CHETUMAL.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó este fin de semana que la Fiscalía General del Estado (FGE) incurrió en omisiones en la investigación para esclarecer los homicidios de los periodistas Rubén Pat Cahuich y Francisco Romero Díaz, ocurridos en julio de 2018 y mayo de 2019, respectivamente, en Quintana Roo.
En un comunicado, la comisión precisó que, a partir del análisis de información publicada en medios de comunicación, inició de oficio expedientes de queja para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en el homicidio de estos dos periodistas, quienes fueron ultimados a balazos.
En lo que corresponde al asesinato de Francisco Romero Díaz, la CNDH encontró que el Informe Policial Homologado que se elaboró el día de los hechos registró “una mancha roja a un costado del vehículo” en el que viajaba la víctima, por lo que se tomó una muestra con hisopos para su fijación.
Sin embargo, CNDH recalcó que no existe constancia que acredite el ingreso de dicha prueba a la Bodega de Indicios de la FGE y se desconoce su paradero, además de que no se interrogó a un testigo.
La comisión también señala que la esposa del periodista declaró que él había perdido su celular antes de su fallecimiento, pero las autoridades hicieron omisión de corroborar e investigar si alguien había utilizado el dispositivo relacionado con una tercera persona, pese a que el móvil seguía estando activo.
Además, la CNDH aseguró que en ningún momento la FGE solicitó la colaboración de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), en este caso.
Por otra parte, al referirse al asesinato de Rubén Pat Cahuich, la CNDH informó que logró acreditar que un empleado del establecimiento donde se cometió el homicidio había señalado en su momento que en ese lugar laboraban cuando menos 20 personas y, a pesar de eso, la autoridad ministerial sólo interrogó a cuatro de ellos.
Abundó que la FGE no buscó tampoco en las redes sociales el perfil de una persona presuntamente involucrada, lo que demuestra “falta de debida diligencia y la pérdida de una posible línea de investigación”.
Además de ello, la CNDH destacó la ausencia de una orden para investigar a una persona más, quien presuntamente habría ordenado, vía telefónica, llevar a cabo la ejecución del periodista.
A todo esto la comisión suma las inconsistencias que los elementos de la Policía Municipal realizaron en el lugar de los hechos, que pudieron haber alterado los indicios, así como la falta de estrategias de la FGE, para solucionar el caso.
Por ese motivo, la CNDH consideró que lo anterior es una de las razones más sensibles que contribuyen a agravar esta problemática que afecta el ejercicio de la comunicación, motivo por el cual emitió la Recomendación 146/2023 al titular de la FGE de Quintana Roo, en la que le solicitó efectuar en favor de cuatro víctimas indirectas los trámites necesarios para puedan acceder a la reparación integral del daño causado por estos homicidios.
También se le pide colaborar en el seguimiento de la denuncia que esta CNDH presente ante el Órgano Interno de Control de la FGE para deslindar responsabilidades, y en la denuncia de hechos que se presente en contra de las personas servidoras públicas señaladas en la Recomendación por la comisión de conductas presuntamente constitutivas de delitos, y como punto recomendatorio final, tendrá que instruir la capacitación de sus funcionarios en temas de derechos humanos, acceso a la justicia, procuración de justicia y la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con el objeto de que hechos como los documentados no se vuelvan a repetir.
Fuente: Cambio22