JOSE MARIA MORELOS.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las actividades en 25 predios del ejido San Isidro Poniente, en José María Morelos, tras documentar el desmonte de casi 330 hectáreas de selva. En ninguno de los terrenos inspeccionados se acreditó la autorización federal para cambiar el uso de suelo forestal.
En la primera inspección, el 21 de octubre, los funcionarios identificaron 304.863 hectáreas afectadas en 22 polígonos. En una segunda visita, el 29 de octubre, detectaron otras 24.94 hectáreas desmontadas en tres predios. En conjunto, las afectaciones sumaron 329.803 hectáreas. Los inspectores encontraron remoción de vegetación de selva baja y mediana subperennifolia, además de apertura de caminos.
Habitantes de San Isidro Poniente dijeron a la Profepa que los trabajos habrían sido realizados por integrantes de un grupo menonita asentado en la región. La dependencia revisará esos señalamientos y verificará quién tiene los derechos ejidales y de usufructo sobre los terrenos. Hasta el momento, no ha determinado quién realizó los desmontes.
En otro operativo, el 23 de octubre, la Profepa detectó que se había eliminado toda la vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en un predio del Polígono Sur de Cancún. La superficie afectada fue de 20 mil 980 metros cuadrados, poco más de dos hectáreas. Al no acreditarse el permiso federal de cambio de uso de suelo, los inspectores impusieron la clausura temporal total de las obras y actividades.
La dependencia también clausuró las obras y actividades del proyecto Restaurante Los Rápidos, en un predio del municipio de Othón P. Blanco que colinda con la laguna de Bacalar. Los inspectores colocaron los sellos el 20 de octubre, en seguimiento a un procedimiento de impacto ambiental. El comunicado no detalló la superficie intervenida ni las irregularidades específicas que motivaron la medida.
La Profepa explicó que las clausuras buscan impedir que continúen las afectaciones mientras se integran los expedientes. Los procedimientos administrativos servirán para determinar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones y ordenar medidas de restauración. La dependencia advirtió que la pérdida de vegetación forestal puede provocar erosión, reducir la biodiversidad y fragmentar los hábitats.