Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- El Gobierno del Estado creó cinco nuevos organismos que pondrá en marcha en el 2026, con lo que crece la estructura de la administración pública de Quintana Roo en la recta final de su quinquenio.
Son tres órganos administrativos desconcentrados y dos entidades descentralizadas que se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Estado Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2026, por primera ocasión con su asignación de recursos separada.
En su presentación ante el Congreso del Estado la semana pasada, la secretaria de Finanzas y Planeación, Martha Parroquín Pérez, dijo que la creación de estos nuevos entes burocráticos responden a las necesidades actuales de la población y a los retos emergentes del desarrollo, y están en concordancia con los cambios que han sucedido en el gobierno federal.
Los órganos administrativos desconcentrados mencionados son: el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, la Agencia de Transformación Digital y el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad; mientras que las dos nuevas entidades descentralizadas son: el Instituto de Infraestructura Turística y la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad.
Instituto para suplir a Fonatur
El más novedoso de todos es el Instituto de Infraestructura Turística, que según la titular de la Sefiplan será el encargado de administrar, conservar, rehabilitar, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de los centros turísticos del estado, especialmente a los inmuebles transferidos por Fonatur en 2024, es decir, la Zona Hotelera de Cancún y la Marina Cozumel.
El instituto tendrá 17 millones de pesos como presupuesto en 2026, pero claramente ese dinero sólo será para su gasto corriente, puesto que no es suficiente para realizar la mínima inversión en obras de infraestructura pública o turística.
Tampoco se dijo si dispondrá de los fondos y fideicomisos integrados por el gobierno del estado para aportar recursos a la inversión en infraestructura turística, así como de la contribución para obras públicas que se cobrará a los propietarios de inmuebles de la Zona Hotelera de Cancún.
Cabe mencionar, además, de los fideicomisos dirigidos a infraestructura turística sólo uno ya está en operación, que es el del Derecho a Cruceristas, pero se aplica exclusivamente en Cozumel y Majahual y tiene su propia administración, mientras que otro que se quiere crear, el Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Estratégicos con Incidencia en el Turismo, depende de que se logre que los prestadores de servicios de hospedaje se conviertan en cobratarios del Visitax, asunto que todavía está en negociación, pues sus recursos provendrán del 50 % de su recaudación.
Por lo pronto, en su presentación ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la secretaria de Finanzas y Planeación no hizo mención del tema del Visitax y de la propuesta de cobro ni de cómo va el diálogo con el sector hotelero, que ha manifestado su rechazo, situación que ha pospuesto la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del estado para el 2026.
Cabe añadir que el Instituto de Infraestructura Turística fue creado por decreto administrativo de la gobernadora Mara Lezama el pasado 23 de octubre, como organismo público descentralizado con domicilio en Cancún, principalmente motivado por el traspasado de los inmuebles de Fonatur al estado.
Como sus objetos se establecen: La administración, conservación, rehabilitación, modernización y mantenimiento de los inmuebles e infraestructura pública transferidos por Fonatur y de las zonas que conformen proyectos turísticos estratégicos en el estado, cuando así sean específicamente decretados por la persona titular del Poder Ejecutivo.
Entre las tareas que se le encomiendan está operar, conservar y mantener servicios públicos básicos como lo de recolección y disposición final de residuos orgánicos e inorgánicos; alumbrado público; poda, riego y conservación de áreas verdes; plantas de tratamiento de aguas residuales; limpieza y conservación de infraestructura de drenaje pluvial; barrido, bacheo y balizamiento de vialidades, calles, andadores, banquetas y camellones; parques públicos y paraderos de autobuses.
Los otros organismos
Sobre el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, la secretaria de Finanzas y Planeación informó que tendrá 40 millones de pesos y será el ente responsable de gestionar el acceso a la información que soliciten los ciudadanos sobre entes de gobierno.
Cabe agregar que este instituto fue creado en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, como sustituto del desaparecido órgano autónomo Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), y es un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabgob), con responsabilidad sobre la información del Poder Ejecutivo y los municipios.
La Agencia de Transformación Digital tendrá 39 millones de pesos en 2026, y según Martha Parroquín será encargada de mejorar la eficiencia institucional y la calidad de los servicios digitales que recibe la ciudadanía.
Sobre este órgano cabe agregar que fue creado por un decreto administrativo de la gobernadora del estado el 26 de noviembre pasado, donde dice que deriva de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, porque obliga a Estados y municipios a crear una autoridad local de simplificación y digitalización en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su publicación, que fue en julio.
Sobre el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, se informó que su presupuesto será de 12 millones de pesos y estará a cargo de promover, fomentar y evaluar la participación del sector público, social y privado para la inclusión y atención a personas con discapacidad.
Cabe mencionar que la creación de este instituto estaba previsto en la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad desde el 2019, pero no había sido puesto en operación, por lo que se tuvo constante presión social de las asociaciones de personas con discapacidad hasta lograr que el gobierno lo pusiera en funcionamiento.
En el caso de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad, que tendrá 24 millones de pesos, será la encargada de formar profesionistas en materia de seguridad, así como de ejecutar y diseñar los programas para la formación de las personas aspirantes y personas integrantes de las instituciones policiales, con el propósito de avanzar en la conformación de cuerpos de seguridad mejor capacitados, con visión de paz y compromiso con los derechos humanos, explicó la secretaria.
Esta universidad fue creada en la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado, como una elevación de nivel de la Academia de Policía, y en noviembre se le convirtió en un organismo descentralizado con una reforma a la ley.
Todos estos órganos entrarán en funcionamiento en el 2026 con presupuesto propio, con el mandato de coordinarse institucionalmente y mejorar los servicios que les fueron encomendados.