Signos
El incendiario vandalismo de la turba vengadora de los ’43’ es favorecido por la impunidad obradorista.
Si bien el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no se resolvió del todo en la Presidencia de Enrique Peña, había sido esclarecido en lo esencial.
Se presionó, en efecto, con la rudeza normal que aplicaría el promedio de las Policías del mundo contra criminales del mayor sadismo que lo niegan todo (y existen videos reveladores de que la severidad confesional fue bastante menor de lo que más tarde quedaría asentado), a algunos de los más probados culpables de la masacre, como sicarios y jefes de la banda Guerreros Unidos, quienes testificaron que, dando por hecho que los estudiantes normalistas eran integrantes del grupo enemigo, Los Rojos, los capturaron -cuando habían secuestrado autobuses para una manifestación en Iguala-, los mataron, los quemaron y arrojaron sus cenizas al cauce del Río Cocula, lo que quedó establecido, además, con toda suerte de exhaustivas y diversas investigaciones forenses, nacionales e internacionales, altamente certificadas.
Pero cuando entró Andrés Manuel al relevo de la Presidencia de Peña Nieto, urgido de trofeos vindicativos que mostraran la diferencia de la nueva era moral prometida, cambió el curso de la historia.
Quería otros datos, para que encajaran mejor en el activismo político de la defensa de los familiares de los llamados ’43’ y en su propia causa defensora de los derechos humanos (una causa que también defendió en favor de los sicarios del crimen organizado víctimas de las fuerzas de seguridad, como las de los tiempos presidenciales de Felipe Calderón, su villano favorito y culpable como nadie, han denunciado entre los suyos, de la violencia en el país, aunque esa causa obradorista, renuente siempre a enfrentar a las bandas del crimen organizado, nunca se ocupara de los derechos humanos de sus víctimas).
Y en esas estaba cuando un grupo defensor de los derechos humanos, favorable al activismo político de los familiares y los vengadores de los 43, ‘encontró’ evidencia de culpabilidad del cuartel militar de Iguala en la masacre. De modo que si, desde su lógica, los asesinos de Guerreros Unidos se habían implicado bajo tortura, entonces eran inocentes, y los autores principales tenían que ser los militares. Y como Andrés Manuel ahora confiaba más en los militares que en las autoridades civiles, pues entonces Andrés Manuel también era cómplice de encubrimiento, igual que lo había sido Peña con la versión de los sicarios como los únicos culpables.
La comisión especial ordenada por Andrés Manuel y encabezada por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de su Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para esclarecer el suceso hasta en sus últimas consecuencias, terminó por desacreditarse y acabar en el cesto de lo inservible.
El caso de los 43 quedó y sigue dando vueltas en un círculo vicioso de nunca acabar. Porque o se investigaba y se procedía contra los soldados asesinos del 27 Batallón de Infantería (protegidos por los más altos mandos de la Defensa, los que habrían autorizado acaso la incineración de cadáveres en el crematorio castrense) o también el Gobierno federal morenista era culpable de encubrimiento.
Luego vino la reforma judicial y con ella el principal defensor de la causa de los 43 se hizo Asesor en jefe del nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y ante el crecimiento de la furia incontenible de los justicieros de Ayotzinapa que atacaron con bombas incendiarias el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, la Presidenta morenista está entrampada en la circunstancia sin soluciones visibles y no quiere perder las simpatías de los partidarios de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de su contingente de vengadores.
Ahora exige la deportación inmediata desde Israel (Estado al que acaba de calificar de genocida) de Tomás Zerón, quien fuera jefe de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y que huyó del país cuando fue acusado de interrogar de forma poco edificante y agresiva a algunos de los ejecutores de los normalistas; asesinos que fueron declarados, por eso, víctimas de tortura y de abuso contra sus derechos humanos y su ‘debido proceso’, y por lo cual, asimismo, está bajo arraigo domiciliario quien fuera jefe de Zerón, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador federal, quien habría adulterado la escena del crimen y el proceso judicial.
Se volvió a enredar la madeja de la ‘verdad histórica’ entre las patas de la justicia militante, cuando ya estaba casi desenredada. Y, para colmo, la declaración claudista sobre Israel como Estado genocida acaso no haga sino beneficiar la residencia en él del ‘torturador’ de sicarios que confesaron haber secuestrado y quemado a los estudiantes normalistas.
¿Y ahora qué se hace con la revoltura y con la marabunta desenfrenada que sigue a los padres y familiares de los desaparecidos que exigen que aparezcan? ¿Se aguanta la impunidad -corrosiva, depredadora y provocadora- o se aplica la ley y se atiene la autoridad a las duras sentencias de los inconformes?; esos inconformes que tras once años de luto y movilizaciones incansables ya tienen en la Suprema Corte nada menos que a Vidulfo Rosales, llevado a las alturas de la Justicia desde la defensa política y legal de los tumultuarios vengadores de los 43, de Ayotzinapa.
SM