CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados colocaron otro ‘clavo al ataúd’ del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó, con 25 votos a favor y cinco en contra, el dictamen de la minuta del Senado de la República que expide leyes sobre transparencia.
El dictamen, enviado ya a la Mesa Directiva para su discusión y votación de los 500 legisladores, propone expedir las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
También, propone cambios a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma el artículo 37, fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esa reforma constitucional señala que una vez aprobada y publicada se tendrían que hacer las adecuaciones necesarias en la materia, por lo que la minuta contiene la expedición de tres ordenamientos que regulan la transparencia y el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Este nuevo esquema define la creación de 18 autoridades especializadas según el ámbito del sujeto obligado, lo que permitirá una gestión más precisa y clara en cada solicitud ciudadana.
Para ello -indicó-, según el dictamen, “se trasladan las funciones del INAI a las autoridades especializadas de la administración pública, lo cual será más ágil a las necesidades de la población”, precisó.
Se indica en el documento que la reforma implica también cambios importantes en la administración y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia que es parte del Estado mexicano y que pasará a ser gestionada directamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, medida que garantizará una administración más eficiente y facilitará la implantación de innovaciones tecnológicas que agilicen los procedimientos, mejoren la accesibilidad y garanticen la máxima publicidad, dijo.
Se crea también el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo, que tendrá las mismas funciones y atribuciones que las demás autoridades y eventualmente conocerá y resolverá recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de resoluciones, quedando a salvo los recursos de carácter jurisdiccional, se añade.
Las leyes se sustentan en principios constitucionales y compromisos internacionales que garantizan el pleno respeto a los derechos humanos, a la privacidad y el acceso a la información.
Fuente: El Financiero