VERACRUZ.- El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha escalado a una crisis ambiental de gran magnitud, al extenderse por aproximadamente 630 kilómetros de litoral, desde la Laguna de Tamiahua, al norte de Veracruz, hasta Paraíso, en Tabasco.
De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, el chapopote ya ha llegado a municipios como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, lo que evidencia que la contaminación se ha expandido prácticamente a todo el Corredor Arrecifal del suroeste.
Hasta ahora se han identificado 51 puntos impactados, de los cuales 42 se ubican en Veracruz. Este escenario ocurre en un momento particularmente delicado, a pocas semanas del inicio de la temporada de anidación de cinco especies de tortugas marinas en riesgo, mientras ya se reporta la muerte de fauna como tortugas, delfines, manatíes y aves costeras afectadas por el crudo.
Organizaciones civiles han advertido que el Golfo no puede ser considerado una “zona de sacrificio”, al tiempo que cuestionan las cifras oficiales de Pemex, que el 19 de marzo aseguró tener un avance del 85% en las labores de limpieza. En contraste, registros comunitarios señalan que al menos 26 sitios no han sido atendidos y que, en varios casos, son los propios habitantes quienes realizan la remoción del material sin equipo adecuado ni capacitación.
La inquietud crece ante la percepción de que los esfuerzos gubernamentales se han enfocado principalmente en áreas turísticas, dejando de lado ecosistemas clave como la Laguna del Ostión, hogar de manglares y del cangrejo azul, así como los 125 arrecifes coralinos y rocosos de los que dependen cerca de 16 mil familias dedicadas a la pesca.
A los daños ambientales se suma una alerta por posibles afectaciones a la salud pública, derivadas de la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos asociados con efectos tóxicos, alteraciones hormonales y riesgos genéticos a largo plazo.
Las comunidades pesqueras, indígenas y afromexicanas enfrentan además una doble afectación: por un lado, la exposición directa durante las labores de limpieza, y por otro, el impacto económico tras tres semanas sin actividad pesquera ni turística.
Pese a la magnitud del problema, las autoridades federales aún no han determinado con claridad el origen del derrame. Mientras algunas hipótesis apuntan a la fuga de un buque, especialistas no descartan que provenga de instalaciones en la Sonda de Campeche, donde se reportó un incidente desde el 20 de febrero.
Ante este panorama, colectivos ambientalistas y comunidades han exigido la declaratoria de emergencia ambiental, así como la implementación de estrategias de remediación que contemplen la recuperación de los ecosistemas en el mediano plazo.