La muerte de George Floyd a manos de elementos de la Policía de Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, generó una ola de reclamos en varias partes del mundo que han derivado en decenas de marchas para exigir justicia. El evento, que parecía un tanto ajeno para México, se replicó al darse a conocer el asesinato, también por parte de elementos policiacos, de un joven en la comunidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en mayo pasado. Si bien ambos casos tienen trasfondos diferentes -el homicidio de Floyd se enmarca en la historia racista de los Estados Unidos-, tienen en común tres cosas: la brutalidad con la que actúan las autoridades encargadas de la seguridad de los ciudadanos, el vandalismo como degeneración de la auténtica petición de castigo, y la inminente politización. Y en este último punto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es un experto. El mandatario emanado del desaparecido Movimiento Ciudadano nunca se pronunció por el caso sino hasta que la presión de los medios de comunicación llegó; y ahora que la violencia tocó las puertas de Guadalajara, de inmediato acusó a “la gente” del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados para ocasionar disturbios. Alfaro, quien en los últimos meses emprendió una campaña con otros tres gobernadores para demandar un cambio en el pacto fiscal y que inició una campaña en contra del Gobierno federal por la supuesta falta de apoyos para Jalisco en la crisis del Covid-19, ahora ha sido exhortado por el Ejecutivo federal a aportar pruebas de lo que dice.
Javier Ramírez
La nula capacitación y excesiva corrupción de las corporaciones policiacas mexicanas –cuya irremediable circunstancia ha hecho necesaria la vuelta de los militares para enfrentar al ‘narco’- quedó evidenciada una vez más con el fallecimiento de Giovanni López, de 30 años de edad, quien cometió el error de reñir con los uniformados que lo estaban deteniendo por no llevar cubrebocas.
Por supuesto que no es la primera vez que un reo muere por la brutalidad policiaca en México –donde las instituciones de seguridad han sido más parte del crimen que instrumento para combatirlo- pero sí, posiblemente, es la primera ocasión en que los agentes exhiben un cinismo total a la hora de actuar, pues estaban siendo grabados al momento en que lo llevaban detenido, incluso bajo la advertencia de sus familiares de que si lo mataban ya sabían quiénes eran los culpables.
Ahora la sociedad pide que se castigue a los culpables, quienes, a varias semanas de los hechos, apenas estarían siendo detenidos.
Detención, por medida restrictiva
La noche del 4 de mayo pasado, una patrulla de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, observó a un joven que caminaba sin cubrebocas, por lo que de inmediato lo interceptaron para preguntarle por qué no lo llevaba.
El infortunado, identificado como Giovanni López, de 30 años de edad y de oficio albañil, tomó una actitud agresiva que ocasionó que los uniformados solicitaran el apoyo de otra patrulla para llevárselo preso.
Lo anterior fue observado por familiares del detenido, quienes comenzaron a grabar con su celular el momento en que más de cinco policías lo amagaban, esposaban y subían de manera violenta a una unidad.
La familia acusó de inmediato a los policías de emplear violencia innecesaria y advirtió que el video sería subido a la Internet para ponerlos en evidencia.
Giovanni fue llevado a la cárcel municipal, pero después fue trasladado a un área de atención médica donde finalmente falleció en las primeras horas del 5 de mayo. La primera autopsia reveló que había fallecido a consecuencia de fuertes golpes.
Se deslindan alcalde y policías estatales
Sin embargo, el caso no salió a la luz sino hasta comienzos de junio, cuando la familia presentó el video y acusó al presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar de haberla intimidado para que no compartiera el material.
La Fiscalía General de Jalisco ofreció entonces una conferencia en la que informó que ya se investigaba a las autoridades municipales, a quienes responsabilizó de los hechos, deslindando a la corporación estatal al tiempo que rechazó que la falta de cubrebocas -que en dicha entidad puede ser motivo de arresto- fuera la razón de la detención de Giovanni.
Sin embargo, los agentes que participaron en los hechos se mantuvieron activos todo ese tiempo, mientras que el alcalde Cervantes, quien fue citado a declarar sobre el caso este 5 de junio, rechazó la versión de que hubiera amenazado a los familiares del occiso.
Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, atribuyó a las medidas de restricción implementadas por el Gobierno de Jalisco el abuso policiaco que derivó en la muerte de Giovanni, por lo que solicitó información de las carpetas de investigación.
Culpa Alfaro al presidente
Tras la mediatización e internacionalización del caso -en buena medida por la intervención de celebridades mexicanas, como el galardonado cineasta jaliciense Guillermo del Toro-, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, señaló que lo que pasó fue una atrocidad, producto de la autoridad municipal.
Después de advertir a las corporaciones municipales y estatal que no se permitirá que actúen con abuso de autoridad ni se violenten los derechos humanos, apuntó que en este momento no se está investigando la razón de la detención de Giovanni sino por qué y quién lo mató.
En la tarde del 4 de junio, un mes después del crimen, cientos de personas se manifestaron en Guadalajara, la capital de Jalisco, para exigir justicia, pero al llegar al Palacio de Gobierno quemaron dos patrullas y vandalizaron el lugar hasta que fueron contenidos por las autoridades, quienes detuvieron a 26.
Esa misma noche, el gobernador publicó un video en el que culpó “a la gente” del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar disturbios.
“Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder. Lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su Gobierno necesariamente”, aseguró.
Y agregó que “le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están haciendo al país con este ambiente de confrontación, que son ellos, justamente, los que han generado todo lo que estamos viviendo”.
Asimismo, dijo tener información de que se pagaron millones de pesos en redes sociales para hacer grande el caso y responsabilizar a la Policía Estatal y al Gobierno de Jalisco de la muerte de Giovanni López.
Si tiene pruebas, que las presente: AMLO
Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel, en conferencia de prensa, lamentó los hechos ocurridos en Jalisco y aseguró que pese a las diferencias con Alfaro no busca perjudicarlo.
“Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, ni de partido; represento al Estado mexicano, no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales”, aseveró, y pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga, así como la Fiscalía General de la República, en caso de ser necesario.
“Para que haya pleito se necesitan dos. No queremos pelearnos. Cada quien debe asumir su responsabilidad y somos respetuosos de las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los Gobiernos de los Estados. No tenemos interés de pelearnos con ningún gobernador”, apuntó.
El mandatario aclaró que “no es hipócrita, porque no es conservador, porque no tiro la piedra y escondo la mano, por lo que no tengo nada que ver con lo qué pasó y si [Alfaro] tiene pruebas, que las de a conocer”.