La tarde del pasado 28 de diciembre, varios Estados del país registraron un corte en el suministro eléctrico que generó caos durante más de una hora. La primera respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabezada por Manuel Bartlett, fue que hubo un “desbalance en el sistema de interconexión”, que ocasionó que se dejaran de recibir 7 mil 500 megawatts. Si la paraestatal se hubiese limitado a esa información, el suceso habría quedado rápidamente olvidado. Sin embargo, Bartlett y el director de Transmisión de la CFE ahondaron en que la quema de un pastizal en un Municipio de Tamaulipas había originado el referido “desbalance”. A las pocas horas, el Gobierno de esa entidad lo desmintió y acusó al funcionario federal de falsificar el documento que presentó en la conferencia de prensa previa. Ahora, tanto el PAN como la llamada Alianza Federalista piden la cabeza del director de la CFE, quien desde que inició la administración federal ha sido el servidor público más criticado no sólo por su pasado en el PRI sino también por su renuencia en invertir en energías renovables, condonar o reducir el costo de la energía eléctrica, y porque su hijo había resultado impune en un escándalo por la sobreventa de respiradores en el Estado de Hidalgo.
Javier Ramírez
Desde que asumió la dirección de la CFE, Manuel Bartlett se convirtió en el blanco perfecto de los detractores de la Cuarta Transformación, debido principalmente a su pasado dentro del Partido Revolucionario Institucional como senador, gobernador y secretario de Estado, donde por varias décadas se convirtió en icono de lo peor de ese partido.
Sin embargo, gracias a su experiencia como uno de los mexicanos que más ha trabajado por rescatar el sector energético del país, el presidente Andrés Manuel le ofreció su confianza y respaldo para encargarse de la Comisión Federal de Electricidad.
En lo que va de la actual administración, Bartlett ha librado acusaciones sobre un supuesto “imperio inmobiliario” en la Ciudad de México y acusaciones en contra de su hijo, quien fue inhabilitado (aunque fuera por unos meses) por vender respiradores al Gobierno del Estado de Hidalgo a precios exorbitantes.
El apagón del Día de los Inocentes lo ha vuelto a poner en el ojo del huracán, pero de nuevo cuenta con el apoyo del Ejecutivo federal para sortear esta nueva polémica.
Evento “fortuito”
A eso de las 14:28 horas (en horario del Centro del país) del pasado 28 de diciembre, más de 10 millones de mexicanos en los Estados de Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca, se quedaron sin energía eléctrica durante aproximadamente 104 minutos, paralizando las actividades con la interrupción de las telecomunicaciones.
El primer reporte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) destacó que “se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7500 MW”
Para las 15:55 horas, la CFE y la Cenace informaron que se había recuperado 94 por ciento de la carga, priorizando áreas estratégicas, hasta que a las 16:12 la recuperación era total.
Al día siguiente, el director Manuel Bartlett ofreció una conferencia de prensa en la que también participó el director de Transmisión de la paraestatal, Noé Peña Silva, para explicar lo que había sucedido.
El motivo inicial de la variación voltaica que provocó el mega apagón fue, dijeron, un incendio de al menos 30 hectáreas de pastizales en el Municipio de Padilla, Tamaulipas, que afectó líneas de transmisión entre Linares y Ciudad Victoria.
Los funcionarios presentaron entonces un documento de la Dirección de Protección Civil de esa entidad, con fotografías que mostraban el supuesto siniestro.
De esta manera, Bartlett y Peña aseguraron que se trató de un “evento fortuito”, de manera que la “responsabilidad inicial es caso fortuito” y por ello “no se volverá a repetir”.
Además, junto con el director general de la Cenace, explicó que “se han otorgado un número excesivo de permisos a generación renovable variables, derivado de la desarticulación de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional”.
Documento apócrifo
Ese mismo día, el coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, denunció que el oficio que presentó el titular de la CFE era falso, porque además de que no contaba con sellos y número de folio, la firma del coordinador de PC en Municipios, Emmanuel González Márquez, ni siquiera era la verdadera.
Además, afirmó, el hecho tampoco sucedió, porque ese día sólo recibieron el audio de una persona de bomberos del Municipio de Ciudad Victoria, indicando que una persona de la CFE había reportado un incendio en la zona de El Barretal, y en ningún momento se requirió el servicio de Protección Civil.
Señaló que si bien pudo haber participado alguien de Protección Civil de otro Municipio, el oficio dice que se emitió por Protección Civil de Tamaulipas y la firma el director de coordinación con municipios de esa instancia, Emmanuel González Márquez, pero él desconoce la firma y el documento.
Días después, la Secretaría General del Gobierno de Tamaulipas presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia de hechos contra quien resulte responsable en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con fundamento en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por elaborar y difundir documentos apócrifos.
La defensa de AMLO
Las acusaciones contra Bartlett no se hicieron esperar por parte de los Gobiernos de los Estados afectados como de los dirigentes y senadores del Partido Acción Nacional, quienes calificaron de “inverosímil” y “ridícula” la explicación que había dado el Gobierno federal.
Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, exigió la salida inmediata de Manuel Bartlett como director de la CFE, “por su incompetencia al frente del organismo y por su constante bloqueo a las energías limpias, pues el suministro de la energía eléctrica a los mexicanos es un tema de seguridad nacional y es responsabilidad del Gobierno federal garantizarlo”.
Por su parte, los senadores panistas adelantaron que solicitarán la comparecencia del titular de la CFE para que expliqué por qué la paraestatal usó documentos falsos el pasado 29 de diciembre.
Ante la ola de acusaciones, el presidente Andrés Manuel volvió a salir en defensa de Bartlett, al afirmar que “es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, yo respeto a todos, hay un grupo que no quiere a Bartlett.. Es más, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que va (contra) esos contratos, no vamos a ser cómplices de corrupción”.
Aseguró que “los conservadores” están inconformes ya que se está fortaleciendo a la CFE. “ellos querían destruirla porque el Dios de estos conservadores, a lo mejor no de todos, pero sí de los más ambiciosos, su Dios es el dinero”, dijo, recordando que desde el Gobierno de Salinas de Gortari apostaron a privatizar la industria eléctrica.
De esta manera Manuel Bartlett se ha vuelto a meter en aprietos, aunque si consiguió que la Secretaría de la Función Pública lo exonerara en diciembre de 2019 de los delitos de conflictos de intereses y/o tráfico de influencias, a pesar de que se había revelado que cuenta con un imperio inmobiliario de más de 800 millones de pesos, es muy seguro que nuevamente saldrá bien librado de su actual problema, justo como sucedió con su hijo, León Bartlett, quien el mismo día del apagón recibió la buena noticia de que un juez consiguió que quedara sin efectos una inhabilitación que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que no obtuviera contratos públicos en 21 meses.