Signos
Por Salvador Montenegro
Una. La legislación electoral es un modelo democrático inaplicable y requiere reformas que la hagan más congruente y respetable, o los personajes políticos en campaña por candidaturas fuera de la norma son delincuentes electorales. Porque se prohíbe abordar y ofertar proyectos de mandato, pero las promociones de imagen sin ideas constituyen un festival de chungas y despropósitos ajenos a toda seriedad e ideas políticas, donde la derecha ofrece un perfil populista como el de Xóchitl Gálvez al frente de un programa oligárquico y privatizador como el del neoliberal zedillista José Ángel Gurría, y la izquierda un perfil neoliberal como el de Marcelo Ebrard y dos obradoristas cuyo recurso de imagen es la imposible y muy penosa imitación del carismático jefe Andrés Manuel, a cuya sombra de popularidad se deben.
Dos. El narcoterrorismo, en sus diversas versiones y bandas criminales, así en Guerrero como en Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Quintana Roo y otras entidades, está desbordando no sólo las capacidades estatales de la seguridad pública y las instituciones penales -que han sido sometidas, corrompidas y controladas desde hace décadas, lo que ha multiplicado la violencia y el delito con sobradas libertad e impunidad- sino todas las fronteras lícitas de la actividad política, donde empezaron negociando y terminaron patrocinando y condicionando partidos, grupos políticos, candidaturas, representaciones populares y Gobiernos, y apoderándose de los sectores mediáticos y de opinión pública de su interés y poniéndolos al servicio de su causa, legitimándose, además, y transmutándose en cada vez más casos, mediante el lavado de dinero y la legalización de algunos de sus negocios de fachada, en empresarios hechos y derechos, o con prestanombres acreditados como buenos vecinos. Porque a los mandatos estatales opositores al régimen presidencial, esa misma confrontación y descoordinación los debilita y los hace más vulnerables al poder de la delincuencia organizada que así mismo crece y se fortalece; y los que lo son gracias a la inercia electoral del obradorismo, se comportan más como intendentes y meros representantes locales del jefe máximo que como gobernantes legítimos y soberanos: dependientes del erario y los proyectos federales, y sin competencia ninguna para gestionar, en la mayoría de los casos, sus vastas deudas y sus consecuentes insolvencias fiscales, y mucho menos para definir estrategias y acuerdos federalistas contra las organizaciones sangrientas con las que se asocian, o ante las que optan por rendirse y arrodillarse, o tan sólo desentenderse, que no es lo mismo pero es igual. Y cuando las fuerzas del Estado se fragmentan, se subordinan o se sincretizan con las del crimen, cualquiera puede saber quién manda en realidad y cuál es el futuro por venir.
SM