Los trabajos del Tren Maya en el Municipio de Solidaridad han sido ampliamente criticados no sólo por los daños y contratiempos que dejaron en el centro de Playa del Carmen, sino también por la tala de árboles a lo largo y ancho del proyecto, que abarca toda la Península de Yucatán. Gobiernos, asociaciones civiles y particulares han levantado la voz e interpuesto denuncias para intentar detener el ecocidio, aunque de poco o nada ha servido. Además, la magna obra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es el único problema que enfrenta la selva maya, pues, atraídas por la promesa de desarrollo, las inmobiliarias han comenzado a devastar hectáreas cercanas a las vías, acabando tanto con árboles como con cenotes, vestigios y el ya de por sí frágil hábitat de especies. Por ello cada vez aumentan los reportes de felinos y otros animales salvajes rondando en pueblos y ciudades, o, peor aún, atropellados al tratar de encontrar otro sitio para vivir. Con acciones como estas, poco a poco Quintana Roo está perdiendo uno de sus principales recursos naturales, ante la complacencia de las autoridades de turno.
Javier Ramírez
Desde su planeación, el Tren Maya, una de las obras que el Gobierno federal emprendió con el fin de llevar el desarrollo a las zonas del país olvidadas por las administraciones pasadas, recibió la crítica de propios y extraños.
Y es que el proyecto, que consideró un recorrido de 1,500 kilómetros por los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, representaría una inversión –inicialmente- de 150 mil millones de pesos, recurso que, indicaron muchos, habría sido mejor utilizado en el mejoramiento del sector salud, mismo que comenzó el sexenio con un grave problema de desabasto.
Sin embargo, el proyecto pronto escaló para abarcar más ciudades, por lo que terminará teniendo 19 estaciones. Para agilizar los trabajos, el Gobierno federal entregó contratos mediante convenios privados a empresas tanto estatales como particulares, siendo uno de los beneficiarios el Grupo Carso, de Carlos Slim. Además, con el argumento de dar “velocidad” a los papeleos, el presidente declaró el proyecto del Tren Maya dentro del rubro de Seguridad Nacional, blindando de esta manera todos los contratos.
Además, la promesa hecha por el mandatario, de que no se derribarían árboles, pronto quedó rota, pues las empresas encargadas arrasaron con decenas de hectáreas, mismas que no sólo eran el hogar de cientos de de especies, sino también cuna de miles de vestigios arqueológicos.
Denuncian tala ilegal en nuevo tramo
Tras el abrupto cambio hecho por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la ruta del tren, cuyo Tramo 5 finalmente no pasará por el Centro de Playa del Carmen, comenzó a registrarse la tala de árboles en un área de aproximadamente 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal.
Esto fue documentado por la presidenta de la organización Moce Yax Cuxtal, Laura Patiño Esquivel, quien reveló que personal de Grupo México les informó que el desmonte era parte de las obras del nuevo Tramo 5 del Tren Maya.
De acuerdo con Patiño Esquivel, en el tramo original, que pasaba por el centro de Playa del Carmen, ya se habían “rescatado y rebuscado” 22 mil árboles. Ahora, con el nuevo trazado, se podrían haber devastado 120 kilómetros de selva virgen. Y si estas obras continúan en el nuevo trazo se podrían perder más de 8 millones de árboles y plantas, lo que se convertiría en un ecocidio.
En la zona no fueron exhibidos avisos ni permisos de construcción, por lo que los trabajos fueron denunciados ante la Dirección de Medio Ambiente municipal.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Solidaridad inició un procedimiento administrativo.
La presidenta Lili Campos Miranda detalló que fue levantada el acta correspondiente, derivada de una inspección en esa zona.
“La semana pasada se fue al lugar personal de Medio Ambiente a llevar a cabo el levantamiento de actas y todo lo que requiere en este sentido, incluso sé que detuvieron ahí trabajos de maquinaria”, aseguró la munícipe.
Aseguró que, aunque trabajan en coordinación con el Fonatur, que está a cargo del proyecto, y con todos los involucrados, su gobierno actuará con base en sus facultades.
“Nosotros continuaremos con lo que corresponde al municipio, conforme a lo que la ley nos marca”, apuntó.
Inmobiliarias acaban con cenotes
Pero la devastación en el Municipio de Solidaridad no sólo es por parte del Gobierno federal, sino también por empresarios, quienes al ver la oportunidad han decidido construir casas en zonas que serán impactadas por el tren.
Habitantes de Villas del Sol, en Playa del Carmen, se inconformaron por el presunto silencio de las autoridades y de los propios activistas por la devastación que la inmobiliaria Ara ha provocado detrás de la avenida Constituyentes, en una extensión comparable al tamaño del primer cuadro de la ciudad.
Señalaron que trabajadores de esta compañía están tapando cenotes y cavernas para construir casas, como hicieron anteriormente en la zona que ahora es el cuarto y quinto parque de los fraccionamientos Villas del Sol y Pescadores.
Hace tres años, el Ayuntamiento solidarense suspendió los trabajos que realizaba Ara, al demostrarse que estaba rellenado los cenotes, pero la empresa continuó urbanizando la zona. Ante la desidia de las autoridades, el año pasado un grupo habitantes clausuró de forma simbólica las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aunque de nada sirvió, pues Ara continúa deforestando a sus anchas en Solidaridad.
Luchas legales en vano
Asociaciones civiles de las otras entidades por donde pasará el Tren Maya también han denunciado en varias ocasiones las irregularidades en la obra.
Recientemente, gracias a un amparo presentado por el grupo Múuch’ Xíinbal, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito, que ordenó la suspensión de las obras que corresponden a los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, que van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán.
Los integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal informaron que el resolutivo determinó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) quedó sin efectos y que las obras de los tres tramos debían ser detenidas.
Indicaron que las obras que corresponden a estos tramos llevan un año violando dicha suspensión.
Recordaron que el 30 de noviembre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Fonatur la MIA en modalidad regional (MIA-R), para la ejecución del proyecto del Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3.
El 20 de enero de 2021, Múuch’ Xíinbal presentó un amparo por las violaciones al derecho al medioambiente sano y a los derechos como pueblos originarios.
Como parte de ese amparo, se concedió la suspensión definitiva debido a que “existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto en cuestión, por lo que debe entonces inclinarse la balanza de la justicia a favor de la naturaleza, especialmente al considerar, que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no solo a quienes habitan en la zona, sino incluso a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales”.
Los activistas se dijeron preocupados por la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en que el Tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un Tribunal Federal.
“Esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de Poderes y quebranta el estado de derecho. Las descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto, representan una violación a la defensa de los derechos humanos, poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran las y los defensores de los derechos territoriales y ambientales de México”, informó la asamblea en un comunicado.
Lo cierto es que las autoridades federales han logrado sortear las acusaciones y demandas para poder continuar con los trabajos, que deberán concluirse el próximo año según lo planeado por el presidente Andrés Manuel, aunque tiene más de dos meses que no se dan a conocer los avances.