Signos
Claro, si se sabe que el electorado sigue siendo de mayoría obradorista contumaz, bien puede concluirse, también, que las candidaturas propuestas por los Gobiernos morenistas (y por las Legislaturas y los Poderes Judiciales bajo su dominio) para relevar Ministros, Magistrados, Jueces y ocupar otros cargos definidos en la reforma judicial decidida por el ahora exPresidente Andrés Manuel López Obrador -con la fuerza de esa popularidad intransigente referida y un mayoriteo parlamentario absoluto derivado de ella- serían las candidaturas más votadas.
No es difícil deducir que la Justicia derivada de la reforma seguirá dependiendo del control político oficialista. Y que la alternativa electorera es un ingenioso y tramposo invento democratizador del derecho constitucional donde el pueblo y el ejercicio de su libertad de sufragar legitimarán lo que de dicho engaño resulte; es decir: el mismo obradorismo gestor de la reforma judicial (o la iniciativa personal del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador) se convertirá en el pueblo elector de sus representantes en todos los tribunales y organismos administradores de la Justicia, como los nuevos de Disciplina Judicial. Y sean sólo tres o cuatro los electores que acudan a las urnas, lo harán en nombre de todo el pueblo, según el argumento legitimador del proceso democrático.
Y se consumará, entonces, un gran fraude donde, gracias al poder mayoritario efectivo del obradorismo empedernido y al absoluto y convergente desconocimiento popular del sistema de Justicia, los grupos en el poder (por ahora morenistas en su inmensa mayoría), con toda la criminalidad que adhieren pero también con toda la institucionalidad electoral y democrática que los ampara ahora (gracias a la politizada constitucionalidad de la reforma), desplegarán la propaganda invencible de que la Justicia (la que defienda en la realidad sus más turbios intereses) emanará, como nunca en la historia, de las decisiones (ahora formalizadas con el poder ciudadano del sufragio) del gran pueblo.
¿Quién podría negar la arenga claudista de que el pueblo ha decidido en manos de qué representantes suyos deben estar los procesos y los veredictos de la Justicia? La maña ha sido impecable. Andrés Manuel decidió por cuenta propia y con el vasto poderío popular de su liderazgo político (aunque ignorantes en absoluto, las mayorías seguidoras de su causa, de los laberintos del sistema de Justicia y de los contenidos de la reforma judicial misma) destruir los privilegios descomunales ciertos de la ‘autonomía judicial’. Pero aprovechó las condiciones políticas favorables a su liderazgo personal para generar, bajo criterios de democratización falaces, un sistema judicial controlado, con plenas facultades constitucionales garantizadas por el voto ciudadano y un Constituyente sometido, por la jerarquía de los gobernantes de su partido.
Si la exMinistra Lenia Batres o militante similar es la próxima Presidenta del Poder Judicial de la Federación, o familiares e incondicionales de gobernantes morenistas o de su círculo de influencia dominan luego de las elecciones judiciales los tribunales de Justicia, la democratización alienada de dicho sector esencial de la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos se habrá consumado como uno de los grandes inventos de la traición representativa del pueblo de México. Y nada habrá sido mejor, entonces, que la disolución de la Suprema Corte obrada por la Presidencia zedillista de la República a finales de los noventa; la que se inventó otra Corte a su medida y llena de prebendas y canonjías y remuneraciones de millonarios para los nuevos Ministros, y que en su nueva condición soberana y puesta al servicio de la oligarquía asociada a las jefaturas neoliberales sucesorias del Estado nacional decidió confrontar las decisiones nacionalistas y antiprivatizadoras de un nuevo Jefe del Ejecutivo llegado ahora desde la oposición de izquierda y quien, para escarmentar ese activismo constitucionalista contra toda iniciativa suya, decidió reformar el Poder Judicial con una democratización a la medida de su causa moralizadora del país y defendida por su partido, el del Movimiento de Regeneración Nacional.
SM