CHETUMAL.- En el marco del análisis de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Mara Lezama, el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, compareció ante la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso estatal. Su exposición giró en torno a un discurso de “justicia social” en la infraestructura, asegurando que la dependencia combate la corrupción y fomenta la transparencia en la ejecución de recursos. Sin embargo, los números y las dudas planteadas por los diputados reflejaron un escenario con claroscuros.
El funcionario informó que, entre julio de 2024 y junio de 2025, se realizaron 109 acciones de obra con una inversión total de 680.9 millones de pesos. La mayor parte provino del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), lo que supone una fuerte dependencia de recursos federales. Las obras se concentraron en vialidades, espacios deportivos y servicios públicos, pero la distribución territorial no convenció a los legisladores, quienes advirtieron desequilibrios en municipios con altos rezagos.
Uno de los proyectos insignia fue el programa de domos escolares, con 40 concluidos y 205 en construcción. Aunque Lara Díaz defendió que se trata de espacios “dignos” para el alumnado, los diputados cuestionaron los criterios de selección y, sobre todo, los costos que en algunos casos resultan muy superiores al promedio. El secretario justificó la disparidad señalando que existen diferentes tipos de domos, como arco techo o estándar, pero la explicación no disipó del todo las sospechas de discrecionalidad.
Otro punto que levantó críticas fue la supuesta participación ciudadana. El secretario destacó la formación de 100 comités de vigilancia con integración equitativa entre hombres y mujeres. Sin embargo, se cuestionó si estos comités cumplen un rol real de contraloría social o si solo funcionan como un mecanismo formal sin incidencia directa en la calidad y pertinencia de las obras.
En materia de innovación y transparencia, Lara Díaz presumió la incorporación de códigos QR en las obras, que permiten a los ciudadanos consultar contratos y avances. Pese a ello, los diputados señalaron que la accesibilidad a esta información sigue siendo limitada y no se traduce necesariamente en sanciones o correcciones cuando se detectan irregularidades. La “transparencia digital” contrasta con la opacidad en temas como rezagos de infraestructura rural y urbana.
Las preguntas de los legisladores también pusieron en entredicho la planeación de la Secretaría. Con un decreto presupuestal de más de 40 mil millones de pesos, se le exigió mayor claridad sobre la capacidad de ejecución y el destino de los recursos. Asimismo, se reclamó atención a problemáticas urgentes en municipios como Tulum, Lázaro Cárdenas y la isla de Holbox, donde persisten carencias en caminos, agua potable y accesibilidad.
El tema de la accesibilidad universal y la infraestructura verde también se abordó. Si bien el secretario mencionó proyectos con captación pluvial y criterios de sustentabilidad, los diputados lamentaron que estas medidas todavía sean incipientes frente a las necesidades reales de las comunidades y el impacto ambiental de las obras. El discurso de sostenibilidad, señalaron, se queda corto frente a la magnitud de los retos.
La comparecencia de Lara Díaz dejó en claro que, pese a los avances reportados, la obra pública en Quintana Roo enfrenta cuestionamientos de fondo, costos elevados, falta de planeación estratégica, desigualdad territorial y una transparencia que, más allá de códigos QR y comités ciudadanos, requiere resultados tangibles. El reto para la Secretaría de Obras Públicas no es solo inaugurar más domos, sino demostrar que cada peso invertido realmente responde a las necesidades de la ciudadanía y no a intereses políticos o familiares.
Fuente: Cambio22