CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta vinculación con integrantes del crimen organizado y por supuestas omisiones en su responsabilidad de garantizar la seguridad en la entidad.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por abogados pertenecientes a distintas organizaciones y colegios jurídicos locales.
Entre los promoventes se encuentran integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados, la Federación de Abogados de Sinaloa, diversos colegios jurídicos y el Frente Cívico Sinaloense, quienes solicitaron que se investigue y, en su caso, se procese al mandatario estatal.
Los denunciantes señalaron posibles delitos como ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento, delitos relacionados con la administración de justicia y presunta delincuencia organizada.
De acuerdo con los abogados, el gobernador ha incurrido en omisiones frente al aumento de la violencia en el estado y habría obstaculizado investigaciones que afectan a la ciudadanía.
Como antecedente, mencionaron el caso de Héctor Melesio Cuén, que —afirman— fue objeto de un montaje durante la gestión de la entonces fiscal Sara Bruna, quien hasta ahora no ha sido procesada.
Asimismo, plantearon que debe investigarse el viaje realizado por Rocha Moya el 25 de julio de 2024, fecha en que ocurrió el secuestro y posterior entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, en la misma región.
Según los denunciantes, estos hechos marcaron un repunte de violencia que continúa hasta ahora. Indicaron que entre el 9 de septiembre de 2024 y febrero de 2026 se contabilizaron 2 mil 883 homicidios, 3 mil 314 privaciones de la libertad y 9 mil 714 robos de vehículos.
“Los datos oficiales no reflejan la realidad; están maquillados por instrucciones del gobernador en coordinación con autoridades federales”, afirmó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.
También citó el caso reciente de mineros secuestrados en Concordia, donde cinco de diez trabajadores fueron hallados sin vida tras presuntos hechos de extorsión, como ejemplo de impunidad.
El abogado sostuvo que el incremento de la violencia ha generado impactos económicos relevantes, afectando al comercio, el transporte y la vida cotidiana en distintas regiones del estado.
Además de la denuncia penal, los promoventes interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que documentan 16 presuntas violaciones a derechos humanos, entre ellas el derecho a la seguridad, a la legalidad y a vivir libres de violencia.
Señalaron que previamente acudieron a la comisión estatal de derechos humanos sin obtener respuesta, y advirtieron que, de persistir la situación, recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con los abogados, los hechos documentados incluyen homicidios selectivos, ataques contra comerciantes, robos al transporte de carga y privaciones de la libertad presuntamente vinculadas al crimen organizado.
En los últimos dos años, Sinaloa ha registrado un incremento sostenido de violencia atribuida a enfrentamientos entre células internas del Cártel de Sinaloa y disputas con grupos antagonistas. Los denunciantes sostienen que la administración estatal no ha implementado medidas eficaces para contener estos delitos ni para garantizar la protección de la población.
La denuncia también señala presuntas instrucciones para manipular cifras de incidencia delictiva, lo que —según los abogados— ha profundizado la desconfianza ciudadana.