ya en 2010 lo era Felipe Calderón Hinojosa.

Como exgobernador, González Canto repitió la misma historia tersa de Hendricks Díaz, aunque reforzada con mayor influencia política y un escaño en el Senado de la República, favorecido por el desinterés que los gobiernos federales panistas mostraron hacia unos estados mayoritariamente gobernados por el PRI.

Ya con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, encabezada por Enrique Peña Nieto, el gobernador Roberto Borge Angulo quiso —pero no pudo— imponer a su sucesor. Y no fue el presidente de México quien se lo impidió.

Primero fueron sus aliados más cercanos, Félix González Canto y Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, quienes le madrugaron la candidatura de la coalición PRI-PVEM y se la asignaron a Mauricio Góngora Escalante. Borge se quedó con la lamentación pública de no haber podido imponer a su favorito, el entonces diputado federal José Luis Toledo Medina.

Luego, los electores quintanarroenses le jugaron otra pasada: le dieron el triunfo en la elección para gobernador a quien era su archienemigo, Carlos Joaquín González, contra quien orquestó una prolongada guerra sucia mediática, cuyos efectos terminaron favoreciendo al objeto de la misma.

Al convertirlo en su enemigo político más visible, Borge Angulo hizo de Carlos Joaquín el candidato ideal de una oposición panista y perredista –sin figuras ni liderazgos propios que presentar en la contienda electoral de 2016– que lo adoptó para que abanderara su causa y le ganara la elección de Gobernador del Estado a un priismo que aliado con el partido verde parecía imbatible en esos tiempos.

Eso rompió la racha de tranquilidad e influencia sobre los sucesores que venían disfrutando los exgobernadores priistas desde Hendricks Díaz. Al término de su gestión, Borge Angulo, fue perseguido y encarcelado por el gobierno federal, acusado de desvío de recursos públicos y de otras irregularidades graves en el ejercicio de la función pública. Hasta la fecha continúa en prisión.

Carlos Joaquín González, por su parte, llegado el momento de su propia sucesión, no quiso meterse en problemas con la Presidencia de la República, ya en manos de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Asumió el viejo adagio de que “si no puedes con el enemigo, únete a él”.

Así, no sólo no puso resistencia alguna a la llegada de Mara Lezama Espinosa a la gubernatura, sino que hizo todo lo posible para que los partidos que lo llevaron a cumplir su mayor sueño político en la entidad —PAN y PRD— designaran a la peor candidata posible: una expriista y exverde ecologista, desprestigiada y señalada por malversación de recursos en el municipio de Puerto Morelos, que había gobernado en dos periodos. Su recompensa fue la embajada de México en Canadá, donde permanece hasta ahora.

La gobernadora Mara Lezama llegó al máximo poder público del estado de Quintana Roo con el respaldo pleno de la Presidencia de la República, apoyo que Andrés Manuel López Obrador hizo explícito en cada ocasión que se le presentó mientras ocupó la silla principal de Palacio Nacional. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al poder presidencial, aun siendo del mismo partido, Morena, las condiciones para la mandataria quintanarroense han cambiado de manera significativa en las vísperas del final de su mandato estatal.

La sucesión gubernamental ya no será un simple paseo de aplausos y vítores – como en su momento lo fue para ella en 2022– para el aspirante auspiciado desde su gestión política y de gobierno.

Los reiterados pronunciamientos de la dirigencia nacional del morenismo en contra de que los gobernadores impongan a sus candidatos, le introducen al proceso sucesorio el  riesgo de choque entre los intereses del poder local con los que juegan del lado de la Presidencia de la República.

Más aún cuando ya existe un aspirante que, a todas luces, está ligado tanto al poder central como a las bases morenistas quintanarroenses con las que participó desde su formación política. Y peor todavía cuando se le endereza  una guerra sucia mediática que, en los hechos, a quien más puede perjudicar es a quien tiene la responsabilidad política de conducir el proceso sucesorio sin sobresaltos ni estridencias.

En la praxis política a la mexicana, cuando los poderes locales y el central actúan en consonancia, nadie entre los protagonistas corre riesgos mayores. Cuando se enfrentan, en cambio, los costos suelen cargarse sobre la parte más vulnerable.

Eso ha quedado claro en la todavía breve historia política de Quintana Roo. Por eso, quien participa de la vida pública está obligado —u obligada— a revisarla con cuidado, para no repetir errores ni provocar sobresaltos que suelen pagarse demasiado caros.