CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió a 26 años la revisión de las contrataciones electorales en México. La investigación abarca las compras realizadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales estatales. Entre ellos figura el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), que en 2025 adjudicó a Cajas Graf un contrato por aproximadamente 15.9 millones de pesos para suministrar material electoral.
El órgano fiscalizador informó que sus trabajos de inteligencia y el análisis de la información solicitada a las entidades federativas permitieron confirmar “múltiples irregularidades históricas” en el uso de recursos públicos para contrataciones electorales. La ASF no atribuyó en su anuncio irregularidades específicas al Ieqroo ni dio por acreditadas responsabilidades de sus funcionarios o proveedores.
La revisión seguirá tres líneas: una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas; un estudio histórico para identificar patrones de adjudicación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales, y una auditoría integral al INE y a los recursos federales ejercidos por los organismos públicos locales electorales (OPLE). Como parte de esos trabajos, el auditor superior, Aureliano Hernández, solicitó a los gobiernos estatales información sobre el uso de los fondos federales transferidos a sus respectivos institutos.
En Quintana Roo, la investigación pone el foco en los contratos que el Ieqroo otorgó a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Las relaciones comerciales de estos proveedores con organismos electorales quedaron bajo escrutinio tras los señalamientos sobre las contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE.
La presidenta del Ieqroo, Rubí Pacheco Pérez, reconoció que el instituto contrató a ambas empresas. Sostuvo que el organismo no podía impedirles participar en los procedimientos de contratación mientras no hubiera inhabilitaciones, sentencias firmes o prohibiciones legales expresas.
El alcance de la revisión permitirá examinar si en las operaciones del Ieqroo hubo irregularidades en las adjudicaciones, concentración de contratos en determinados proveedores o un manejo indebido de los recursos públicos. La ASF señaló que sus investigaciones buscan determinar si existen responsabilidades de servidores públicos y grupos empresariales, y aseguró que las realizará con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.