WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos intensificó sus acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar sanciones económicas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red de robo y contrabando de combustible, además de emitir una nueva alerta para el sistema financiero sobre este tipo de operaciones.
Las medidas fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a los sancionados como parte de una estructura dedicada al robo de hidrocarburos —conocido como huachicol—, la evasión fiscal en México y la obtención de ingresos millonarios para la organización criminal.
De manera paralela, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para advertir sobre posibles esquemas de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, los cuales estarían vinculados con operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que estas acciones evidencian que los cárteles mexicanos han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico. Señaló que estas organizaciones continúan obteniendo recursos mediante actividades ilícitas que fortalecen su capacidad para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en 21 de las 32 entidades del país, superando al Cártel de Sinaloa, cuya operación se estima en 19 estados. Asimismo, recordó que el presidente Donald Trump clasificó el año pasado al CJNG y a otros cinco grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En los últimos años, autoridades mexicanas han asegurado millones de litros de diésel, gasolina y otros derivados del petróleo robados en entidades fronterizas con Texas. Las investigaciones señalan que grupos criminales perforan ductos para sustraer combustible, el cual posteriormente distribuyen mediante estaciones de servicio obligadas a adquirirlo o a través de ventas clandestinas. Incluso, autoridades estadounidenses sostienen que el CJNG opera estaciones de servicio propias.
Respecto a las sanciones, el Departamento del Tesoro identificó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez como los dos principales señalados.
Según la dependencia estadounidense, Juraidini Silva es considerado una figura clave dentro de la estructura financiera del CJNG. Lo describe como contador y responsable de facilitar operaciones económicas para la organización mediante empresas fachada, además de falsificar documentación aduanera para favorecer el traslado ilegal de combustible.
El informe también señala que controla seis empresas en México dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliarios: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes. Asimismo, se le atribuye una empresa con sede en Reino Unido denominada Cucumber Sweet Waves.
En el caso de Ruiz Villagómez, las autoridades estadounidenses lo relacionan con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. El Departamento del Tesoro sostiene que habría introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin contar con las autorizaciones correspondientes y que pagaba sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los cruces fronterizos.
Tras el anuncio de Washington, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que México se sumó a las medidas adoptadas por Estados Unidos. La dependencia dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de las personas y empresas involucradas y determinó bloquear sus cuentas bancarias.
Como resultado, los implicados fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional e impedir su utilización en operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP agregó que la medida también alcanza a nueve personas adicionales sancionadas por el Departamento del Tesoro y destacó que la coordinación entre ambos países fortalece los mecanismos de cooperación para combatir el uso del sistema financiero en actividades vinculadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos, así como para debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales.