La cosa pública
– Pese a la crisis financiera que generó en la administración municipal de Playa del Carmen en 2025, el gobierno de Estefanía Mercado Asencio continuó en 2026 dilapidando los recursos de los playenses.
– Sacrificó la inversión pública en obras para la comunidad, reduciéndola 600 millones de pesos, en aras de mantener sus millonarios compromisos y gastos operativos…
Por José Hugo Trejo
Después de que en 2025 el Ayuntamiento ejerció solamente unos 330 millones de pesos en obra pública, para 2026 autorizó apenas 300 millones, frente a más de 2 mil 532 millones destinados a servicios personales y generales. El nuevo tesorero reconoce desequilibrios financieros y asegura que busca elevar la inversión pública hasta 600 millones de pesos.
La obra pública, la partida sacrificada
La crisis financiera derivada del elevado gasto municipal durante 2025 no parece haber modificado sustancialmente las prioridades presupuestarias del gobierno de Estefanía Mercado Asencio en Playa del Carmen.
Por el contrario, las cifras oficiales de los presupuestos de egresos de 2025 y 2026 muestran que la inversión pública fue objeto de una reducción de 600 millones de pesos en su asignación inicial, mientras que los gastos operativos conservaron una participación predominante en el manejo de los recursos municipales.
En 2025, el Ayuntamiento había presupuestado originalmente alrededor de 900 millones de pesos para inversión pública. Sin embargo, al concluir el ejercicio, el gasto realizado en ese rubro fue de aproximadamente 330 millones.
Para 2026, lejos de recuperar la inversión originalmente proyectada, la administración municipal autorizó solamente 300 millones de pesos para obra pública.
La disminución entre ambos presupuestos iniciales equivale al 66.7 por ciento.
Es decir, el gobierno municipal comenzó 2026 con una asignación para infraestructura prácticamente igual a la cantidad que terminó ejerciendo durante 2025, pese a que aquel año había proyectado invertir tres veces más.
No se trata de una estimación ni de una cifra obtenida exclusivamente de documentos internos. Los montos corresponden a los presupuestos oficiales del Ayuntamiento.
Más de 2 mil 532 millones para nómina y servicios generales
El Presupuesto de Egresos 2026, por un total de 4 mil 528 millones de pesos, destinó originalmente mil 300.4 millones a servicios personales y mil 232.3 millones a servicios generales.
Ambas partidas suman 2 mil 532.7 millones de pesos, equivalentes al 55.9 por ciento del presupuesto municipal.
En contraste, los 300 millones asignados a inversión pública representan apenas el 6.62 por ciento.
Por cada peso autorizado para inversión pública, el Ayuntamiento presupuestó más de ocho pesos para servicios personales y generales en conjunto.
La desproporción adquiere especial relevancia al considerar los resultados financieros de 2025, cuando el gasto en servicios generales superó en más de mil millones de pesos su asignación originalmente autorizada.
A pesar de esos antecedentes, la estructura inicial del presupuesto de 2026 mantuvo una elevada concentración de recursos en el funcionamiento administrativo y la contratación de servicios.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el ajuste presupuestario se reflejó tan claramente en la reducción de la inversión pública, mientras los compromisos de gasto operativo conservaron asignaciones millonarias?
Los compromisos registrados por Tesorería
Un documento interno de la Tesorería Municipal, obtenido por este medio antes de la salida del anterior titular de la dependencia, Javier Regalado Hendricks, permite conocer con mayor detalle la distribución prevista de los recursos de 2026.
El documento registra compromisos y previsiones de gasto que, en conjunto, coinciden con el presupuesto municipal autorizado de 4 mil 528 millones de pesos.
Entre sus conceptos más relevantes aparecen 420 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas; 150 millones para eventos especiales; 133 millones para medios de comunicación; 120 millones para alimentación del personal y 24 millones para arrendamiento de vehículos blindados.
También registra 122 millones para arrendamiento de otros vehículos y 100 millones relacionados con obligaciones de arrendamiento provenientes de 2025.
Estas cantidades permiten dimensionar la magnitud de los compromisos operativos, aunque no deben interpretarse automáticamente como pagos ya efectuados ni sumarse a los capítulos presupuestarios oficiales, pues algunos conceptos forman parte de ellos.
Destaca particularmente el arrendamiento de patrullas, anunciado como parte de una operación plurianual superior a mil 200 millones de pesos.
Los 420 millones consignados para 2026, por sí solos, superan en 120 millones la asignación original de inversión pública de todo el municipio.
El nuevo tesorero reconoce desequilibrios
En conversación telefónica con este medio, el actual tesorero municipal, Guillermo Brahms González, reconoció que encontró desequilibrios financieros al asumir el cargo y aseguró que trabaja para corregirlos.
