La victoria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de 2018 trajo esperanzas a los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco, quienes cansados de las malas administraciones de los ediles priistas y panistas pensaron que la combinación que representaba la experiencia de Hernán Pastrana y el apoyo del partido de Andrés Manuel López Obrador traería, por fin, justicia para miles de familias que durante décadas han vivido a la sombra de los Municipios del norte del Estado. Sin embargo, el entusiasmo se desplomó a las pocas semanas, cuando los regidores morenistas dieron la espalda al nuevo alcalde a la hora de designar a quienes ocuparían puestos claves dentro del Ayuntamiento. El fallecimiento de Pastrana unos meses después derivó en la llegada de Otoniel Segovia Martínez, quien demostró su incapacidad para gobernar desde el comienzo, sumiendo en cerros de basura a la capital y comunidades durante varias semanas. Los constantes incendios en el basurero municipal debido al incumplimiento de observaciones de las autoridades ambientales, el cuasi inoperante alumbrado público, la falta de pago a empleados y jubilados, la inseguridad y el sobrecosto en las pocas obras públicas que ha ordenado realizar son las principales características de la que bien podría ser la administración municipal más inútil de todas en la historia de Othón P. Blanco. Y eso lo sabe el presidente de la República, quien en muchas ocasiones ha demostrado su apoyo hacia los alcaldes del Morena -y a sus aliados- en la entidad, excepto, desde luego, a Segovia Martínez.
Javier Ramírez
Las acusaciones en contra de Otoniel Segovia han sido muchas y muy variadas desde que asumió el cargo de presidente municipal hace dos años. La última de ellas, haber gastado más de un millón de pesos para restaurar el llamado Parque del Renacimiento de Chetumal, lo puso en el ojo del huracán unos días antes de que ofreciera su segundo informe de actividades, en el que por supuesto no tuvo mucho que presumir.
Su administración ha pasado totalmente inadvertida para la población, que adolece de servicios básicos de calidad, como se puede observar en las múltiples lámparas de alumbrado público inservibles en toda la ciudad, luego de que las lámparas LED cumplieran su tiempo de vida. Las luminarias de halógeno, que estuvieron resguardadas en bodegas durante más de 10 años, están volviendo a “pintar” las calles de amarillo, aunque al mes terminan quemándose también por lo inservibles que están.
Con esta experiencia, la población othonense difícilmente volverá a darle al Morena otra oportunidad, lo que significaría el muy probable regreso del PRI o el PAN al Ayuntamiento.
Millonario gasto en obra
En plena crisis financiera provocada por la pandemia de Covid-19, que significó el cierre de decenas de negocios y con ello la caída del pago de impuestos, al presidente municipal Otoniel Segovia no se le ocurrió mejor forma de canalizar los pocos recursos del Ayuntamiento que en dar mantenimiento a la escultura principal del Parque del Renacimiento.
Así, sin someterlo a la aprobación del Cabildo, arrancó los trabajos en los que se gastaron un millón 200 mil pesos. Varios regidores se enteraron de la obra cuando esta ya estaba en curso, por lo que no tardaron en exigirle en una sesión mediante videoconferencia que informara sobre la asignación y monto de los trabajos.
Molesto, Segovia Martínez señaló que era necesario hacer el mantenimiento de la escultura y su fuente, porque además de ser parte de la cultura e historia de la ciudad, simbolizaba el renacimiento de la capital después de la pandemia.
Los regidores le recriminaron que, en lugar de gastar en ese trabajo, se pusiera más énfasis en la seguridad pública o en otros rubros más urgentes para la población.
Y es que como se recordará, Otoniel fue el único alcalde de la entidad que no ofreció algún apoyo para las familias.
Hasta el momento la obra sigue sin ser transparentada, por lo que se desconoce cómo se decidió la asignación de la misma ni el tipo de material que se utilizó en ella.
Multa de 3 MDP
Otoniel tampoco ha ofrecido alguna explicación sobre la negativa del Ayuntamiento de atender 28 observaciones detectadas por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) en el basurero municipal, que desde hace años se ha convertido en un serio peligro sanitario debido a sus constantes incendios que afectan a miles de habitantes de las colonias aledañas.
