En 2016, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca se presentó ante los tamaulipecos como el remedio infalible contra la corrupción y la violencia que durante décadas de administraciones priistas habían diezmado a la entidad, controlada por los grupos más violentos del narcoterror en el país y en el mundo, asociados con los gobernadores. La alternancia no sirvió en absoluto –como de nada sirvieron las reformas electorales y anticorrupción que siguieron legitimando gobernantes y representantes populares espurios y rapaces-: los secuestros, ejecuciones y demás actividades de las bandas criminales fueron en aumento tras la llegada de Cabeza de Vaca a la gubernatura, quien dejó que los negocios del crimen siguieran su curso siniestro mientras se forjaba un teatro de cotidiana confrontación política con el presidente López Obrador y su Gobierno, o una cortina de humo con cuestionamientos y desencuentros sobre cualquier cosa: acusándolo de atacar la alternativa falaz de las energías limpias del sector privado –fomentadas sobre turbias asociaciones de inversores y representantes de los anteriores regímenes concesionarios-, o de fracasar en la estrategia federal para combatir la pandemia de covid-19, o de perseverar en una relación fiscal Estados-Federación inequitativa y ante la que sería menester una rebelión de los mandatarios estatales opositores. Pero su historial delictivo -que incluye una detención en los Estados Unidos con apenas 19 de años de edad por diversos delitos, así como ilegales negocios con los hijos de Marta Sahagún de Fox y asociaciones con el crimen organizado- le ha terminado de pasar factura y ahora está a nada del desafuero y de convertirse en el tercer mandatario estatal panista en quedar tras las rejas, después de Luis Reynoso Femat, de Aguascalientes, y Guillermo Padrés, de Sonora, aunque falta conocer la consistencia jurisdiccional de las graves acusaciones que ha fraguado la Fiscalía General de la República en su contra, una oficina donde los escándalos de protagonismo son infinitamente más estruendosos que el valor de sus éxitos procesales y de los castigos que consigue contra los criminales.
Javier Ramírez
¿La suerte se le está acabando a quien es, hoy por hoy, uno de los mayores ejemplos de la perversidad política gobernante emanada de las urnas y garantizada por el actual sistema democrático mexicano? Se le acusa de delitos muy graves asociados al crimen organizado, pero la Fiscalía que lo acusa es especialista en formular cargos criminales tan sonoros como fallidos.
Con un historial delictivo fundado hace más de 30 años, Francisco Javier García Cabeza de Vaca había conseguido increíblemente evitar las averiguaciones de los Gobiernos estatales y federales, hasta que por fin la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala haber armado una sólida investigación que exhibe su vínculo con el Cártel del Golfo y su enriquecimiento ilícito en la gubernatura.
Cabeza de Vaca ha reaccionado de manera retórica y sin hacer frente a las acusaciones penales. Acusa al Gobierno federal de haber iniciado una persecución política en su contra, un señalamiento al que se han unido tanto la dirigencia nacional del PAN como otros mandatarios estatales, entre ellos el de Jalisco, Enrique Alfaro, en cuya entidad, abrumada por la narcoviolencia, ejecutaron en recientes fechas al exgobernador y adversario político suyo, Aristóteles Sandoval.
Consumado delincuente
El pasado 23 de febrero, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de la Moneda, de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la Cámara baja desaforar al gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por tres delitos: Delincuencia organizada, Operación con recursos de procedencia ilícita, y Defraudación fiscal equiparada, recurso que dos días después fue ratificado por la FGR, por lo que fue turnado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputado, que finalmente determinaría si iniciaba o no el procedimiento de desafuero.
La denuncia presentada por la FGR se basa en la investigación realizada y consignada en noviembre del año pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP, dirigida por Santiago Nieto Castillo. En ella se anexaron, además de las tres acusaciones mencionadas, otras denuncias, incluida una enviada de manera anónima, en la que se señala que la familia del gobernador tiene una fortuna de más de 950 millones de pesos distribuida empresas, ranchos, residencias y hasta galerías de arte en el sur de Texas.
La UIF acreditó además que desde que asumió el Gobierno de Tamaulipas, familiares de Cabeza de Vaca, entre ellos su esposa Mariana Gómez, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, y su hermano Ismael, actual senador por el PAN, aparecieron como socios de las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA, en las que se observaron millonarios movimientos financieros.
