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La última palabra
Por Jorge A. Martínez Lugo
• Una vez más, la Fiscalía 4T de Quintana Roo es denunciada por prestarse a despojar terrenos, esta vez en Puerto Morelos.
• El vicefiscal Carlos Montecinos ¿actúa solo?
• El despojo inmobiliario en Quintana Roo ha sido mencionado en diversas ocasiones desde la mañanera por el propio AMLO.
Quintana Roo ha sido tema en diversas mañaneras por el despojo sistemático de propiedades y terrenos a personas vulnerables jurídicamente. Junto con Yucatán, comparte fama de que operan cárteles inmobiliarios, en el vecino Estado, amparados por el propio gobernador saliente, Mauricio Vila.
En el caso de Quintana Roo hasta la familia del entonces gobernador Carlos Joaquín quedó impune en el despojo de terrenos a ejidatarios indefensos, de la tercera edad, involucrando directamente a su cuñado, hermano de su esposa Gabriela Rejón. Otro foco de cárteles inmobiliarios es la Ciudad de México, con la que Quintana Roo y Yucatán tienen similitudes y diferencias en el actuar de la delincuencia de cuello blanco, que no distingue colores.
El modo operandi del despojo en Quintana Roo, que ha reconocido desde la mañanera el propio presidente AMLO, se ha revelado desde la época de Roberto Borge en Tulum; ahora, brota otra evidencia en el tan discreto como codiciado municipio de Puerto Morelos.
El caso que nos ocupa en esta entrega es el del Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V., supuesto legítimo propietario de 16 lotes de terrenos ubicados en Bahía Petempich, Puerto Morelos.
Representantes de la empresa denuncian actos graves de corrupción por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Estos actos han resultado en el presunto despojo ilegal de terrenos de alta plusvalía, afectando gravemente a sus legítimos propietarios.
Desde el 13 de octubre de 2023, el Grupo Constructor de la Ribera interpuso una denuncia por falsificación de documentos, fraude procesal y asociación delictuosa ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Inmobiliaria JRB S.A. y otros.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales determinó de manera irregular la no acción penal y entregó ilegalmente estos terrenos a la parte demandada. Este proceder evidencia una preocupante colusión entre la Fiscalía y los intereses privados, que compromete la integridad del sistema de justicia, lo cual no es una novedad en el Estado.
Aún existiendo un oficio: FGE/QROO/SOL/10/7828/2023 del 19 de diciembre de 2023, que acredita el predio en favor de Grupo Constructor de la Ribera S.A., la Fiscalía entregó los terrenos a Inmobiliaria JRB sin la debida integración de la carpeta de investigación y sin concluirla.
Este acto no solo es ilegal, sino que también demuestra la corrupción sistemática dentro de la Fiscalía, que permite y facilita el despojo de propiedades mediante la manipulación del proceso judicial. Es el modus operandi de los cárteles inmobiliarios en diversos estados, como mencionamos en líneas anteriores.
Documentos de la audiencia de control, celebrada dentro de la carpeta 171/2023 del Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Penal Oral del Distrito Judicial de Solidaridad, acreditan que el juez de control determinó el aseguramiento del inmueble y su restitución en favor de Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V.
Pero la puerca torció el rabo el 15 de febrero de 2024, cuando de manera arbitraria y sin justificación, personal de la Fiscalía determinó el no ejercicio penal. Además, en estrecha coordinación, personal de la Policía Ministerial acudió al predio, retiró los sellos de aseguramiento y despojó a la empresa. En dicha diligencia, el coordinador de la Fiscalía Zona Centro, Christopher Cid, manifestó que por orden del vicefiscal, Carlos Montecinos, se entregaría el inmueble a Inmobiliaria JRB S.A. de C.V., permitiendo el acceso al predio a los trabajadores de dicha empresa.
Así se consuma un despojo.
Más tarde, el 5 de junio de 2024, se revocó la no acción penal mediante audiencia ante el juez de control celebrada en la carpeta auxiliar 171/2023, ordenando la apertura de la carpeta de investigación. Esto confirma las irregularidades y omisiones de la Fiscalía de Quintana Roo, que actuó fuera de toda legalidad.
Para Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V., el acuerdo del 15 de febrero de la Fiscalía, donde se realiza el despojo, es claramente fabricado, ya que no obra en la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/07/7828/2023. El representante legal cuenta con una copia certificada de la referida carpeta de investigación y dicho acuerdo no está presente, evidenciando actos de corrupción y la fabricación de documentos para despojar a los legítimos propietarios.
¿Y LA FISCALÍA QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN?
Otra irregularidad en este caso es que, a pesar de haberse interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Cancún, contra Emilio Cárdenas Jiménez y otros, quienes actuaban como servidores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), se negaron a inscribir legalmente la escritura pública que ampara la propiedad en favor de Grupo Constructor de la Ribera S.A. de C.V.
Después de una extensa investigación, en una audiencia de control celebrada dentro de la carpeta auxiliar 157/2021 del Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Penal Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, el juez de control ordenó la inscripción de los ordenamientos judiciales, por lo cual la escritura pública que ampara la propiedad quedó debidamente inscrita para todos sus efectos legales.
Recientemente, tras el paso del huracán “Beryl”, la representación legal de los legítimos propietarios acudió al inmueble para verificar los daños causados por el ciclón y observó que el predio se encontraba en estado de abandono. Los vecinos informaron que quienes habían ocupado el inmueble se marcharon semanas antes, por lo que se dio parte a la Fiscalía en Puerto Morelos, donde personal ministerial realizó una nueva inspección.
La gravedad de que la Fiscalía a través de la Vicefiscalía de Carlos Montecinos, al parecer favorezca delitos como el despojo, socava la confianza en los gobiernos 4T, a pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en varias ocasiones a este tipo de delitos en Quintana Roo, sin embargo, su palabra no es escuchada, menos ahora que ya se va. Usted tiene la última palabra.