De acuerdo con titular de la PPA, Miguel Nadal Novelo, a principios de este año venció la prórroga que le habían dado al Ayuntamiento para cumplir con las observaciones que requiere el relleno sanitario, principalmente en lo que se refiere al análisis de suelo, cobertura con material pétreo y el análisis de las filtraciones de lixiviados al manto freático. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria se suspendieron durante unos meses todos procesos administrativos, lo que le dio otra oportunidad al gobierno de Segovia para atenderlas de una vez por todas, pero eso no ocurrió.
El funcionario comentó que si bien se sabe que se realizaron algunos trabajos en el lugar, ninguna autoridad municipal se presentó ante la PPA para informar sobre los mismos. Así, si ningún material que soporte física y documentalmente los avances, no hay forma de que el Ayuntamiento se deslinde de pagar la multa de 3 millones 224 mil pesos por el incumplimiento de las instrucciones.
Otoniel se ha justificado asegurando que no hay dinero para solventar los trabajos en el relleno sanitario, lo que desde luego nadie cree, puesto que ha erogado al menos 12 millones de pesos en insignificantes remodelaciones de parques, trabajos que, desde luego, fueron entregados a sus amigos constructores.
La ‘caja chica’ del DAP
Y también se está registrando un millonario adeudo en el servicio de alumbrado público, ya que si bien cada una de las más de 80 mil viviendas y negocios del Municipio está pagando en su recibo de la Comisión Federal de Electricidad por un concepto denominado Derecho de Alumbrado Público (DAP), que equivale al 5 por ciento del consumo facturado cada uno o dos meses -cantidad que es recaudada por la paraestatal y devuelta al Ayuntamiento para que pueda contar con recursos para el pago del servicio-, desde que Segovia Martínez asumió la presidencia el Ayuntamiento ha venido arrastrando un adeudo al servicio de luz, que, hasta junio de este año, asciende a 38 millones de pesos.
El munícipe ha hecho mutis sobre este tema, lo que ha provocado el enojo de los ciudadanos, quienes siguen sufriendo por las cada vez más lámparas LED quemadas en las calles, mismas que a pesar de ser reportadas a tiempo son cambiadas hasta cuatro meses después por las de halógeno que han estando guardadas en bodegas desde hace más de 10 años, y que brindan una luz amarilla que de poco sirve ya.
Resulta urgente que en el Congreso del Estado se revise este problema, porque si los Ayuntamientos no están cumpliendo con su parte para ofrecer un mejor servicio de alumbrado público, no sólo es necesario conocer en qué se utiliza ese dinero que la CFE les devuelve -36 millones de pesos al año-, sino también, incluso, eliminar el DAP o buscar otras formas de ejercerlo.
El ‘robo’ a los extrabajadores
Mientras el Ayuntamiento de Segovia continúa malgastando los pocos recursos que llegan a las arcas municipales, aumenta la molestia de decenas de trabajadores y extrabajadores de la Comuna.
Los primeros, porque el alcalde ha echado en saco roto sus quejas sobre mejores condiciones laborales. Incluso, como se dio a conocer recientemente, el munícipe interpuso una denuncia en contra de elementos de la Policía Municipal que hace poco más de un año se manifestaron para pedirle un aumento de sueldo y mejores equipos, así como la destitución del director Osiris de Jesús Ceballos Díaz, pues, asegura el referido, “actuaron en coalición indebida y afectando el buen despacho de la administración”.
Y los segundos han acusado al alcalde de “robar” el finiquito que por ley les corresponde. De acuerdo con lo que han expuesto más de 20 exempleados del Ayuntamiento, la administración de Segovia Martínez apenas y les entregó 5 mil y 17 mil pesos por 20 y 40 años de servicio, respectivamente, lo que en realidad vendría siendo la parte del dinero que ellos ahorraron durante ese tiempo, es decir, no les dieron finiquito.
Los afectados, en su mayoría extrabajadores de Servicios Públicos Municipales, han realizado varias manifestaciones para exigirle al alcalde respuesta a sus demandas, pero éste sólo se ha limitado a asegurarles que todo fue conforme a la ley.