El funcionario explicó que algunas obligaciones corresponden a compromisos adquiridos antes de su llegada a Tesorería y señaló que se han iniciado procedimientos de revisión ante el Órgano Interno de Control para determinar posibles responsabilidades.
Respecto de los 100 millones de pesos registrados como obligaciones de arrendamiento provenientes de 2025, aseguró que esos compromisos ya fueron cubiertos.
También confirmó que el arrendamiento de patrullas constituye uno de los principales compromisos financieros del municipio y explicó que existen otros contratos de arrendamiento de vehículos destinados a diferentes dependencias.
Durante la conversación se le planteó el contraste entre el elevado gasto en servicios generales y las reducidas asignaciones para obra pública.
El tesorero señaló que las decisiones presupuestarias de 2025 correspondieron a una etapa anterior a su gestión y no ofreció una explicación específica sobre las causas de esa desproporción.
Sin embargo, aseguró que actualmente trabaja para corregir los desequilibrios y aumentar los recursos destinados a inversión pública.
La promesa de llegar a 600 millones en obra pública
Brahms González sostuvo que una de sus principales estrategias consiste en fortalecer la recaudación municipal mediante estímulos a los contribuyentes, con el propósito de disponer de mayores recursos para infraestructura.
Su objetivo, afirmó, es elevar la inversión pública hasta una cantidad cercana a los 600 millones de pesos durante 2026.
De alcanzarse en términos presupuestarios comparables, la cifra duplicaría la asignación original de 300 millones.
El Ayuntamiento informó, además, que en octubre se aprobó una modificación del Programa Operativo Anual con 496.8 millones de pesos para obras y acciones sociales.
Esta última cifra no es necesariamente equivalente al gasto del capítulo de inversión pública, por lo que deberá distinguirse entre los recursos programados, los efectivamente devengados y los pagados.
La promesa del tesorero constituye una medida correctiva relevante, pero su resultado solamente podrá evaluarse mediante los estados financieros y los informes de ejecución de obra correspondientes.
Los 120 millones para alimentación
Otro de los conceptos cuestionados durante la conversación fue la previsión de 120 millones de pesos para alimentación del personal municipal.
Brahms González aseguró que más de dos mil trabajadores reciben alimentos proporcionados por el Ayuntamiento, incluidos elementos de las áreas de seguridad y protección civil.
Incluso ofreció a este medio visitar las instalaciones donde se presta el servicio para conocer directamente la calidad de los alimentos.
Sin embargo, todavía es necesario establecer documentalmente el número exacto de beneficiarios, las dependencias incluidas, la cantidad de raciones efectivamente suministradas y los precios unitarios contratados.
Si los 120 millones se distribuyeran entre dos mil trabajadores, a razón de una comida diaria durante los 365 días del año, el costo promedio sería de aproximadamente 164 pesos por ración; un costo excesivamente elevado, si se le compara con los precios de las raciones de comida corrida que se ofertan en fondas y restaurantes locales.
Pero ese cálculo es únicamente una referencia aritmética, no una comprobación del costo contractual ni de la cantidad de alimentos realmente entregados.
La justificación del gasto requiere conocer los contratos, proveedores, facturas y registros de suministro.
Las prioridades presupuestarias bajo escrutinio
El contraste entre los ejercicios fiscales de 2025 y 2026 permite identificar una decisión presupuestaria concreta de la administración de Estefanía Mercado.
Después de que en 2025 la inversión pública terminó considerablemente por debajo de lo originalmente autorizado, el gobierno municipal redujo para el siguiente ejercicio su asignación inicial de 900 a 300 millones de pesos.
Mientras tanto, los servicios generales, la nómina y diversos compromisos contractuales conservaron un peso considerable dentro de las finanzas municipales.
La documentación disponible no permite establecer, por sí sola, que esa distribución haya obedecido a intereses particulares ni que todos los compromisos registrados hayan sido efectivamente pagados.
Pero sí permite cuestionar las prioridades de gasto y exigir una explicación sobre los criterios utilizados para distribuir los recursos públicos.
El nuevo tesorero ha reconocido la existencia de desequilibrios y asegura que trabaja para corregirlos. Su propósito de incrementar la inversión pública constituye un compromiso que podrá contrastarse con los resultados al cierre del ejercicio.
Por ahora, permanece una pregunta fundamental:
¿Por qué, después de los desequilibrios financieros de 2025, el gobierno de Estefanía Mercado decidió reducir en 600 millones de pesos la inversión pública originalmente presupuestada para 2026, mientras mantenía elevados compromisos de gasto operativo y contratación de servicios?
La respuesta no está en las declaraciones de los funcionarios, sino en las decisiones presupuestarias, los contratos y el destino comprobable de los recursos municipales.