SCJN echa para atrás evaluación judicial para frenar protestas; labores se reanudan este lunes

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CIUDAD DE MÉXICO.- El paro del Poder Judicial de la Federación (PJF) concluyó tras un acuerdo para retirar las disposiciones que permitían dar efectos sancionatorios a las evaluaciones de desempeño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que todos los juzgados y tribunales federales reanudarán labores con normalidad el lunes 9 de noviembre. La protesta, iniciada el viernes, alcanzó el sábado al menos 40 sedes en 23 estados.

El acuerdo se alcanzó en la sede de la Corte, durante una reunión con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y representantes sindicales. Las partes pactaron modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que regula la evaluación del personal de carrera judicial, y derogar la disposición actualizada que se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La evaluación se mantendrá como una herramienta para mejorar la calidad y la eficiencia en la impartición de justicia. Se eliminarán las referencias que puedan interpretarse como fundamento para imponer sanciones o separar del cargo a un trabajador. También se suprimirán las evaluaciones extraordinarias a petición de los titulares y se ajustará el peso de los criterios que puedan dar lugar a valoraciones subjetivas.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que la evaluación debe servir para fortalecer las capacidades del personal. Los representantes sindicales habían denunciado que el sistema daba más peso a la relación con los superiores que a las aptitudes técnicas. Víctor Flores Nicolás, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, acusó que las evaluaciones se utilizaban como pretexto para cesar trabajadores y eliminar plazas.

Las modificaciones se publicarán en el DOF, según informó la Corte, que no precisó la fecha. Las partes también acordaron instalar mesas permanentes de trabajo para atender otras preocupaciones del personal. La suspensión de labores había provocado retrasos en la atención presencial y en trámites que requieren la intervención de los trabajadores de juzgados y tribunales federales.

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