CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma constitucional que establece límites a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de empresas del Estado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entró en vigor de manera oficial.
Con esta modificación, se prohíbe que las personas servidoras públicas retiradas perciban pensiones superiores al salario de la titular del Ejecutivo federal, que en 2026 asciende a poco más de 134 mil pesos mensuales.
El decreto establece que ningún funcionario podrá recibir una remuneración mayor a la asignada a la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente, principio que ahora se extiende a esquemas de retiro en entidades públicas.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, expusiera casos de pensiones elevadas en empresas estatales.
Inicialmente, la dependencia señaló que algunos exfuncionarios recibían montos cercanos al millón de pesos mensuales; sin embargo, posteriormente corrigió la información y precisó que las cifras eran menores. En el caso de extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), los ingresos alcanzaban alrededor de 201 mil pesos mensuales.
Aunque varios de estos montos superaban ampliamente el salario presidencial, la revisión de los datos generó críticas por la imprecisión inicial en las cifras difundidas.
La reforma no contempla a integrantes de instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni a personal de las Fuerzas Armadas, quienes quedaron excluidos de este tope.
De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, la medida permitirá un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, recursos que serían canalizados a programas sociales del Bienestar.
Hasta el momento, no se ha precisado cuándo se reflejará este ajuste en el presupuesto destinado a dichos programas ni la forma en que se distribuirán los recursos adicionales.