Signos
Está bien, está bien: irregular o delictiva, la intromisión desautorizada por el Gobierno federal de la CIA en México avisa de lo mal que hacen las cosas las autoridades mexicanas, como las que convocaron la intervención para un operativo antinarco sin deber hacerlo y por más que fuera con intenciones y saldos positivos (respecto de la operación en sí, aunque con el resultado adverso del accidente o el atentado en que murieron los dos agentes de la CIA y dos policías locales en Chihuahua, donde ocurrieron los sucesos), y las que disponiendo de todos los medios y recursos de Inteligencia y de seguridad armada y civil del país sólo conocieron de la infiltración extranjera hasta que se produjo el escándalo informativo luego de que perecieron los agentes extranjeros y los policiacos, y no obstante que militares mexicanos participaron en las exitosas acciones contra el ‘narco’ en las que tuvo que ver la CIA.
Porque espías de unas naciones trabajando en otras y en las propias (donde Embajadas, Consulados, ámbitos y calles y vecindarios están poblados de ellos) ha habido y hay en todo el mundo, que para espiar existen estructuras y tramas inmensas y estratégicas de secretos especialistas. Y hay los de Inteligencia que se infiltran y espían lo que tienen que investigar dentro y fuera de la ley, y los que espían a esos espías también desde dentro y desde fuera de la ley, o los de la Contrainteligencia. Cualquiera sabe que esa comunidad de simuladores es un submundo tan masivo como estratégico e imprescindible que en gran medida define las decisiones políticas o de guerra de las naciones. Y en gran medida, asimismo, están para violar las soberanías de los Estados Nacionales donde se ubican sus objetivos y hasta para desestabilizarlos si fuere el caso.
De modo que si el Gobierno estatal panista metió la pata trayendo espías extranjeros, el Gobierno federal lo hizo a su vez exhibiendo la incompetencia de sus propios espías, ese enjambre doméstico de militares, de agentes de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana que tanto cuestan y gravitan sobre el erario federal, y cuya incompetencia en el caso se omite o poco o nada se habla de ella.
¿Cómo puede confiarse en la sensatez presidencial así? ¿Cómo, cuando la Presidenta acusa la violación a la soberanía mexicana desde una intromisión secreta de la que sólo se enteraron ella y su Gobierno tras un escándalo de opinión pública, y que en lugar de ocasionarle indignación por el enemigo político que lo provocó debiera darle vergüenza por las incompetencias propias (si es que en verdad la sorprendió la noticia y si decidió hacer su propio escándalo político y mediático condenando a los opositores para salvarse del descrédito propio)?
¿Y cómo puede confiarse en esa sensatez cuando de las acusaciones estadounidenses la Presidenta defiende a toda costa a una delincuencia política probadamente cómplice del crimen organizado, argumentando que si no hay pruebas e investigaciones oficiales en contra de esos jefes del poder político -la gran mayoría correligionarios de su izquierda partidista- no puede señalarse ni acusarse a nadie, pero sabiendo a ciencia cierta -porque si cualquier vecino extorsionado sabe quien lo extorsiona, más lo saben quienes protegen a los extorsionadores en las instituciones de seguridad de sus demarcaciones municipales y estatales, y más debiera entenderlo el poder público mejor informado del país- que los sistemas de Justicia en las Entidades Federativas son controlados por los grupos políticos y gobernantes en ellas, y sus Fiscalías ‘autónomas’ lo son solo en la letra constitucional y son los principales escudos de impunidad que prodigan los factores de la violencia y la inseguridad, y cuando dicha autoridad nacional superior sabe, como muy pocos, el sustento que tienen esas acusaciones cuando quien las hace es el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, nada menos que un excombatiente de Fuerzas Especiales y un exagente de la CIA del mayor perfil en el espionaje global -en cuya misión diplomática, lo mismo que en todas las sedes consulares del país y en dependencias de las mismas pululan numerosos agentes encubiertos, como en los países más espiados del orbe por la Unión Americana-; un diplomático que acusa a los cuatro vientos que su Gobierno dispone de información suficiente para empezar a cazar y a procesar como criminales a dirigentes políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado, y entre los que abundantes medios editoriales y de opinión pública -unos más prestigiados y con información más confiable que otros, y más vinculados al oficialismo unos que otros, lógico es, pero casi todos sin excepción- señalan con nombres y apellidos, como los Gobernadores de Sinaloa (Rubén Rocha Moya), Sonora (Alfonso Durazo Montaño), Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla) y Tamaulipas (Américo Villarreal Anaya), entre algunos de los más célebres y señalados, o como el exGobernador y exSecretario de Gobernación y exSenador tabasqueño, Adán Augusto López; personajes que formarían entre la legión de delincuentes políticos sin cuya protección el crimen organizado en el país no existiría, ni asimismo la violencia y la inseguridad que han destruido la paz social como en muy pocos pueblos -que se asumen como democráticos y civilizados- sobre la Tierra?
Los narcoGobernadores y huachicoleros y demás presuntos delincuentes de los Estados ¿habrían de investigarse a sí mismos a través de sus Fiscalías y sentenciarse a sí mismos a través de los Tribunales de Justicia presididos por sus empleados, algunos que ni siquiera han sido abogados litigantes?
No hay sensatez ni sentido común en eso. Y es peor, cuando se defiende con tan mala demagogia.
SM