Confirma la PPA de Quintana Roo graves delitos ambientales por relleno en el Estero de Chac

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CHETUMAL.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo confirmó la comisión de graves delitos ambientales en el Estero de Chac, donde fueron documentados rellenos ilegales de cuerpos de agua y el presunto desmonte de palma de chit, especie protegida por la legislación federal.

El titular de la PPA, Alonso Lemmen Meyer, informó que se levantó un acta circunstanciada que describe las irregularidades detectadas en la zona, misma que fue turnada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al tratarse de un asunto del orden federal.

Durante las investigaciones, se recabaron evidencias que apuntan a la participación de integrantes del ejido Juan Sarabia, ubicado en el sur del Estado. Testimonios de comuneros señalan directamente al excomisario ejidal Ernesto Haro Gutiérrez, quien habría realizado personalmente maniobras de relleno utilizando un camión tipo volquete de su propiedad.

Presunta red de complicidades

Según denuncias de los propios ejidatarios, aunque el terreno afectado es de carácter nacional, Haro Gutiérrez lo habría registrado irregularmente a nombre de su esposa durante su periodo como comisariado. Posteriormente, con la supuesta complicidad del actual representante ejidal, Lauro Cantú, dicho predio habría sido transferido a nombre de Francisco Cota Marcial, señalado como prestanombres para evitar consecuencias legales.

Este caso ha generado indignación entre los comuneros, quienes exigen justicia y han solicitado a la Profepa intervenir con firmeza y llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Riesgo ambiental y social

De acuerdo con especialistas, las alteraciones provocadas —relleno de humedales, remoción de manglar y bloqueo del flujo natural que conecta la Laguna de Bacalar con el Río Hondo— podrían tener consecuencias graves, como un mayor riesgo de inundaciones en comunidades cercanas, particularmente Huay-Pix.

La gravedad del caso provocó incluso la visita de la gobernadora Mara Lezama, quien instruyó a las autoridades estatales a profundizar en las investigaciones y aplicar sanciones ejemplares.

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