PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos Miranda anunció que la Presidencia Municipal de Solidaridad solicitará el congelamiento de cuentas bancarias de quienes fueron servidores públicos en la pasada administración de Laura Beristain debido a un posible quebranto patrimonial cuya suma asciende a 335 millones de pesos.
La finalidad de estas acciones penales es garantizar que se reparen los daños ocasionados al patrimonio público municipal, aclaró Campos Miranda.
En conferencia de prensa la alcaldesa informó que el área jurídica del ayuntamiento presentará al menos cuatro denuncias ante instancias federales por los delitos de peculado, actos de corrupción y posible asociación delictuosa por 14 millones de pesos.
Una más por la contratación de un despacho para asistencia jurídica cuyos servicios representaron un gasto de 34 millones de pesos, otra por la adquisición de útiles escolares por cerca de más de 10 millones de pesos y por último, se denunciará la adquisición de material eléctrico por 32 millones de pesos. Todas ellas sin sustento ni justificación alguna, corresponden a simulaciones realizadas por la administración anterior.
“Vamos con paso firme en este tema, quiero que sepan que garantizaremos la reparación del daño a Solidaridad”, enfatizó Lili Campos, al tiempo detallar sobre las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2019.
Dichas irregularidades consistieron en la realización de procedimientos de licitación de forma ilegal, abuso de facultades para violar las leyes y la simulación de operaciones o contrataciones, para obtener recursos sin que realmente se haya contratado el servicio, cometiendo posibles conductas que constituyen en delitos como defraudación y peculado.
A su vez, la Dirección General de Control de Gestión de la Contraloría Municipal que encabeza Eduardo Arreguín Chávez, dio a conocer que gracias a una denuncia se tuvo conocimiento por parte de la presente administración de irregularidades en la cuenta pública del 2020, consistentes en aproximadamente 38 millones de pesos convertidos en indemnizaciones a empleados de la administración anterior, por casi medio millón de pesos, por lo que se inició la correspondiente investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.