Asimismo, se supo que, en 2019, Cabeza de Vaca declaró ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ingresos por 6 millones 694 mil pesos, aunque en realidad sus ganancias ascendieron a 42 millones 936 mil 272 pesos.
Para ocultar la diferencia de más de 36 millones de pesos, el gobernador utilizó distintos instrumentos financieros, realizando 162 transferencias, lo que arrojó indicios de la comisión de uno o varios delitos.
Los nexos con el ‘narco’
En dicha investigación presentada por la FGR, también se incluye el testimonio de Antonio Peña Argüelles, empresario que se declaró lavador de dinero del hoy exmandatario detenido y acusado de ‘narco’ por el Gobierno estadounidense, Tomás Yarrington, quien le habría solicitado que consiguiera recursos con el Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de Cabeza de Vaca al Ayuntamiento de Reynosa, en 2004.
El 31 de diciembre de ese año, un día antes de que asumiera la Presidencia Municipal, se reportó la desaparición de su jefe de escoltas, René Izaguirre, cuyo cuerpo fue localizado cuatro días después en una autopista. De acuerdo con una ficha de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Izaguirre habría sido ‘levantado’ y asesinado en venganza por el Cártel del Golfo, luego de que Cabeza de Vaca se reuniera en McAllen, Texas, con dos sujetos que operaban las finanzas de los narcos en Reynosa. El entonces alcalde electo habría incumplido un acuerdo para que dicho cártel designara al subdirector de la Policía Municipal, en reciprocidad por haber financiado su campaña electoral, por lo que su jefe de escoltas habría pagado las consecuencias.
Durante su periodo como alcalde, su cuñado Raúl Guerra fue ejecutado, mientras que otro, Jorge Guerra, huyó luego de que se iniciara una investigación en su contra por tráfico de drogas con vehículos a los que sobreponía logotipos de Pemex.
Aunque la evidencia más clara de los nexos de Cabeza de Vaca con el narcoterror se dio en su primer año de Gobierno, cuando otorgó un permiso para que Osiel Cárdenas Guillén –líder del Cártel del Golfo detenido en ese momento en el penal de La Palma y ahora preso en Estados Unidos– festejara el Día del Niño a unos 20 mil infantes en un parque de béisbol donde se repartieron 22 mil juguetes, 150 bicicletas y tarjetas firmadas por Cárdenas Guillén con la leyenda “El estudio es la clave del éxito”.
La confrontación
En el último año, Cabeza de Vaca centró su discurso en atacar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con varios de sus compañeros panistas agrupados en la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (Goan), con argumentos como no apoyar a los Estados durante la pandemia y haber frenado los proyectos de energía renovable en el país, tema con el que en junio pasado consiguió que el Congreso local aprobara el cobro de un impuesto a empresas, incluidas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), por cada tonelada de bióxido de carbono que emitan al ambiente por usar combustóleo.
Tras conocer la petición de su desafuero, el gobernador acudió a la Cámara de Diputados para entregar un documento de dos páginas en las que calificó de infundadas las acusaciones de la FGR, asegurando que esta dependencia nunca atendió su petición de comparecer durante la integración de las carpetas de investigación que había abierto en su contra. Además, acusó a Ignacio Mier, coordinador parlamentario del Morena, de haber filtrado la petición para usarla de manera mediática.
De acuerdo con el mandatario, se trata de una venganza del Gobierno federal, luego de haber exhibido documentos apócrifos de la CFE sobre las causas del apagón del pasado 28 de diciembre, por exigir el uso de energías limpias y por ser uno de los gobernadores que han alzado la voz en contra del presidente de la República.
Al respecto, el jefe de la nación pidió al gobernador esperar a que los diputados resuelvan “y no agregarle más cosas de las que deben estar consignadas” en la denuncia presentada por la FGR. Además, le respondió que en su Gobierno no hay doble discurso ni hay hipócritas. Le recordó que además de la decisión de la Cámara baja, el Congreso de Tamaulipas también deberá determinar qué procede.
Mientras tanto, Cabeza de Vaca ha conseguido el apoyo del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y de varios gobernadores blanquiazules, como Enrique Alfaro y Martín Orozco, entre otros, quienes le expresaron su solidaridad y denunciaron que el tema haya sido ventilado primero en los medios de comunicación, lo que sería un indicio de que la Justicia se esté aplicando con otro tipo de propósitos.